Dos organismos que hace diez días pasaron formalmente a la órbita del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, avanzaron en las últimas horas con un envío grueso de telegramas de despido. El Gobierno desvinculó, con argumentos operativos y políticos, a 200 trabajadores de AySA y a 50 funcionarios del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). En sintonía con la “motosierra” que constantemente declama Javier Milei, en el Gobierno dicen que se desvincularon empleados que “no cumplían sus tareas”, además de apartar a funcionarios que venían de la gestión anterior.
La baja de contratos en esas estructuras se inscribe en una serie de recortes de personal que se dan desde el inicio de la gestión. Y son el preludio de una guadaña mucho más importante que se prevé en la administración nacional para fines de este mes.
Es que en todo el Estado hay empleados que a fin de año renovaron sus contratos solo por 90 días y ese período culmina a fines de marzo. El decreto 84/2023 del 23 de diciembre había fijado la caída de todos los contratos de los empleados estatales que habían iniciado sus funciones durante el año pasado, una medida que impactó en unos 7000 trabajadores públicos. La segunda parte de ese decreto fijó que el resto de los empleados con modalidad de contrato (los que no integran la planta permanente) renovaría su situación por tres meses y sería sometido a un “relevamiento exhaustivo” para que las autoridades evalúen, caso por caso, la continuidad de sus contrataciones.
En todos los ministerios y organismos, los funcionarios de Milei vienen auditando a sus recursos humanos para detectar qué funciones cumplen sus empleados y si asisten a trabajar. Lo que se espera, según distintas fuentes oficiales, es una nueva tanda de bajas masivas en todos los niveles. “Son varios miles los que se van a ir. Si asisten a su trabajo y tienen tareas asignadas, se quedan. Los que no laburan, se van”, anticipó a LA NACION un funcionario de la Casa Rosada que sin embargo no pudo detallar cuántos empleados públicos serían cesanteados.
Procesos
En la gestión de Milei, el ajuste del personal avanza rápido mientras la designación de las autoridades superiores (sobre todo subsecretarios) y los funcionarios ejecutivos de alto nivel (directores y coordinadores) en muchas áreas se da a cuentagotas.
Los despidos que se conocieron esta semana en AySA y Enacom combinaron desplazamientos por motivos políticos con cesantías que el Gobierno justificó por presuntas inasistencias o mala conducta. Son dos áreas que en el exgobierno estaban bajo la influencia de Sergio Massa.
En distintas empresas públicas y organismos que dependían del extinto Ministerio de Infraestructura, en tanto, quedaron al frente funcionarios del gobierno del Frente de Todos que se ajustaron a los nuevos tiempos políticos. En AySA, luego de la corta estadía de Marcelo Papandrea al frente de la empresa en los papeles, lo sucedió como presidente su segundo, Oscar Ferrari.
Pero, tal como publicó LA NACION, en las cuestiones operativas diarias –en el ajuste de personal y de los recursos– tiene fuerte injerencia Eduardo Endeiza, director general administrativo y operativo de AySA, que supo trabajar para Massa en la Secretaría de Finanzas que comandaba Eduardo Setti. Antes de eso, trabajó en el Senado.
En la Casa Rosada informaron que las 200 cesantías en AySA obedecieron a “personas que presentaban una situación laboral irregular”: ocupaban puestos directivos políticos, no cumplían con sus tareas o contaban con inasistencias injustificadas”.
Respecto a Enacom, el Gobierno desvinculó a 50 funcionarios de la gestión anterior que se desempeñaban como titulares de las delegaciones en las distintas provincias del país. El organismo está intervenido por 180 días con el mandato de hacer una fiscalización. Al frente de esa tarea revisora fue nombrado Juan Martín Ozores, que viene de la actividad privada. Como interventores adjuntos, el Gobierno designó a Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, dos personas de carrera que ya cumplieron funciones en el ente, tanto en la gestión de Mauricio Macri como en el gobierno anterior, cuando el organismo era conducido por Claudio Ambrosini, un hombre fuerte del massismo.
La gestión libertaria tiene como materia pendiente llenar casilleros en organismos que tienen delegaciones en todo el país (como Anses, PAMI o Enacom), con amplia llegada territorial. Es una herramienta siempre muy valorada por los gobiernos de turno, que encuentran en esas oficinas un método de pago político o de llegada directa a las provincias con tropa propia. Todavía hay tensiones internas en la cúpula del Gobierno entre quienes quieren darle esa utilidad política y quienes pulsean por nombrar a personal de carrera.
Respecto a los despidos, otras empresas del Estado están haciendo un trabajo de relevamiento del personal para avanzar con los recortes. En Trenes Argentinos (OFSE) hubo pedidos en distintas áreas para responder a la motosierra de Milei. En esa empresa, que ahora quedó en el organigrama del Ministerio de Economía, se dio una metamorfosis llamativa. Su anterior titular, Martín Marinucci (hombre del massismo), fue reemplazado por quien era uno de sus subordinados, Luis Luque.
Hasta 2021, Luque fue concejal del Frente Renovador en San Miguel. Pero ahora debe ajustar su estructura para responder a la máxima libertaria.
Según fuentes de Casa Rosada, otro organismo del área de transporte, la Administración General de Puertos (AGP), también avanzará con la poda de personal. Ya echaron a 60 personas y se avanzaría con una tanda más.
