El diputado Carlos Cisneros fue muy crítico de la actual conducción de Canal 10 de Tucumán, que el año pasado quedó en la mira de la justicia federal, por denuncias de irregularidades contables, pedidos de desplazamientos para los directores por parte de la Universidad Nacional de Tucumán, por presuntos delincuentes y que siguió con allanamientos durante dicembre realizado por AFIP y Gendarmería Nacional.
Durante una entrevista con FM latucumana 95.9, el parlamentario se refirió a la situación de señal que es controlada por la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) que se encuentra conformada por la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno de la Provincia, tras ser consultado por la reunión que el gobernador Osvaldo Jaldo tuvo con el rector Sergio Pagani, que se niega a tocar Leandro Díaz y Rodolfo Burgos, que son parte del directorio a pesar de estar denunciados por “inconsistencias contables” y abuso sexual en contra de su hija menor, respectivamente.
“No avizoro cambios en el canal. Con La Bancaria hemos producido muchos programas, algunos produjo el gobierno a través de la Caja Popular de Ahorros. No estamos conformes como se manejan, creo que se derrocha la capacidad que tiene el canal respecto a trabajadores, técnicos y aires y con la llegada que tiene Canal 10 podría ser muy útil al Gobierno y la Universidad”, comenzó analizando Cisneros.
En ese sentido, señaló que la universidad nunca le dio importancia al canal y tildó de “verso” las afirmaciones de que la señal vive de la pauta privada. “Quiero hacer una aclaración muy importante: Eso de que Canal 10 vive de la publicidad privada es medio verso. Vive de los aportes del Estado, el Gobierno, los Ente descentralizados, los municipios, las comunas, los legisladores. De eso vive Canal 10. Yo no quiero un canal de genuflexo que diga que si a todo lo que haga el gobierno provincial o los distintos organismos, pero si un canal que no tenga tantos operadores políticos que se saquen y pongan la camiseta de acuerdo a la conveniencia personal. Eso lo veo mal”, acusó sin dar nombres.
“Es un canal que no tiene opinión, donde van los amigos y que no hay repregunta y que terminan siendo militantes. Cometieron una tal barbaridad en Canal 10, como decir que Alfaro fue el intendente que más obras había hecho en San Miguel de Tucumán. Cuando termine la auditoría que está haciendo la UBA (Universidad de Buenos Aires) y una consultora privada, se van a llevar muchas sorpresas de las cochinadas que hizo en el municipio la gestión de Alfaro”, acusó contra el exintendente capitalino.
Luego, el diputado aseguró que “el canal de todos los tucumanos” fue utilizado por el alfarismo para tapar su deficiente gestión: “Canal 10 fue un instrumento para disfrazar, para generar un relato mentiroso, cuando quieren mostrar una gestión que no era la correcta. Esta es una opinión personal de lo que veo en canal 10”.
“No necesitás hacer una auditoría para ver que la gestión fue desastrosa, en cuanto a recolección de residuos, transporte, estado de los edificios, a todo lo que ha recibido Chahla. Hay que mirar, no ponerse una venda en los ojos porque la candidata que ganó no sea de tu simpatía negar lo innegable: que la gestión de Alfaro fue pésima”, reiteró.
Luego continuó con sus críticas a Germán Alfaro: “Que después comience él (por Alfaro) a dar clases de moral, denunciando corrupción… Que iba a hacer más grande la cárcel para meterlo preso al gobernador Jaldo y a Manzur, tenes que tener cara, por lo menos llamate a silencio”.
“Dejó una municipalidad embarazada con 14.000 personas. Designó en planta permanente con el solo hecho de obstaculizar la gestión de Chahla. Era una gestión que tenía un buen sistema de difusión que tapaba y disimulaba los errores de Alfaro que los hacía aparecer como virtudes”, lanzó.
Allanamiento
El pasado 28 de diciembre, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) junto a personal de Gendarmería Nacional realizó un allanamiento en las oficinas de Canal 10 de Tucumán.
El operativo se llevó a cabo en el marco de la causa “SOMADOSSI LUCAS Y OTRO S/ EVASION FISCAL Y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA”, iniciada tras la denuncia de la representante de la Provincia, Ingrid Lausberg, que en agosto de este año acusó a Lucas Somadossi, empleado de raso del canal nombrado por Burgos, de cobrar comisiones millonarias por la venta de publicidad. Por esta razón, la fuerza federal y el organismo fiscal se llevaron una CPU y documentación de las oficinas administrativas.
Tal como lo informó eltucumano.com, Somadossi forma parte de “una familia ensamblada” con el director Burgos, que en su carácter de vendedor de publicidad ha llegado a facturar más de $14 millones en un mes y lleva una suntuosa vida que incluirían una colección de vehículos de lujo, como ser dos motos BMW, dos autos y un descapotable de colección, flota impropia para los ingresos de un empleado raso de la emisora.
Directores procesados
A mediados de agosto de 2023, eltucumano.com informó que el Gobierno de la Provincia pidió remover a dos directores de la señal por parte de la UNT, debido a que se encuentran procesados por delitos graves.
A través de una presentación al rector Pagani, la directora del canal en representación de la Provincia, Ingrid Lausberg, solicitó “tome en consideración el otorgamiento de licencia u otra medida que considere oportuna” a fin de apartar temporalmente a Leandro Díaz y Rodolfo Tercero Burgos, “por las graves causales” por las que se los acusa.
“Como es público y notorio, ambos directores de la principal emisora de televisión abierta de la Provincia designados por la UNT se encuentran procesados, tanto por la justicia Federal (tal el caso del designado presidente del directorio, Ing. Leandro Díaz a quien se le endilgan la comisión de delitos contra la administración pública), como por la justicia provincial (tal el caso del director vocal Rodolfo Tercero Burgos por el delito de abuso sexual agravado contra su hija menor de edad)”, explicó la funcionaria.
Sobre los graves delitos por los que ambos directores se encuentran procesados, Lausberg detalló que el juez federal, Guillermo Molinari, dejó en claro que “se pudo comprobar que las resoluciones de fechas 04/06/2014, 22/12/2014 y 22/12/2014 –obrantes a fs. 33/35-, dictadas por Leandro Raúl Díaz –en su carácter de Secretario Financiero de dicha casa de Altos Estudios dispusieron el pago de un “Suplemente por Antigüedad” a determinados funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán” y que dichas resoluciones se apartaron “de los parámetros establecidos por la Ley N° 14.473, y a partir del año 2015, el Decreto N° 1246/15 correspondiente al Convenio Colectivo para docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales”.
El juez federal consideró que “se encuentran reunidos al presente con el grado de provisoriedad que habilita esta etapa procesal elementos de convicción suficientes en los términos del art. 306 y c.c. del C.P.P.N. para el dictado de procesamiento sin prisión preventiva de Juan Alberto Cerisola y Leandro Raúl Díaz, por considerarlos prima facie co-autores (art. 45 del C.P.), penalmente responsable del delito previsto y penado por el art. 248 (incumplimiento de deberes de funcionario público), al haber dictado resoluciones u órdenes contrarias a las leyes nacionales y el haber ejecutado las mismas, resultando responsables en los términos enunciados respecto a la sanción de las resoluciones señaladas precedentemente”.
Asimismo, el juez dictó un embargo “en tres millones de pesos ($3.000.000) en relación a Juan Alberto Cerisola y Leandro Raúl Díaz, para cada uno de ellos, sobre bienes suficientes de su propiedad” (SIC).
Sobre Burgos, recordó que se encuentra imputado por el delito de abuso sexual en contra de su hija menor, además de las tres medidas de restricción impuestas por la Justicia provincial. “Desde diciembre de 2022 la causa está elevada a juicio oral y público. La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual N° 2, a cargo del fiscal Fernando Blanno, consideró que existen elementos de prueba que sustentan la denuncia en contra”, especificó Lausberg.
Además adjuntó evidencias del silencio protector de Leandro Díaz ante los pedidos de que se tomen medidas contra Burgos. A través de una carta documento, el actual presidente desestimó su solicitud ya que “se aparta de lo normado en la Ley General de Sociedades”. “Por un lado, porque dicha ley no le otorga competencia al directorio, como órgano de administración societaria, para entender en un requerimiento de esa naturaleza (art. 255 y cctes. de la LGS).
“Por otro lado, porque ese digesto no prevé la posibilidad de que el director de una SA o SAPEM solicite la licencia (ni la renuncia) de otro director (art. 256 y cctes. de la LGS)”, añadió y finalmente adució que “esa ley no contempla la posibilidad de forzar u obligar a un director a tomar una “licencia preventiva’ por haber sido imputado de un delito y, a mayor abunda-miento, admitir algo semejante implicaría violar el principio de inocencia (art. 18 de la CN, art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 8 inc. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14 inc. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)”.
Por último, Lausberg afirmó que “configura una extrema gravedad institucional el desmanejo económico financiero producto de la gestión de los directores Leandro Diaz y Rodolfo Burgos que ha sido detectado y comprobado por las auditorías de la sindicatura de Canal 10”, documentos que adjuntó en el petitorio enviado al Rector de la UNT para fundamentar los graves hechos a los que refiere:.”concluyo sobre si existe o no una incertidumbre significativa relacionadas con hechos o con condiciones que pueden generar dudas importantes sobre la capacidad de TELEVISORA DE TUCUMÁN SAPEM para continuar como empresa en funcionamiento”.
La entrevista completa al diputado Carlos Cisneros:
