Con el levantamiento del paro desapareció la necesidad de dictar una norma que regularice el servicio de transporte y la urgencia por intervenir en un conflicto salarial que puso en vilo, durante 24 horas, a los tucumanos. Esa ha sido a la que arribaron anoche el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, al evaluar una jornada cargada de tensiones, de contactos infructuosos con empresarios (cartas documento mediante) y de reuniones con los equipos jurídicos del Estado.
La puja entre el Gobierno y los directivos de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) se profundizó el lunes al filo de la medianoche, cuando Fiscalía de Estado presentó ante Tribunales una denuncia penal por la presunta comisión de defraudación y de fraude contra la administración pública. El Ejecutivo adujo que no admitiría un paro, ya que el viernes último le giró $ 51 millones en subsidios para que los empresarios pudieran saldar la deuda salarial de febrero a los choferes afiliados a la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
“El daño ha sido enorme. No sólo porque resintió toda la actividad pública, con suspensión de clases en algunas escuelas y reprogramación de operaciones en hospitales públicos. También ha causado pérdidas a la actividad privada, particularmente en las ventas comerciales”, señaló el gobernador a LA GACETA. Jaldo, a su vez, repitió casi lo mismo que dijo al mediodía, cuando se preveía el dictado de un DNU. “No estamos dispuestos a que pocos empresarios tengan de rehén a todos los tucumanos. Estamos hablando de más de 300.000 usuarios que necesitan de un servicio público como el transporte”, indicó el titular de la Legislatura.
La firma del acuerdo entre empresarios y sindicalistas bajó las tensiones, pero no disipó la embestida oficial para revisar las concesiones otorgadas a las empresas de la actividad. En efecto, el gobernador y el ministro de Seguridad, Claudio Maley, firmaron anoche un proyecto de ley que hoy será enviado a la Legislatura para su tratamiento parlamentario.
La iniciativa promueve la provincialización de los servicios urbanos de pasajero de jurisdicción municipal en todo el territorio tucumano. E insta a celebrar convenios de cooperación con cada intendencia. Desde la Municipalidad capitalina prefieren conocer en detalle la iniciativa antes de emitir una opinión al respecto.
El secretario de Gobierno, Rodolfo Ocaranza, sí habló con nuestro diario acerca de la resolución del conflicto salarial. “Nos alegramos que se haya resuelto. Todo aquello que tienda a perjudicar al usuario, cualquiera sea el origen, es nocivo. La del transporte es una actividad que está en problemas y por eso se requiere la participación del Estado en sus distintas jurisdicciones, nacional, provincial y municipal para resolverlos dentro de nuestras competencias y de nuestras capacidades”, indicó Ocaranza.
Las licencias
El proyecto vinculado con el transporte, al que tuvo acceso LA GACETA, faculta al Poder Ejecutivo para que, en un plazo de 90 días desde su publicación, revise, reestructure y ordene el servicio de transporte público de pasajeros urbanos e interurbanos, “pudiendo al efecto sustituir, modificar, rescindir, revocar, declarar caducas concesiones, licencias, permisos, habilitaciones y autorizaciones” a las empresas.
“La obligatoriedad en la prestación del servicio y el derecho de acceso de los usuarios en condiciones de continuidad, regularidad, uniformidad e igualdad son los pilares previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. En tal sentido, el Estado debe procurar la protección permanente de tales derechos y garantías”, indica el Ejecutivo en los fundamentos.
Recuerda, a su vez, que la Ley 9.102 declaró la emergencia del servicio provincial de transporte público automotor de pasajeros. “Esa circunstancia se ve agravada por el incumplimiento injustificado y reiterado en la prestación del servicio imputable a las empresas prestatarias”, puntualiza.
“La coyuntura descripta -continúa el texto- requiere de medidas excepcionales con la finalidad de amparar intereses vitales de la comunidad. Adviértase que la paralización del servicio de transporte afecta a la provincia y el funcionamiento general del estado (salud, educación, actividad económica, entre otras)”.
Finalmente señala que la Provincia “ha cumplido estrictamente con las obligaciones dispuestas por normativa vigente, así como también con los compromisos financieros que asumiera oportunamente con el Estado nacional y las empresas prestatarias”.
Manzur viajará hoy a Buenos Aires. Es posible que haya un encuentro con el presidente Alberto Fernández o miembros del gabinete nacional. Jaldo, a su vez, quedará a cargo del Ejecutivo. El vicegobernador estimó que la iniciativa del transporte será analizada por el cuerpo. No cree que ingrese en el temario de la convocatoria al recinto prevista para el martes.
