El Gobierno se enfrenta al desafío de completar más de 100.000 unidades habitacionales inconclusas heredadas de la gestión anterior de Alberto Fernández. Entre las obras pendientes se encuentran 17.000 viviendas del programa Desarrollos Urbanísticos de Procrear, 16.000 unidades de la línea Construcción, y otras correspondientes a los programas Reconstruir y Casa Activa-Casa Propia (enfocadas en los jubilados).
Frente a la envergadura del proyecto, el presupuesto asignado a la Secretaría de Vivienda y Hábitat, liderada por Héctor Lostri y que reemplazó al ministerio del área, es de USD 374 millones en 2024. Esta cifra podría resultar insuficiente para concluir la totalidad de las soluciones habitacionales en desarrollo.
Para abordar la situación de las viviendas inconclusas, el Ejecutivo contempla la posibilidad de un acuerdo con el sector privado. La intención es que el Gobierno concluya las obras con un avance del 80% y que las constructoras se encarguen del resto, recibiendo parte de las viviendas.
Con el propósito de comercializarlas, recuperar la inversión y obtener beneficios, la cantidad de casas entregadas a la constructora estará sujeta al grado de avance alcanzado en el proyecto.
Esta medida, busca reactivar la construcción y solventar costos, pero que no todo dependa del esfuerzo público. Luego, esas unidades serán destinadas a la venta, ya sea a través del Banco Hipotecario (con planes de pago por más de 10 años en adelante) o la Administración de Bienes del Estado, a un precio establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
