Luego de ser imputado junto al broker de seguros Héctor Martínez Sosa y el extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano por la comisión de delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos, el expresidente Alberto Fernández ofreció sus primeras declaraciones radiales. Dijo estar de acuerdo con el avance de la investigación y afirmó “no haber robado nada” ni “participar de ningún negociado”. “Están afectando a gente de bien”, lamentó.
“Yo hago de la honestidad un culto. Yo soy un hombre público. Y hablo por que quiero explicarlo lo que pasó a la gente. Yo no he robado nada ni he participado de ningún negociado ni he autorizado ningún negociado. Y esto no es un negociado. Están afectando a mucha gente de bien”, sostuvo en diálogo con Radio la Red.
Respecto de la causa, que se encuentra en manos del juez federal Julián Ercolini y es impulsada por el fiscal federal Ramiro González, admitió: “Que se investigue me parece razonable. Hay una denuncia. El concepto imputación en términos periodísticos suena a acusación. Pero en términos técnicos quiere decir investigar”.
“Si se investiga, se van a dar cuenta de la mentira que es todo esto. No quiero que nadie crea que me estoy escondiendo de algo. No me llevé ni un centavo de nada ni hice negocios con nadie. No me llevé del Estado ni una goma de borrar. Solo me llevé el enorme honor de ser Presidente de los argentinos”, sentenció.
El presidente del Partido Justicialista (PJ) aprovechó el espacio radial también para “aclarar” declaraciones hechas a LA NACION sobre la posible implicancia de su secretaria María Cantero en el caso. “Yo conozco a mi secretaria. Fue mi secretaria por 30 años”, insistió Fernández en primera instancia.
Luego, se explayó: “Cuando yo fui Superintendente de Seguros, el padre de Martínez Sosa, que fue vicepresidente de Boca, era un hombre muy conocido, ya era uno de los mayores brokers de la Argentina. Su hijo [Héctor Martínez Sosa] heredó esa empresa y la habrá hecho crecer. Mi secretaria está en pareja con este hombre hace casi 30 años también. Lo conoció en el mercado de seguros. Entonces, la realidad es que yo la conozco muy bien a María. La periodista que me preguntó ayer, mi respuesta es que yo no creía que María hubiera hecho eso. María no es capaz de hacer eso. Yo no creo que María haya hecho eso”.
Y reforzó para cerrar: “Yo no pensaba, a menos de 100 días de estar en el Gobierno, estar imputado por un hecho de corrupción. Tengo muchas ganas de aclarar este tema porque yo no soy un corrupto. Hice de mi vida un culto a la honestidad. Y no me gusta que hagan estas cosas. Y si algún funcionario hizo algo que no debía, que responda, que se haga cargo. Pero quiero decir y dejar en claro nuevamente que todo esto me parece un completo disparate”.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el miércoles por la abogada Silvina Martínez ante “supuestas irregularidades en contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante el gobierno de Fernández.
La práctica denunciada comenzó en 2021 y fue observada y cuestionada por el extitular de la Anses Osvaldo Giordano, exfuncionario cordobés de Juan Schiaretti. Cuando asumió su cargo, Giordano pidió que fueran investigadas las razones de un contrato con Nación Seguros para asegurar los créditos a los jubilados.
Antes de que asumiera Alberto Fernández, la Administración Nacional de la Seguridad Social usaba autoseguros. Y a fines de 2021, el expresidente ordenó que todos los seguros estatales debían ser canalizados a través de Nación Seguros, empresa que contrataba, a su vez, a un broker y a empresas privadas.
El decreto de Fernández menciona que los contratos debían hacerse mediante convenio interadministrativo para el caso de la administración central, mientras que el resto de las entidades, como empresas públicas y entes fiduciarios, debían hacerlo por los procedimientos de sus regímenes de contrataciones. Se prohíbe expresamente la subcontratación de las pólizas, aunque no se hace mención a que no podrían haber gestores. Allí aparecían los intermediarios bajo sospecha.
El exmandatario niega haber tenido contacto con Martínez Sosa sobre su papel como intermediario en el Estado, con comisiones millonarias -20.000 millones de pesos anuales y 300 millones de pesos mensuales-. Insiste en no conocer tampoco a Pablo Torres García, otro empresario y broker financiero que habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado. “Martínez Sosa solo me ayudó con un problema financiero en el 2021. Está en todas las declaraciones que yo presenté. Yo solo un deudor de él, nada más. Y a Torres García no lo conozco. No sé quién es. Me enteré de su existencia tras la denuncia”, concluyó.