El proceso duró más de un año y al final, el policía Juan Marcelo Pérez fue exonerado en la causa que investigaba la muerte de Gonzalo Sebastián González, quien fue ultimado por el uniformado en lo que el Ministerio Publico Fiscal, terminó considerando como un caso de legítima defensa.
El juez Alejandro Valeros, que había pedido dos años atrás que el caso sea revisado, finalmente aceptó el pasado jueves la solicitud del fiscal de Homicidios II, Carlos Sale, para sobreseer al policía, mientras que la querella impugnó el fallo y advirtió que están dispuestos a llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos con tal de que la causa siga abierta y llegue a juicio.
Según la investigación, el 12 de agosto de 2022 a la 0.40en circunstancias que no se pudieron determinar, el agente de Infantería Pérez se dirigía en su moto por Coronel Zelaya y pasaje Vera y Aragón, a cumplir una consigna en el barrio Francisco I por una causa de violencia de género.
Al pasar por esa esquina, un vecino le avisó que se estaba produciendo un robo pocos metros, tras lo cual el efectivo observó a dos sujetos armados que apuntaban a otros dos jóvenes, situación que lo llevó a intervenir dando la voz de alto para tratar d disuadir a los sospechosos.
En ese momento, uno de los asaltantes disparó contra el uniformado, quien sacó entonces su arma reglamentaria para responder el ataque, hiriendo a uno de los agresores en el pecho y en una pierna. González, el alcanzado por las balas, dejó de existir minutos después.
El primero en intervenir en este caso fue el fiscal de Homicidios I, Ignacio López Bustos, quien revisó las pruebas y testimonios y consideró que no había motivos para imputar a Pérez. El abogado Patricio Char, que representa a Zulma González, madre del fallecido, rechazó esa postura y pidió que fuera imputado, por lo que en ese momento el juez Valero resolvió que el caso fuera revisado por el fiscal regional, quien aceptó que la parte acusadora debía disponer de tiempo para presentar pruebas y destinó al fiscal Sale para que se hiciera cargo de la investigación.
Pasado el tiempo y aún cuando la querella aportó un nuevo testigo, Sale validó la postura de su colega, solicitando en diciembre que Pérez fuera absuelto. En esa audiencia se argumentó que, como pruebas, un comerciante había sostenido la misma versión que el acusado y que las víctimas del intento de robo, Francisco Aguirre (22) y Facundo Chávez (20), declararon y, aún sin mencionar un robo, admitieron que González los amenazaba con un arma cuando fue abatido.
Esos testigos indicaron también que González habría amenazado con esa pistola al conductor de un taxi que trató de intervenir antes de la llegada del policía.
Otra prueba fue que las pericias determinaron que tanto González como Pérez tenían restos de pólvora en sus manos. Otra vez, los querellantes Char y Agustina Recalde se opusieron y pidieron que se imputara a Pérez y les permitieran debatir el caso en un juicio. El juez Guido Cattáneo aceptó el pedido de la querella y le pidió al fiscal regional que vuelva a revisar el caso.
El 29 de febrero, en una nueva audiencia, finalmente el auxiliar Lucas Maggio nuevamentepresentó el caso, informando que el fiscal regional coincidía con la solicitud de sobreseimiento que hiciera el fiscal Sale. El defensor Guillermo Villalba se sumó al pedido, como lo había hecho en todos los casos previos, aunque agregó que las costas procesales fueran delegadas a la querella.
El juez Valero avaló el requerimiento y sobreseyó al agente Pérez. Recalde y Char impugnaron el fallo.
“El agente Pérez fue avisado sobre un hecho delictivo, sonaba la alarma vecinal incluso en ese momento. Cuando vio a González y a su cómplice y les dio la voz de ‘alto, Policía’, este chico se dio vuelta de la moto y le apuntó con un arma, por eso el disparo de Pérez impactó a González en el abdomen, es decir, de frente”, dijo Villalba.
El letrado resaltó que su defendido no provocó el conflicto y que se valió de un medio proporcional para defenderse dado que los sospechosos del robo estaban armados cuando se produjo el suceso. “Las pericias y todos los testigos concuerdan con la versión de Pérez, salvo por el cómplice de González”, aseveró.
El caso había generado polémica en diciembre cuando los querellantes aseguraron que: “el MPF no tiene voluntad de investigar el caso”, y que: “el MPF viene siguiendo una política en protección a la Policía. Si no, no hay explicación de que los policías tengan vía libre para matar y que no se les formulen cargos”.
El defensor Villalba aseguró que preferían esperar a que la Justicia se expidiera antes de opinar sobre esos dichos. “La Justicia determinó lo que venía sosteniendo desde el primer momento, que este agente actuó correctamente y siempre en su defensa. Se intentó demonizar a una persona que se defendió de otra persona que estaba en la calle empuñando un arma no registrada y cometiendo un delito”, consideró.
“Pérez tuvo que soportar escraches, marchas frente a su casa y amenazas por parte de personas que viven al margen de la ley. Terminó mudándose para velar por la seguridad de su familia”, sentenció Villalba.
