El juez federal Sebastián Casanello aceptó este lunes como querellante al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovello, en la investigación por supuestas amenazas y aprietes de dirigentes piqueterosa beneficiarios de planes sociales.
Si bien la última novedad tuvo que ver con la inhibición de bienes de los 27 imputados y el levantamiento del secreto fiscal y bancario, la causa continúa bajo secreto de sumario.
Tras los allanamientos en domicilios de piqueteros y comederosde la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, la investigación busca ahora esclarecer si los delitos fueron cometidos de manera aislada por algunos dirigentes o si en rigor se trataba de un plan organizado en el que también participaban los líderes de cada organización.
Además, la Justicia intentar determinar a dónde iba a parar buena parte de la plata que se recaudaba a través de los mecanismos extorsivos: desde quedarse con un porcentaje de lo que las personas cobraban del Potenciar Trabajo hasta la venta de bolsones de comida que debían repartirse gratuitamente en los comedores.
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En este sentido, en el expediente que instruye el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello, se investiga si dirigentes del Polo Obrero canalizaron buena parte de esa plata ilícita a través de una cooperativa de trabajo denominada “El Resplandor Limitada”, que fue presidida por María “Tango” Dotti, una de las referentes del Polo Obrero allanada el pasado lunes y a la que le encontraron U$S54 mil en su domicilio.
En el dictamen del fiscal Pollicita en el que requirió los allanamientos, sostuvo que en las cuentas bancarias de esta cooperativa habría ingresado una porción del dinero ilícito obtenido a través de las maniobras extorsivas. Dotti fue presidenta de esta asociación entre 2010 y julio de 2022 y actualmente sigue vinculada a la cooperativa ya que es representante ante la AFIP y como apoderada ante el Ministerio de Capital Humano y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Por otro lado, se investiga si los dirigentes piqueteros montaron un sistema de extorsión y amenazas contra beneficiarios del Potenciar Trabajo para obligarlos a ir a las marchas; quitarles un porcentaje del plan social que percibían (de entre un 2 y 5%); cobrarles un monto de dinero a cambio de entregar el bolsón de comida, entre otras maniobras extorsivas.
Las medidas judiciales establecidas involucran a referentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. Los propios beneficiarios de planes sociales declararon ante sede judicial y aportaron sus propios chat y mensajes donde se probó la extorsión para concurrir a las marchas.
