El paro general convocado para hoy por la CGT en oposición al DNU y a la ley ómnibus suscriptos por Javier Milei –ambos en estudio en el Congreso, ámbito natural donde estos instrumentos se analizan y se adoptan las decisiones que la mayoría de los legisladores entienden pertinentes– constituye, sin temor a equivocarnos, un absurdo efecto de pirotecnia en un país que cruje por la mala praxis económica y social provocada por los socios de los que recién ahora se acuerdan de encender la mecha de la protesta.
¿A quiénes les sirven estos fuegos de artificio? A los gremios principalmente, los que, arrogándose la representación de los trabajadores, solo pugnan por mantener sus suculentas cajas. El sindicalismo, que no dudó en esperar ni un mes desde la asunción del nuevo gobierno para convocar al primer paro general, es el mismo que, durante cuatro años, durmió una larga siesta, en complicidad con la nefasta gestión de Alberto Fernández, que dejó, entre otros muchos problemas, una inflación récord, salarios desbarrancados, jubilaciones depreciadas y una pobreza tan creciente como humillante.
A no equivocarse: la CGT no para por las supuestas inequidades de una reforma que tarde o temprano deberá sobrevenir en el campo laboral. Para debido a las disposiciones presidenciales tendientes a recortarle su poder omnímodo, como la eliminación de los aportes automáticos que se devengan de los sueldos de los trabajadores para dárselos a los gremios. El DNU dispone que sea el trabajador quien informe expresamente si quiere que le deriven esos aportes. No en vano las primeras demandas judiciales fueron contra la reducción del poder sindical.
¿Se escuchó de 2019 para acá a la CGT reclamar por el enorme porcentaje de trabajo en negro? ¿Se ocupó de señalarles al gobierno de Fernández y a la aspiradora de fondos públicos que fue la gestión del exministro candidato Sergio Massa que íbamos de mal en peor? ¿Emitió algún sonido para denunciar/criticar/reclamar por los desfalcos de los funcionarios públicos, cuyo accionar corrupto quebró materialmente a todos los habitantes, en especial a los que menos tienen?
“La Argentina debe ser el único lugar del mundo donde hacen huelga los que no trabajan”, sentencia irónicamente una frase que circula por redes sociales. Todos tenemos el derecho constitucional a la protesta, pero llama poderosamente la atención que quienes ahora lo agitan con fiereza sean los que nada han hecho para denunciar la desinversión, el crecimiento del déficit fiscal, la escasez de empleo de calidad y el hundimiento en la pobreza de casi la mitad del país.
Como siempre decimos, no se protege al trabajador prohibiendo los despidos ni imponiendo indemnizaciones impagables para muchas pymes, que verían hipotecada su capacidad patrimonial y serían presas de la industria del juicio. La mejor forma de protegerlo es alentando su contratación, brindando seguridad jurídica y previsibilidad económica, y promoviendo incentivos impositivos para la creación de empleos privados.
Indigna también la actitud de grupos opositores que le desean una gestión efímera al Gobierno. La última de esas voces trasnochadas fue la del viejo amigo-locatario del expresidente Fernández José Albistur. Desde una playa, comiendo pochoclo y en tono sarcástico, se sumó al coro de golpistas al decir del Gobierno que “esto es Semana Santa: no sabemos si cae en marzo o en abril”. Es de esperar que la Justicia tome debida nota como lo ha hecho el fiscal Carlos Stornelli al denunciar al cineasta Adolfo Aristarain por incitar a la “violencia colectiva contra las instituciones”.
A la movilización como parte del paro, convocada a partir de las 12 –seguramente porque, de otra forma, la CGT no se garantizaría la ocupación de la calle–, han adherido sectores de izquierda, municipios y diversas “columnas”. Una de ellas, según lo anunciado, será encabezada por el gobernador Axel Kicillof, mandamás del distrito económicamente más favorecido por el gobierno anterior y donde, como contrapartida, se enseñorean la pobreza y la inseguridad, que cada día se cobra nuevas víctimas como la pequeña Umma, entre tantos males que ahora se achacan a una gestión nacional que lleva menos de 45 días.
