¿Cuánto debe disponer Tucumán para atender el pago mensual de los salarios a sus agentes públicos? Cada mes, el Ministerio de Economía de la provincia debe contar con no menos de $ 5.201 millones para atender las obligaciones salariales del sector público que, según los datos de la Contaduría General de la Provincia, cuenta con una dotación de 116.768 agentes en los distintos poderes y niveles del Estado. Esa cifra ubica a Tucumán como el sexto distrito de la Argentina con más empleados públicos.
De acuerdo con un informe de la ahora Secretaría de Trabajo de la Nación, Buenos Aires cuenta con poco más de medio millón de estatales, seguido por la Ciudad de Buenos Aires (195.800), Santa Fe (173.940), Córdoba (136.700) y Mendoza (131.600). En la Argentina, el sector público provincial cuenta con poco más de 2,5 millones de personas.
Al cierre de 2015, la cantidad de trabajadores estatales tucumanos registrada por la Nación ascendía a 110.265 casos. Un año después la cifra se incrementó en casi 4.000 casos y desde 2017 se mantiene en torno de los 116.000 puestos.
El gasto en personal consume poco más del 55% del Presupuesto vigente, estimado en poco más de $ 100.000 millones. En los últimos días, la administración del gobernador Juan Manzur cerró las paritarias con los gremios estatales en un incremento del 25% más la cláusula gatillo con tres revisiones en junio, septiembre y diciembre, de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
¿Cuánto representa el arreglo en términos financieros? Las mismas proyecciones oficiales dan cuenta que tan sólo con el reajuste de un 25% de los salarios de los empleados públicos, el Gobierno deberá contar con unos $ 10.000 millones al año (la cifra de este año será inferior, ya que el incremento es escalonado), mientras que el costo de los probables reajustes por efecto de la inflación o cláusula gatillo será equivalente a $ 3.000 millones más de aquel cálculo.
En la Casa de Gobierno sostienen que, más allá del elevado costo salarial, los salarios públicos están por encima del valor de una canasta básica total, es decir, de los ingresos mensuales mínimos que se necesitan para no ser considerado pobre. El diagnóstico oficial, al que accedió LA GACETA, da cuenta de que el salario líquido promedio tomando en cuenta los ítems remunerativos, no remunerativas, contribuciones patronales y asignaciones familiares llega a los $ 36.116 mensuales en promedio. Claro que en este juego, hay sectores del Estado en los que las remuneraciones pueden llegar a triplicar los ingresos de otras franjas de asalariados públicos, según el nivel, la antigüedad y el título del agente.
De dónde sale la plata
¿Cómo hace el Estado para financiar el gasto salarial? Una primera respuesta puede encontrarse en la conjunción de ingresos tanto los provenientes de la coparticipación federal de ingresos (un promedio mensual estimado en $ 4.500 millones en todo concepto) y los que se recaudan a través del cobro de impuestos provinciales.
Si no tuviera recursos nacionales, a Tucumán le resultaría más que difícil costear tantas erogaciones. Por caso, la recaudación mensual de la Dirección General de Rentas representa tan sólo entre el 20% y el 25% de lo que se requiere para abonar una planilla salarial mensual en la provincia.
Un reporte elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) revela que al cierre de 2018, Tucumán fue la provincia con mayor peso del gasto en Personal respecto de las erogaciones totales (un 57,2% de incidencia), compartiendo esa ubicación con Río Negro. En ese ranking le siguieron otras dos jurisdicciones del NOA: Salta, con un 53,2% del presupuesto afectado a salarios (cuenta con una dotación estimada en 92.000 agentes) y Jujuy, con el 52,4% y un plantel estatal de unas 83.600 personas. En el otro extremo, dice el reporte de la entidad que dirige el economista Nadin Argañaraz, las provincias donde el gasto en personal tuvo la menor importancia dentro de las erogaciones fueron Córdoba (32,9%), San Juan, Formosa y Misiones, con menos del 40% del gasto total.
Más allá de este análisis, el Iaraf plantea que en 2018 las provincias alcanzaron un superávit equivalente al 0,4% del PBI. Este dato no es menor, ya que desde 2014 no se registraba un resultado primario positivo en las cuentas provinciales, indica. Sin embargo, el margen de maniobra se reduce no sólo por el efecto inflacionario, sino también porque la mayor incidencia del salario, que puede ser explicada por una mayor demanda de servicios (salud, seguridad, educación, entre otros), implica menos recursos para ejecutar obras.
AUTOR
Marcelo Aguaysol
