El próximo 27 de mayo es la fecha que fijó el Tribunal Oral Federal de Tucumán para el inicio del debate oral y público de la causa caratulada Cerisola Juan Alberto y otros/malversación culposa Expediente 400360/2010, donde el delito de fondo es el Robo de la Ciudad Universitaria de San Javier a la Universidad Nacional de Tucumán y la malversación de por lo menos U$S 85.000.000, y que es la causa por corrupción más importante de la historia de nuestra provincia.
El fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, hizo públicas sus actuaciones en la causa en la jornada y hoy charló con FM latucumana 95.9, donde hizo especial hincapié en la localización de los planos originales de la Ciudad Universitaria como pruebas del encubrimiento dentro de la propia UNT. En ese marco, insistió con los pedidos de detenciones de José Hugo Saab y Augusto González Navarro que requirió cuando estuvo al frente de la investigación, al considerar que el actual secretario general del Rectorado y el director de Asuntos Jurídicos podrían haber participado de la desaparición de los planos.
“La base fundamental de esta causa penal es distraer fondos para la construcción de la Ciudad Universitaria que está establecida por la ley de creación de YMAD. Esos planos fueron hechos, esas construcciones comenzaron a hacerse. Casualmente, en la época de esas investigaciones y hasta hace poco tiempo atrás, los planos habían desaparecido y aparecieron hace poco. En todo el periodo de la investigación, alguien, no sabemos quién ni cómo, hizo desaparecer los planos que son fundamentales para acreditar justamente que hay que cumplir una obligación legal“, manifestó.
Para Gómez, “cualquiera de los que estén involucrados en esta causa y cuando digo involucrados digo otras personas que no han sido llevados a juicio y debieron haber sido llevados a juicio, pero que esté trabajando dentro de la Universidad puede estar atentando contra la investigación”.
“Por eso yo también pedí, le estoy hablando de abril del año pasado, en aquella oportunidad la detención de María Luisa Rossi de Hernández, la detención de González Navarro y la detención de José Hugo Saab. Estoy hablando que todavía son funcionarios alguno de ellos de Universidad y, obviamente, si yo necesito para avanzar en las investigaciones de este segundo expediente, en este marco naturalmente, pueden desaparecer esa información”, alertó.
Gómez pidió la detención del ex Rector Juan Alberto Cerisola y los exfuncionarios universitarios Olga Cudmani –directora general de Construcciones Universitarias-, Osvaldo Venturino –director de Inversiones y Contrataciones- y Luis Fernando Sacca –subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión-. Pero requirió también la indagatoria y detención de la exvicerrectora María Luisa Rossi de Hernández, de Augusto González Navarro y José Hugo Saab, actuales director de Asuntos Jurídicos y secretario general del Rectorado, respectivamente.
La UNT dispone de $1.000.000.000 que deben destinarse a construir la Ciudad Universitaria
En otro tramo de la entrevista, Gómez recordó que luego de que la UNT pidió en Catamarca la anulación del acta firmada por Cerisola,”en apelación, en el año 2020, la Cámara Federal saca una sentencia ordenándole a YMAD que ese 20% se empiece a depositar en una cuenta en plazo fijo en el juzgado Federal de Catamarca; ese expediente todavía está vigente: yo lo último que vi fue unos depósitos de hace unos meses atrás, de unos $600 millones“.
“Yo calculo que ahí, con intereses y todo, debe haber cerca de más de $1000 millones y cuando la cámara Federal saca esa sentencia ordenando esos embargos y esas transferencias dice que tiene que ser para construir la Ciudad Universitaria“, aclaró.
Luego, confesó: “Esto me hace a mí alentar una lejana esperanza de que en algún momento la Ciudad se pueda construir de acuerdo a aquellos viejos planos que obviamente tienen que ser remozados”
Hacia el final de la entrevista, aclaró que ya no tiene intervención en la causa tras haber sido recusado por el fiscal Carlos Brito: “Ya no tengo intervención en las causas porque la causa del juicio oral y público está en manos del doctor Pablo Camuña. En las causas penales de las estafas al Estado Nacional, el doctor Carlos Brito me recusó; quiere que me aparte de esas investigaciones y lo tiene que decidir ahora el doctor Ricardo San Juan. Así que yo de momento no puedo intervenir en las investigaciones que estoy mencionando. En la única que sigo interviniendo es en el expediente civil donde se va a seguir acumulando los fondos”, manifestó.
Las declaraciones del fiscal Gómez
“Esta es una causa iniciada en el 2010, y si buscan algún antecedente anterior, está la causa por los delitos de contaminación ambiental de minera la Alumbrera, que es la que origina los fondos que hoy se están discutiendo y que deberían haBer sido destinados para construir la Ciudad Universitaria. Esa causa de La Alumbrera la tiene en la Cámara Federal de Tucumán y debe decidir si se hace el juicio oral y público o no. De alguna manera de lo que hablamos hasta aquí se resolvió de la manera que establece la ley: esto es reclamarle a la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación que ante la vacancia de los tres integrantes del Tribunal Oral se designen jueces de otros tribunales de otros tribunales orales para que se haga el juicio”, comenzó detallando Gómez.
En ese sentido, sostuvo que “de hecho, el Tribunal Oral Federal no se paralizó en todo este tiempo, se siguieron dictando sentencias en causas vinculadas con el narcotráfico y en distintas otras causas penales”, pero “lo que pasa que para esta causa específica, había que pedir una designación y esto fue lo que hizo, y ésta es la razón por la cual esperemos que se pueda iniciar el juicio finalmente”. “Yo no soy el fiscal de la causa y me entero como usted por la prensa, pero sí supongo que será el 27 de mayo”, aventuró.
Luego, brindó precisiones respecto a sus actuaciones en la causa: “Estuve en dos períodos. El primer periodo tiene que ver con la Universidad, cuando se inicia la causa en el año 2010, en grado de Apelación también, en la cámara Federal que fue el momento en donde se decide dividirla en dos. Levarla a juicio el caso este de Cerisola y el resto de los acusados, e investigar el tema de las estafas a la Universidad por la construcción de las obras que Cerisola decía en ese momento se habían hecho que la firma que más o menos son 90”.
“En esa decisión de dividirla participé, yo pedí detenciones, pedí indagatorias, y finalmente cuando el expediente fue al Tribunal Oral Federal -en este que estamos hablando ahora, el que se va hacer el juicio- yo pedí también en un tiempo que subrogué muy breve como fiscal del Tribunal Oral, pedí detenciones la detención de los actuales acusados : cuando uno pide que alguien vaya preso tiene que ver o con la posibilidad de fuga o con la posibilidad de que se entorpezca la investigación”, enfatizó.
Gómez se refirió también a las recientes declaraciones de Cerisola, y recalcó que el ex Rector “habría hecho una subliminar amenaza contra personas que también podrían estar involucradas en esta causa”, y que “eso tiende a amedrentar a los testigos, es una razón más que suficiente para que aquí estemos hablando de una prisión preventiva”.
También remarcó el fiscal la importancia de la localización de los planos: “Esta causa penal tiene la base fundamental de distraer fondos para la construcción de la Ciudad Universitaria que está establecida por la ley de creación de YMAD. Esos planos fueron hechos, esas construcciones comenzaron a hacerse pero casualmente en la época de esas investigaciones y hasta hace poco tiempo atrás los planos habían desaparecido y aparecieron hace poco de acuerdo a lo que yo había leído también en el tucumano”.
“Es decir de que en todo el periodo de la investigación, alguien no sabemos quién ni cómo, hizo desaparecer los planos que son fundamentales para acreditar justamente que hay que cumplir una obligación legal. Todo esto más otras informaciones más otra documentación que fueron pedidos y reiterados etcétera hizo que yo reclamara justamente que se dictará las prisiones preventivas de las personas involucradas”, manifestó.
Para Gómez, “cualquiera de los que estén involucrados en esta causa y cuando digo involucrados digo otras personas que no han sido llevados a juicio y debieron haber sido llevados a juicio, pero que esté trabajando dentro de la Universidad puede estar atentando contra la investigación”.
“Por eso yo también pedí, le estoy hablando de abril del año pasado, yo también pedí en aquella oportunidad la detención de María Luisa Rossi de Hernández, la detención de González Navarro y la detención de José Hugo Saab. Estoy hablando que todavía son funcionarios alguno de ellos de Universidad y obviamente si yo necesito para avanzar en las investigaciones de este segundo expediente, en este marco naturalmente, pueden desaparecer esa información”, alertó.
En ese marco, repasó: “En su momento yo entendí que había que hacer este juicio oral y público porque si yo sumaba a este juicio todos los dueños de las constructoras que sobrefacturación de Tucumán de modo directo al decir de que el tema de la Universidad Nacional de la de la construcción de la Ciudad Universitaria, no era un tema que estaban en la obligación legal cumplir y por eso obtienen el 20% de las ganancias de YMAD de libre disponibilidad que, haga un paréntesis si quiere, pero ese ese dinero ahora ya está volviendo de vuelta la universidad en un juicio civil. Estas cuatro personas no fueron las únicas implicadas, porque acá también había otras que les acabo de mencionar y además hay un Consejo Directivo de la Universidad Nacional de Tucumán que aprueba esto”.
“Acá no se investigó esto y vuelvo otra vez a otro punto: los balances de la Universidad se aprueban a libro cerrado. Aquí nosotros podemos abrir par a ver cuál ha sido el manejo de estos fondos. Toda esta teoría del caso que yo hice ya hace bastantes años atrás literalmente fue ignorada y por eso se avanzó contra estas cuatro personas. La segunda parte de la teoría del caso está vinculada también con las construcciones, que la cámara Federal tiene desde abril del año pasado para resolver si esos casos se van a mandar a juicio oral y público o no”, añadió.
El fiscal federal recordó las numerosas causas que involucran a la UNT: “Minera Alumbrera ya viene teniendo problemas por contaminación e YMAD como socio de Minera Alumbrera, pero vienen teniendo problemas de administración de manejo de fondos muy graves. También hay una causa en Capital Federal, la causa (Manuel) Benítez, que se inicia en el año 2016 por el tema de unos lingotes de oro, donde entre las personas involucradas en esos manejos estaba, y no sé si lo sigue estando porque yo le perdí el rastro a ese expediente, pero estaba Lázaro Báez”.
“Son muchas las causas penales podemos seguir hablando de las causas de la falsificación de las notas en la facultad de derecho que todavía no se ha hecho el juicio real y público que está para hacerse parte están tramitándose también en etapa de sumarios aquí; las causas donde las compras de votos que en su momento beneficiaron algún rector también; son muchas las causas penales que afectan lamentablemente a la Universidad Nacional de Tucumán”, amplió.
A continuación, Gómez recordó que la UNT asumió el papel de querellante en la causa en Catamarca y se embargaron los fondos que se habían recortado, por lo que desde 2020 dispone de un plazo fijo que estima supera los mil millones de pesos y debe destinarse a construir la Ciudad Universitaria.
“En el año 2017 se plantea la crisis de saber si la Universidad Nacional de Tucumán va a impulsar una querella penal en el marco de estas causas penales. A mí, el Consejo Superior incluso creo que me declaró persona no grata o una cosa por el estilo, porque yo fui a la a la reunión del Consejo Superior a pedir que la Universidad se presente como querellante y la doctora (Alicia) Bardón me reclamó si yo podía visitarla en su despacho, y yo le dije que no porque para mí estaba imputada en una causa penal; eso fue suficiente para que el Consejo Superior me declare persona no grata”, indicó.
En ese momento, hizo una aclaración: “Yo nunca he sido profesor de la Universidad Nacional Tucumán porque para mí es un obstáculo para poder ser fiscal e investigar el contenido de la Universidad al ser profesor dentro de la Facultad. En ese momento, se toma una decisión muy importante, en el año 2017: se dice señores este acta del 2007 es inválida, el acta que dispone que ‘la ciudad universitaria está terminada’, es inválida y cuál era la consecuencia de ese acto: la Universidad Nacional de Tucumán recibía el 40% de los fondos para construir la Ciudad Universitaria y la consecuencia de ese acta por el cual va a ser juzgado ahora Cerisola era que el 20% de esas ganancias se tenían que girar a las universidades nacionales y el otro 20% era de disponibilidad para la Universidad Nacional de Tucumán. Con ese segundo 20% es lo que Cerisola dice que hizo 90 obras “.
“Dice la Universidad en el año 2017 que ‘si vamos a hacer querellante en esta causa tenemos que sostener que aquella actividad de Cerisola es nula’, entonces inician un juicio para declarar la nulidad de esa acta y lo hacen en Catamarca, no lo hacen en Tucumán. Cuando lo hacen en Catamarca, le dicen al juez Federal de Catamarca: ‘mire, queremos declarar la nulidad pero la plata que le están transfiriendo al sistema universitario nacional por favor deposítalo a nuestras cuentas porque tenemos que terminar la Ciudad Universitaria’. El juez Federal de Catamarca le dice que no, vienen en Apelación en el año 2020 la Cámara Federal saca una sentencia ordenándole a YMAD que ese 20% se empiece a depositar en una cuenta en plazo fijo en el juzgado Federal de Catamarca”, aseveró.
Así, el fiscal federal general confirmó que la UNT tiene un plazo fijo con fondos mineros en Catamarca: “Ese expediente todavía está vigente: yo lo último que vi fue unos depósitos de hace unos meses atrás de unos $600 millones. Yo calculo que ahí con intereses y todo, debe haber cerca de más de 1000 millones de pesos y cuando la Cámara Federal saca esa sentencia ordenando esos embargos y esas transferencias dice que tiene que ser para construir la Ciudad Universitaria”.
“Esto me hace a mí alentar una lejana esperanza de que en algún momento la ciudad se pueda construir de acuerdo a aquellos viejos planos que obviamente tienen que ser remozados. Yo aliento la esperanza de que existe esta posibilidad de disponer dineros y al menos para empezar a replantearnos esta necesidad. Porque si ese juicio civil tiene éxito, podemos volver a cobrar otra vez, la Universidad va a poder volver a cobrar otra vez ese 40% y destinar esos millones de dólares a la construcción de la Ciudad Universitaria que obviamente tiene que ser remozado en esos planos. Pero imprescindiblemente tiene que tener ese destino”, exclamó.
Para Gómez, “el gran problema a veces que se tiene desde la política, se toman decisiones que están totalmente al margen de la ley y en muchos casos donde se involucran fondos del Estado nacional, se cometen delitos sean de malversación o de estafas al Estado nacional directamente”, y recalcó: “Me parece que quien debería también tener esta información, no sé si la tendrán, son los integrantes del Honorable Consejo Superior de la UNT, porque justamente el acto administrativo irregular que justamente el Consejo ahora dice que es irregular no lo dijo allá en el 2007”.
“Por eso yo sostengo que también que hay que investigar aquellos que estuvieron tienen este esta posibilidad. De la segunda causa penal esa que tiene que decidir ahora la Cámara Federal, que está desde abril del año pasado a resolver por los jueces de Cámara. Si en esa causa, la Cámara Federal confirma que hay una estafa al Estado nacional y confirma también el pedido mío de detenciones y de asociación ilícita, hay que proceder al embargo de las sumas que pueden estar obrando en poder de estas empresas. Porque si bien Nosotros estamos dirigiendo la acción penal contra personas físicas obviamente estas actuaron en representación de esas empresas y el dinero que puedan tener en estas empresas son susceptibles de embargo a los efectos de la reparación del daño”, consideró.
“Me gusta utilizar la palabra un tanto más fuerte si usted quiere el dinero estafado. Eso está en manos de decisión de la Cámara Federal de Tucumán desde abril del año pasado”, remató, y aclaró: “Ya no tengo intervención en las causas por qué la causa del juicio oral y público está en manos del doctor Pablo Camuña. Las causas penales de las estafas al Estado Nacional, el doctor Carlos Brito me recusó; quiere que me aparte de esas investigaciones y lo tiene que decidir ahora el doctor Ricardo San Juan. Así que yo de momento no puedo intervenir en las investigaciones que estoy mencionando. En la única que sigo interviniendo es en el expediente civil donde se va a seguir acumulando los fondos”.
