Ya conocida postura asumida por las autoridades del municipio de Burruyacu de no rubricar el Acuerdo Fiscal Municipal y fijada también la decisión del intendente de Concepción de rechazar las cláusulas introducidas por el Ministerio del Interior, sólo resta determinar que harán tres municipios respecto del programa de ayudas financieras, que son Bella Vista, Yerba Buena y Las Talitas.
El ministro del Interior, Darío Monteros, anticipó que hasta este miércoles tendrán tiempo para actualizar los expedientes y completar el proceso administrativo y financiero para que el Poder Ejecutivo libere los fondos que esas jurisdicciones precisan para cumplir con el pago de los sueldos a sus empleados.
El Acuerdo Fiscal Municipal tendrá una duración de seis meses (de enero a junio), un período en el que la Casa de Gobierno les girará fondos a las intendencias para que puedan cumplir los compromisos salariales. En esta oportunidad, no habrá fondos para obras públicas como sí se contemplaba en el Pacto Social, vigente hasta el año pasado.
Por esa razón, el Ejecutivo considera que la condición para la continuidad del nuevo convenio es que, transcurrido el período semestral, las Municipalidades muestran un ahorro equivalente al 20% del total de sus erogaciones. Paralelamente, tendrán que mejorar la capacidad de generar recaudación propia que, en definitiva, les servirá para atender el pago de los servicios esenciales, además de encarar un plan de trabajos públicos.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, ha señalado que el Acuerdo Fiscal Municipal modificó sus condiciones, en virtud de los cambios que ha experimentado la economía nacional y por la impronta que el propio presidente, Javier Milei, le ha dado a su administración con el recorte de los fondos no automáticos o discrecionales.
La situación de Burruyacu es particular. El intendente, Jorge Leal, anticipó que prescindirá de firmar el acuerdo, ya que no requiere -en la actualidad- de préstamos para cumplir sus obligaciones financieras. La coparticipación y el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), además de los ingresos propios, son suficientes para administrar. En Las Talitas, la intendenta, Marta Najar, se tomará su tiempo para definir. En el Poder Ejecutivo sostienen que ese municipio puede todavía autofinanciarse transitoriamente.
El caso de Concepción fue más notorio a raíz de las críticas del intendente, Alejandro Molinuevo, al nuevo pacto, en el que se incluyó la “cláusula F en el artículo 7”, mediante el cual debe desistir de iniciar acciones judiciales contra la Provincia en reclamo de más fondos.
Monteros interpretó que se trata de una decisión propia del jefe municipal del sur de no participar del programa. “Ante las declaraciones del intendente, nos vemos en la obligación de comunicarle que tendrá que atender las obligaciones de su municipio, con fondos propios, incluyendo el pago de los sueldos”, señaló el ministro del Interior.
Esta postura compromete también a Bella Vista y a Yerba Buena. Ana Quiles y Pablo Macchiarola, intendentes de esas ciudades, estudian asesorados por sus colaboradores técnicos qué hacer con el nuevo Acuerdo Fiscal Municipal. La postura de la Provincia frente a Concepción obra como un fuerte condicionante.
