El Juzgado Federal 1 de Tucumán elevó a juicio a juicio oral contra el ex delegado comunal de Medinas (había sido reelecto), del departamento de Chicligasta, Diego Víctor Figueroa, y otros cuatro hombres (Julio Figueroa, Ariel Medina y Daniel y Marcos Hernández). Estas personas fueron acusadas de haber retenido a los dos hijos de un empresario y al chofer del remis en el que se trasladaban, para luego reclamar $7 millones a cambio de su liberación.
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Agustín Chit, el 20 de diciembre de 2022, César y Diego Figueroa, Marcos y Daniel Hernández y Ariel Medina, junto con al menos dos personas más, sustrajeron, retuvieron y ocultaron a dos jóvenes hermanos, identificados como VHG y FLL, y el chofer del remis en el que se trasladaban, JRO, con el objetivo de cobrar un rescate a cambio de su liberación, propósito que no fue concretado.
Según consignó el portal Fiscales.gob.ar, alrededor de las 13.40 de ese día, JRO recibió un mensaje del padre de las otras dos víctimas, quien necesitaba realizar un viaje a Los Lunas, en la localidad de Santa Ana. El viaje tenía por objeto que el hombre, dueño de una distribuidora de materiales, cobrase $200.000 por la venta de blocks de cemento.
JRO se presentó en el domicilio en donde subieron a su auto VHG y FLL y le confirmaron que debían dirigirse a Los Lunas, donde se encontrarían con el padre de la persona que había encargado los bloques. Este último estaría esperándolos con el dinero a bordo de un auto azul. Al llegar al lugar indicado, VHG conversó con un sujeto que había descendido del vehículo azul y que luego fue identificado como Marcos Hernández.
Este hombre ordenó a VHG que ingresara al auto, donde su padre le abonaría el dinero, y, una vez que la víctima obedeció, se acercó un sujeto y lo golpeó con un arma de fuego en la boca. En ese momento, se aproximó a toda velocidad un segundo auto de color gris, del cual descendieron al menos cuatro personas, que hicieron subir a ambos al automóvil azul.
Por su parte, JRO, al advertir lo que sucedía, trató de huir, pero fue interceptado y cayó al piso. Fue abordado por agresores que habían llegado en un segundo auto, y le propinaron patadas y golpes de puño por todo el cuerpo. Luego, le cubrieron la cabeza con una tela y lo sentaron en medio del asiento trasero del automóvil gris.
El llamado
Los secuestradores trasladaron a las tres víctimas a un galpón con piso de cemento, donde permanecieron alrededor de dos horas. Allí esperaron que llegara un sujeto al que le decían “el jefe” o “el patrón”, quien había arribado al lugar acompañado de otras personas. Después, uno de los captores utilizó el teléfono de FLL para llamar a su padre a los fines de concretar la llamada extorsiva.
El objetivo del llamado, que fue realizado por Julio Figueroa, fue reclamar el pago de $7 millones a cambio de la liberación de los jóvenes. El captor fue identificado por el padre de los jóvenes, quien le respondió: “Yo te conozco, no te metas en cagadas”. Ante esta respuesta, Figueroa guardó silencio por pocos segundos y luego cortó la comunicación.
A los pocos minutos, el padre de los secuestrados recibió otro llamado desde un número no identificado. El interlocutor habría sido Diego Figueroa, quien le preguntó “si iba a pagar el rescate”, a lo que el padre respondió afirmativamente. Para el pago, se le indicó al hombre que debía transferir el dinero a una CBU que nunca le fue compartida, para luego señalarle que debía entregar el dinero en una bolsa de color negra al costado de la ruta nacional 38, antes de llegar a la ciudad de Concepción. Mientras esto ocurría, el hombre pudo escuchar cómo golpeaban a uno de sus hijos mientras gritaba: “Conseguí la plata, que me van a matar”.
Las tres víctimas fueron luego subidas a dos vehículos y emprendieron el camino de regreso. Recorrieron durante 30 o 40 minutos, aproximadamente, caminos de tierra, pararon a comprar gaseosa y cambiaron una rueda que habían pinchado. En un momento dado, uno de los secuestradores les dijo a los hermanos que esperaban el dinero hasta antes del 24 de diciembre, que tenían los datos y movimientos de su madre y su hermano menor y que conocían su casa.
Al llegar al final del recorrido, les fue ordenado que bajaran de los vehículos en un camino de ripio, donde tuvieron que caminar derecho, hasta sentarlos en el pasto. Al no escuchar más voces, se quitaron los vendajes de los ojos y verificaron que estaban solos, con el auto de JRO en el lugar y con las llaves puestas. Las víctimas se escondieron en un zanjón a la orilla de la ruta por temor a que los secuestradores pudieran permanecer en cercanías del lugar. Allí estuvieron unos minutos para luego abordar el remís que los llevó hasta una casa de familia donde contaron lo sucedido a una persona que residía y que los asistió y les indicó que se encontraban en la localidad de Gastona Sur. Las víctimas, finalmente, regresaron a sus hogares sin que se se efectuase el pago del rescate.
Acusación
En septiembre de 2023, Chit solicitó el procesamiento de los cinco imputados, al considerar corroborados los hechos en base a las declaraciones testimoniales, registros de comunicaciones, imágenes fotográficas, intervenciones telefónicas, tareas de inteligencia criminal reservadas, peritajes, allanamientos y detenciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, con especial énfasis a la intervención de la División Antisecuestro Norte de la Policía Federal Argentina (PFA).
Por ello, calificó a los hechos de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas, todas ellas en calidad de autores. El procesamiento con prisión preventiva fue confirmado el 21 de septiembre de ese año, por lo que requirió la elevación a juicio de los cinco imputados el 23 de febrero pasado.
El juez José Manuel Díaz Vélez hizo lugar a lo planteado por la fiscalía, con relación a la participación de cada uno de los imputados. Señaló que “el hecho de que no pueda construirse un continuo de las acciones ejecutivas del tipo en cabeza de cada interviniente es justamente algo propio de la coautoría, esa fragmentación de los elementos del tipo en la contribución de cada uno, entonces, no trasciende hacia la falta de responsabilidad como coautor”.
En ese sentido, el magistrado consideró que se haya comprobada, con el grado de certeza suficiente, la participación de cada uno de los acusados: Diego Figueroa resultó el encargado de la organización criminal, señalado por los demás como “el patrón”; mientras que su hermano Julio habría sido el encargado del primer contacto telefónico con el padre de las víctimas.
Por su parte, Daniel y Marcos Hernández, padre e hijo respectivamente, fueron identificados en las declaraciones testimoniales y se encuentran comprometidos al haber mantenido una gran cantidad de llamadas con Julio Figueroa y Ariel Medina, cuyo teléfono celular transitó por los mismos lugares que el abonado perteneciente a una de las víctimas durante el tiempo que duró su cautiverio.
