La Provincia comenzará hoy a las 9.30, en la Casa de Gobierno, la ronda de negociaciones paritarias con representantes gremiales del sector educativo. Los ministros Regino Amado (Gobierno y Justicia), Daniel Abad (Economía y Producción) y Susana Montaldo (Educación) iniciarán las conversaciones formales con los dirigentes que integran el Frente Gremial Docente, en un contexto inflacionario galopante y en medio de una puja entre las provincias y la Nación por cuestiones fiscales.
Amado reconoció que hay incertidumbre sobre la cuestión impositiva y los recursos que llegarán a las provincias, pero destacó las determinaciones que viene tomando el gobernador Osvaldo Jaldo para mantener las cuentas ordenadas. “Estamos en una economía con recesión e inflación, y esto dificulta a todas las provincias. Hay algunas que desdoblaron el pago de aguinaldo y hay otras que aún no pagaron enero. Gracias a las medidas de austeridad que tomó el gobernador podemos pagar los sueltos y los bonos. Pero estamos en un momento económico y político muy difícil”, sostuvo el monterizo.
En cuanto a las conversaciones que se iniciarán hoy, el ex legislador afirmó que hay optimismo en el Gobierno. “Creemos que llegaremos a un acuerdo para que los docentes inicien las clases. Vengo conversando sobre distintos temas, no salariales, y los gremios también vienen hablando con la ministra de Educación. Entre el 19 y el 29 hay 10 días y estaremos allí, lo resolveremos. El diálogo siempre está abierto, pero todo depende de los ingresos nacionales y provinciales”, advirtió Amado.
El sector de los educadores viene de unas semanas de conflicto y quejas por la cuestión salarial. De hecho, el grupo mayoritario no descartó la posibilidad de tomar medidas de fuerza que podrían afectar al inicio de clases previsto para el 1 de marzo. El Frente Gremial Docente solicita una actualización del sueldo según el porcentaje de inflación adeudado de 2023 y, en base a ello, discutir los salarios de este año.
“Está entre un 80% y un 100% de diferencia entre la inflación del 2023 y lo que dieron de aumento”, afirmó Hugo Brito, secretario general de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP). El secretario general consideró que la determinación de la Nación de no prorrogar la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente es de una “política de ajuste brutal”.
“En muchas provincias va a ser muy difícil suplir el pago de estos conceptos; es terrible la situación”, dijo. Asimismo, comentó que la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) analiza, como medida de fuerza, un plan de lucha que incluya la suspensión del inicio de clases. “Nosotros acatamos lo que el Congreso Nacional de Ctera decida”, añadió Brito.
Representantes de los distintos sectores gremiales insisten en que la Provincia debe conceder una actualización de los montos acorde a la inflación y con impacto en el salario básico de cada profesional. “No nos alcanza para comer”, coincidieron. El pedido es el mismo de parte de todos los trabajadores: estar por encima de la línea de la pobreza.
Según las cifras que declara el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un hogar de cuatro integrantes necesitó, en enero, $285.561 para no ser indigente y $596.823 para no ser pobre. “Nuestro planteo es decirle al gobernador que ‘queremos ser pobres’. Queremos dejar de ser indigentes para cobrar, mínimamente, $500.000. O casi llegar a ser pobres; esa es la base”, dijo Francisco Osorio, de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas) se reunirá con las autoridades provinciales mañana a las 11.30. Julián Nassif, su secretario general, aseguró que la negociación salarial es “una necesidad impostergable” para el sector. “Del año 2023 a la fecha llevamos más o menos un 120% de pérdida del valor del salario”, remarcó.
Además de solicitar una recomposición salarial, insistirán en que el pago del “adicional zona”, mediante el cual se transportan los profesionales que trabajan en el interior y viajan desde Capital o viceversa, incluya a todos los empleados de la salud. Además, el médico aseguró que los representantes sanitarios solicitarán la correcta implementación de la Ley de Carrera Sanitaria, reformada el año pasado.
“Por un lado, se trata de la actualización de coeficientes de nivel que mejora el salario básico y, por el otro, significa el pago de un adicional por especialización”, explicó. En tanto, Nassif comparó el sueldo de los profesionales de la salud con el de los miembros del Poder Judicial. “El salario básico testigo hoy no llega a $65.000; el de un ordenanza de la Justicia es de $250.000. Gana cuatro veces más un ordenanza que alguien que trabaja en la salud pública”, se quejó.
