No menos que indignación puede provocar el documento de 33 páginas que, horas atrás, dio a conocer la expresidenta Cristina Kirchner para reflexionar sobre el momento político y económico que atraviesa el país y cuestionar la gestión del gobierno encabezado por Javier Milei. En su declaración, titulada “Argentina en su tercera crisis de deuda”, la exjefa del Estado pretende olvidar que la fuerza política que conduce ha gobernado durante 16 de los últimos 20 años.
Y que el país no crece desde 2011, al tiempo que la generación de empleo privado se halla estancada desde entonces, en buena medida como consecuencia de las nefastas políticas intervencionistas e inflacionarias puestas en marcha durante su propia gestión presidencial. Una vez más, la expresidenta exhibió su ignorancia en materia económica, al desconocer que la principal causa de la inflación es la emisión espuria de moneda, alimentada por el creciente déficit fiscal.
Al tiempo que también desconoció que el gobierno de Alberto Fernández –su gobierno– fue uno de los que más incentivaron el endeudamiento del Estado. Algunos observadores podrán tomar como un dato novedoso que la exmandataria admitiese la necesidad de repensar algunos aspectos del llamado modelo kirchnerista y que, en tal sentido, puntualizara que se debe “revisar la eficiencia del Estado”, que “no basta con la consigna Estado presente para resolver los problemas del país” y que debería evaluarse la incorporación de capital privado a las empresas públicas.
Las contradicciones entre lo que postula y lo que hizo cuando estuvo en el gobierno y cuando acompañó a Alberto Fernández como vicepresidenta son más que plausibles. Hizo todo lo posible por seguir sembrando semillas para transformar al Estado en cada vez más elefantiásico e ineficiente, al tiempo que el listado de empresas estatizadas o transferidas parcialmente al sector público durante las gestiones kirchneristas alcanza a AySA, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Tandanor e YPF.
Esta última, gracias a la manifiesta incompetencia de uno de sus adláteres, implicó un juicio millonario por el cual el Estado argentino debería pagar unos 16.000 millones de dólares. También refiere la expresidenta que debería discutirse seriamente “un plan de actualización laboral que brinde respuesta a las nuevas formas de relaciones laborales surgidas a la luz de los avances tecnológicos y de la pandemia”.
Sin embargo, estando en el oficialismo, se preocupó por bloquear cualquier intento de modernización laboral. La expresidenta pidió además reflexionar sobre la situación de los sistemas educativo y sanitario. Reconoció que muchas familias de clase media y media baja envían a sus hijos a escuelas privadas “para que tengan clases todos los días”.
Y respecto de la salud, desentendiéndose, se quejó de que los tiempos de acceso o las esperas por turnos “se alargan cada vez más tanto en hospitales y salitas como en el sector privado, condenando al pueblo a una peregrinación sanitaria indigna y a los profesionales de la salud a una tensión que quiebra la relación médico-paciente”. Nadie puede ignorar que se trata de problemas que se han profundizado durante las sucesivas gestiones kirchneristas y que incidieron, sin duda, en el alejamiento de ese movimiento político que protagonizó buena parte de los segmentos medios y bajos de la sociedad en las últimas elecciones presidenciales.
Sin embargo, la expresidenta prefiere seguir optando por responsabilizar de todo a los demás, sin ensayar un mínimo atisbo de autocrítica. El mensaje de Cristina Kirchner no deja de tener un aire destituyente, por cuanto hace referencia a “otras fuerzas políticas” que en distintas etapas “no pudieron terminar sus mandatos” porque “no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan”.
Aludió irresponsablemente, además, al hecho de que, pese a ser elegido presidente con el 48% de los votos, Fernando de la Rúa “terminó presentando su renuncia después de declarar el estado de sitio que provocó 38 muertos y represión en la Plaza de Mayo y en distintos lugares del país”. Una advertencia al actual gobierno nacional proveniente de quien observa con temor una escena de potenciales reagrupamientos que mermarían aún más su alicaído protagonismo.
