En el sector del transporte público apuntan a combatir la venta de pases truchos en Tucumán. Y para ello, aportaron pruebas no sólo en los tribunales locales, sino también en la Justicia Federal. Julio César Haro, socio gerente de la empresa El Limón (línea 130), recurrió ayer a la sede de Congreso y Las Piedras para denunciar ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) la utilización de certificados de discapacidad por parte de un importante número de usuarios para acceder al pasaje gratuito.
Así, en el fuero federal se abrió un expediente en paralelo al proceso tramitado en los tribunales provinciales para investigar el caso de los pases apócrifos. En diálogo con la prensa, Haro remarcó que se solicitó la intervención de la Justicia Federal debido a que tiene competencia en lo relacionado al Certificado Único de Discapacidad (CUD). “Solamente en mi empresa había 117 (pases retenidos) hasta el viernes”, señaló el titular de la línea 130.
Advirtió que el perjuicio generado por esta práctica es de “mucho dinero”. Al efectuar la denuncia, Haro incluyó los números de los certificados apócrifos detectados por los choferes. Remarcó que todos esos pases fueron aportados a la Unidad Fiscal Criminal del MPF de la Justicia provincial. Y solicitó la intervención de la Junta de Discapacidad para evaluar los CUD vinculados a los pases apócrifos.
El empresario detalló que los Pases de Discapacidad son expedidos por la Dirección General de Transporte de la Provincia. Sin embargo, detalló que, al retener los carnets truchos, los propios usuarios relataron que “se los puede conseguir de forma ilegal en distintos puntos de la provincia, pagando sumas que ascienden hasta $40.000”. Y mencionó lugares situados en la Capital y en Yerba Buena.
“Consideramos de suma importancia se tomen las medidas necesarias para investigar y erradicar esta práctica ilícita, la cual vulnera la integridad del sistema de transporte público de pasajeros”, señaló Haro en la presentación ante la Justicia Federal. Luis García, directivo de Aetat, explicó que la entidad empresaria no participa de la denuncia, expresó su respaldo al trámite efectuado por Haro.
“En mi propia empresa me entregan a diario cuatro o cinco pases truchos que los choferes retienen”, señaló. Si bien indicó que esta práctica “siempre existió”, hubo una suerte de estallido a partir del último incremento en el boleto, registrado en marzo. “Es muy burda la falsificación”, enfatizó García. El caso de los pases truchos para ómnibus ya había tenido repercusiones en la Justicia provincial.
En abril, a partir de una investigación efectuada por la Unidad Fiscal de Decisión Temprana el MPF, se había concretado un allanamiento en Yerba Buena para buscar elementos de prueba por las versiones de que se utilizaban certificados de discapacidad falsificados para viajar en colectivos. A partir de la presentación judicial, se logró constatar los dichos de los propios pasajeros a los choferes, quienes señalaron a una mujer y aportaron su dirección. En este procedimiento, se identificó a una sospechosa de 47 años y se dispusieron una serie de pericias en su teléfono celular.
