Desde que asumió en el cargo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y su equipo comenzaron, como sucedió en otros organismos del Estado, una extensa y profunda auditoría de todos los gastos que llevó adelante su antecesora, Victoria Tolosa Paz, cuando estaba al frente de lo que hasta ese momento se llamaba Desarrollo Social.
Fue así como las nuevas autoridades nacionales descubrieron una serie de presuntas irregularidades, gastos millonarios y falta de controles que podrían ser considerados hechos de corrupción, algunos de los cuales ya fueron denunciados penalmente, mientras que otros continúan analizándose para avanzar en los próximos días con posibles presentaciones judiciales.
Recientemente, se conoció el caso del edificio ubicado sobre la Avenida Roque Sáenz Peña al 1149, a pocos metros del Obelisco, que la anterior administración alquiló en 2022 para instalar, entre otras cosas, las oficinas de la Secretaría de Economía Social, que encabezó Emilio Pérsico.
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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, analiza una serie de irregularidades detectadas en dependencias a su cargo
Lo que llamó la atención de los actuales funcionarios fue una obra de remodelación y “puesta en valor” que se estaba realizando en ese lugar con fondos públicos por un total de dos millones setecientos mil dólares, a pesar de que iban a tener que devolver las instalaciones.
La empresa que tiene a cargo ese contrato le informó a la gestión de Pettovello que los trabajos estarían terminados dentro de seis meses, por lo que el Gobierno podrá hacer uso de ese edificio desde junio próximo, aproximadamente, hasta mayo del 2025, cuando finaliza el alquiler.
“Todo hecho de corrupción será denunciado”, respondió un importante funcionario de Capital Humano, consultado sobre las medidas que se van a tomar frente a esta situación y otras similares que se han detectado en el último tiempo.
Debido al avance de la obra, en principio las autoridades nacionales decidieron continuar con esa “puesta en valor”, ya que gran parte de los costos de la misma ya fueron abonados en concepto de anticipo, pero no descartan hacer una presentación judicial contra la gestión pasada.
Asimismo, el equipo de la ministra encontró otras irregularidades, como el caso de un software que se adquirió durante la administración anterior por un monto de más de 900 mil dólares y que, según los expertos que trabajan con Pettovello, no se justificaría. De hecho, distintas fuentes indicaron que existen otros programas similares que cumplen exactamente la misma función y que se pueden descargar gratuitamente, sumado a que los beneficiarios de los planes sociales seguían estando anotados en una hoja de excel “de forma muy precaria”.
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Emilio Pérsico fue denunciado por el Gobierno
Por otra parte, cuando se revisó la flota de vehículos con la que contaba el Ministerio, los funcionarios no sólo consideraron que era desproporcionada, por lo que la recortaron fuertemente, sino que también muchos de ellos no se utilizaban.
Además de todo esto, la cartera tenía a disposición varios autos de alta gama, como un Audi Q7, que en algunas concesionarias del país se vende, si es último modelo y 0 kilómetros, a más de 150 mil dólares.
Entre las denuncias que ya se presentaron, se encuentra aquella contra Pérsico por “los delitos de Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad y Violación de los deberes de funcionario público”, por su accionar al frente de la Secretaría de Economía Social.
De acuerdo con el Gobierno, que se basa en una condena de la Oficina Anticorrupción confirmada antes del cambio de gestión, el dirigente piquetero direccionaba el pago de subsidios estatales a las organizaciones de su interés, “de las cuales formó –forma- parte y estaba estrechamente vinculado”.
“Habiéndose acreditado que los fondos en cuestión han salido de las arcas del Estado para luego ingresar en el patrimonio de las mencionadas organizaciones (cooperativas o federación de cooperativas) queda de este modo configurado el requisito del tipo objetivo de la figura bajo análisis en cuanto precisa la existencia de un daño patrimonial concreto y/o real respecto del patrimonio de la administración pública”, señaló un comunicado de la cartera de Capital Humano.
