La Corte Suprema de Justicia de Tucumán dio un empujón a una investigación inusual de presunto enriquecimiento ilícito cometido en el ejercicio de las funciones públicas, y ratificó la decisión de enjuiciar al legislador oficialista Jorge Yapura Astorga, y a otros siete coimputados de su familia y entorno, entre ellos la actual presidenta del Concejo Deliberante de Tafí del Valle, Sonia Saavedra. Los vocales Daniel Posse (preopinante), Claudia Sbdar (presidenta) y Daniel Leiva rechazaron la impugnación que Yapura Astorga había presentado a fines de 2018 para evitar el juzgamiento. La sentencia, que aún no está firme, nada dice sobre el planteo de que ya había transcurrido el plazo razonable para celebrar el juicio que articuló el ex intendente tafinisto en diciembre y que dio pie a que el expediente pasara por cinco tribunales en poco más de 60 días, pero la desestimación del recurso de casación determinaría la improcedencia de la solicitud de sobreseimiento (se informa por separado).
Los jueces supremos adhirieron a la opinión del Ministerio Público Fiscal, representado por Estela Velia Giffoniello, quien en noviembre de 2018 había opinado que la Corte debía rechazar la impugnación y respaldar el debate del caso. La decisión emitida el 2 de marzo implica que, en principio, el proceso ha de pasar a la Cámara Penal de esta ciudad para el sorteo de la sala que sustancie la etapa oral. Se trata de la primera investigación jurisdiccional -procedimiento especial practicado por un juez debido a la existencia de fueros- tramitada íntegramente mientras el funcionario denunciado desempeñó su cargo público. En el ínterin, Yapura Astorga obtuvo la reelección como intendente e ingresó a la Legislatura (en 2019). La novedad de esta causa y las circunstancias particulares del acusado probablemente lleven al tribunal a activar el procedimiento del desafuero en el Poder Legislativo (se informa por separado).
Objeción repetida
Justamente el principal argumento que Yapura Astorga esgrimió ante la Corte para evitar el juicio fue que el juez de Monteros que lo investigó, Mario Velázquez, no había solicitado un segundo desafuero al Concejo de su ciudad a partir del acceso a su segundo mandato como intendente, el 23 de agosto de 2015. Según el legislador, todo el proceso era nulo desde esa fecha. Los vocales advirtieron que esa defensa reeditaba la impugnación formulada en forma previa a Velázquez, cuyo rechazo había quedado firme y adquirido autoridad de cosa juzgada. Posse, Sbdar y Leiva recordaron que Yapura Astorga expuso la misma objeción en otras oportunidades, siempre con suerte adversa.
Más allá de reiterar que el legislador había consentido la decisión que consideró suficiente un solo desafuero, la Corte advirtió que no encontraba supuesto de gravedad institucional alguno que la habilitara a sortear una de las vallas para la admisibilidad del recurso de casación, esto es, que la sentencia cuestionada -que avaló el juzgamiento- ponga fin al proceso. “(Yapura Astorga) no logró acreditar que la cuestión debatida excede el mero interés particular del interesado y se proyecta a toda la colectividad. El asunto que se pretende traer a la revisión extraordinaria de esta Corte sólo interesa al imputado”, observó Posse (sus pares suscribieron el voto).
En virtud de este último pronunciamiento ya son siete los magistrados que resolvieron que había pruebas suficientes para sospechar la presunta comisión de delitos, y juzgar al legislador; a su pareja, Nerina Julieta Mustafá; a su hijo y ex candidato a intendente, Jorge Eduardo Yapura Astorga; a su sobrino y defensor, Sergio Andrés Astorga Lagoria; a su contador, Julio Mercado, y a los ex funcionarios municipales Juan Ramón Silva, Oscar Medina y Saavedra (hoy concejala). Antes de Posse, de Sbdar y de Leiva, ya habían fallado a favor del enjuiciamiento los jueces Eudoro Albo, Enrique Pedicone, Raúl Fermoselle y Velázquez.
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Los hechos
El origen de este proceso se remonta a los hechos de supuesta corrupción expuestos en la Justicia de Monteros en 2015 por el entonces concejal Daniel Eduardo Arnedo y Sebastián Luna, presidente del partido municipal “Frente Renovador Valle Calchaquí”. Los denunciantes indicaron que la administración del ex jefe municipal Yapura Astorga compraba comestibles a “Floppy III”, el negocio de su pareja, Mustafá, de manera directa, es decir, sin licitación pública. Los denunciantes detectaron esa situación al identificar la propiedad registral de un camión que descargaba los alimentos adquiridos por la Municipalidad de Tafí del Valle. El vehículo pertenecía a Mustafá. A partir de aquellos datos iniciales y de las pruebas que reunió, el juez Velázquez, que dirigió la pesquisa, concluyó que el patrimonio de Yapura Astorga exhibiría un aumento patrimonial injustificado de $ 3,1 millones o U$S 163.000, según la cotización de la divisa estadounidense en 2017.
Fuente: La Gaceta
