El juzgado federal de Julián Ercolini investiga supuestas irregularidades en la compra de medicamentos de alto costo, como oncológicos y para HIV-SIDA, durante la gestión de Alberto Fernández por $65.289.274.180.
La denuncia la realizó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, después que una auditoría interna revelara, falta de controles en la compra de “medicamentos costosísimos” que posibilitó la adquisición de esos insumos con sobreprecios a través de “compras dirigidas”, selección antojadiza de proveedores y presupuestos informales.
Las operaciones se realizaron a través de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). Un área que por decisión de Fernández fue trasladada del entonces Ministerio de Salud, a la ex cartera de Desarrollo Social.
El escrito judicial, fechado a principio de febrero destaca que a través de estas maniobras se habrían realizado “negocios imperdonables a expensas de los más necesitados y por temas sumamente sensibles”, para personas sin cobertura y en situación de alta vulnerabilidad y que tramitaron subsidios para la adquisición de drogas de alto impacto económico como medicamentos inmunosupresores, oncológicos, para enfermedades del sistema inmune, de fibrilación auricular, entre otras además de prótesis para operaciones como de caderas.
La auditoría de Capital Humano también cuestiona el traslado de la DADSE de Salud a Desarrollo Social, que durante la gestión de Fernández estuvo a cargo de Daniel Arroyo, Juan Zavaleta y Victoria Tolosa Paz. Por esa razón, Pettovello decidió modificar la estructura de su cartera, que absorbió los ministerios de Trabajo, Educación, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y Desarrollo Social.
A través de la Decisión Administrativa 76/2024, Pettovello traspasó de la DADSE de la su cartera al Ministerio de Salud, “de dónde nunca debió salir”, según destacó la funcionaria de La Libertad Avanza.
Ayer a la mañana, Leila Daniela Gianni, subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, presentó ante Ercolini el listado de la totalidad de subsidios que otorgó la DADSE entre el 21 de mayo de 2020 al 6 de diciembre de 2023 a pedido del magistrado.
Son 33.008 imputaciones de pagos que oscilan entre $78.000 a más de $34.000.000 cada una de ellas. En 2020 se gestionaron y otorgaron subsidios para la compra de este tipo de medicamentos por $1.582.388.462. En 2021 la cifra ascendió a $7.609.569.424. Mientras que para el año 2022 fueron $17.024.535.217 y en 2023 los subsidios otorgados alcanzaron un valor de $39.072.781.075. En total fueron $65.289.274.180.
Las millonarias compras investigadas por presuntas irregularidades circularon por menos de 30 laboratorios, farmacias, droguerías y proveedores hospitalarios.
En uno de los párrafos más salientes, el escrito presentado por el ministerio de Pettovello describe: “La selección de los proveedores de la DADSE a los efectos de que el Estado argentino adquiera medicamentos por miles de millones de pesos se realizaba vía e-mails (correos electrónicos simples y comunes, no encriptados, sin sobre cerrado ni seguridad) a una cadena de usuarios que no se actualizaba periódicamente ni se certificaba su titularidad. Una vez recibidos dichos e-mails, ciertos supuestos proveedores remitían presupuestos informales sin firma ni rigurosidad alguna”.
Los supuestos desmanejos y faltas de controles en la DADSE ya había sido advertido en dos oportunidades por la Unidad de Auditoría Interna (UAI), en 2019 y 2022. Sin embargo, las autoridades no modificaron el sistema de compras. Entre los proveedores que habrían sido favorecidos figurarían sociedades que son “sellos de goma” y hasta grupos farmacéuticos, Sociedades Anónimas e ignotas Sociedades sin ningún tipo de antecedentes en la industria farmacológica o médica.
La denuncia penal describe que el trámite para acceder con los medicamentos y otros insumos de alto valor comenzaba “con el envío de un correo a una lista de contactos” desde el correo electrónico [email protected].
Una vez recibidos dichos e-mails, continúa el escrito “ciertos supuestos proveedores remiten presupuestos informales sin firma ni rigorismo alguno y es, en virtud de tales presupuestos, se seleccionaba antojadizamente al proveedor al que se le compraban los costosísimos medicamentos, sin siquiera un cuadro comparativo como exigen las normas” dispuestas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) por la que se rige la totalidad de la Administración Pública Nacional (APN).
El escrito de Capital Humano que pesquisa Ercolini investiga los presuntos delitos de “defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Ante la Justicia, la cartera de Capital Humano aseguró que “los pacientes que reciben los insumos no son el motivo de la denuncia y seguirán manteniendo sus medicamentos”.
