El Poder Ejecutivo (PE) concretó la incorporación de 300 tobilleras electrónicas para detenidos con prisión domiciliaria como parte de las medidas destinadas a descomprimir la crisis carcelaria en Tucumán. El servicio, que será prestado por la empresa Surely SA, incluye el monitoreo de los reclusos bajo esta modalidad de arresto.
La decisión fue confirmada por el gobernador, Osvaldo Jaldo, y por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa. “En la provincia nos enfrentamos a desafíos significativos debido a la sobrepoblación en nuestras cárceles, con detenidos que abarcan una amplia gama de situaciones, desde fallos judiciales hasta condenas firmes”, sostuvo el mandatario en una conferencia de prensa que brindó esta semana.
En esa línea, destacó distintas acciones como parte “de la nueva política carcelaria”; entre ellas, la edificación de un nuevo penal en Benjamín Paz y de las alcaidías de Las Talitas y de Delfín Gallo. En este marco, ponderó la contratación de 300 tobilleras electrónicas. “Estas permitirán monitorear a las personas que actualmente ocupan espacio en comisarías o en Villa Urquiza, permitiendo que aquellos que sean elegibles por la Justicia puedan cumplir con arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica”, añadió.
Agüero Gamboa dijo que la provincia ya recibió 200 de estos dispositivos. “Es un paso significativo en la implementación de medidas para mejorar el sistema de justicia penal. Estas tobilleras, que forman parte de la política carcelaria del gobierno, son una herramienta crucial para supervisar a las personas que están bajo arresto domiciliario o en libertad condicional”, aseveró.
El ministro explicó que estos equipos se colocan en el tobillo del detenido sujeto a la orden judicial, y permiten marcar la distancia dentro de la cual deben permanecer. En caso de detectarse algún problema, el personal del 911 puede comunicarse a través de un dispositivo instalado en el hogar de la persona monitoreada.
“Esta tecnología no solo brinda mayor seguridad en el cumplimiento de las órdenes judiciales, sino que también permite liberar recursos policiales, que pueden ser destinados a tareas de prevención en lugar del cuidado de personas privadas de la libertad en sus hogares”, indicó Agüero Gamboa.
Con vigilancia
La incorporación de las tobilleras para arresto domiciliario fue requerida por la Dirección del Patronato de Internos y Liberados, y se oficializó a través del decreto 1.165/7 (SES), publicado la semana pasada en el Boletín Oficial.
Allí constan los detalles de la contratación directa de la empresa Surely SA, creada en 1995 y con sede central en Ciudad de Buenos Aires.
Se trata de un contrato por un plazo de 36 meses y por un valor total de 6,35 millones de dólares (convertibles a pesos al momento de la erogación). El monto incluye dos prestaciones principales: la provisión en comodato de 300 unidades de monitoreo residencial (UMR) y el servicio de monitoreo y vigilancia de los detenidos.
El acuerdo -enmarcado en la Ley de Emergencia en Seguridad- detalla que la firma deberá supervisar desde un centro de monitoreo y gestión (CMYG), a través de sus propios operadores, “el seguimiento a los internos durante las 24 horas”. Para ello, deberá aportar seis puestos de operación con sus respectivas computadoras, además de software y otros recursos necesarios para la tarea.
El convenio -con fecha de finalización en abril de 2027- implica un pago de 5.880 dólares diarios por todos los servicios, e incluye el compromiso de Surely SA de adoptar “las medidas técnicas y organizativas” de las aplicaciones utilizadas para garantizar el resguardo de los datos recabados. También se aclaró que la prestación está alcanzada por el “secreto profesional”, que sólo podrá ser relevado a través de una disposición judicial.
El expediente para la contratación directa de las tobilleras electrónicas fue sometido al control preventivo del Tribunal de Cuentas. El ente de control tomó en cuenta los informes de la Dirección de Comercio Interior, donde se consignaba que “la firma Surely SA sería la única empresa que puede prestar el servicio de monitoreo en cuestión”. Además, se constató que el valor adjudicado “se ajusta a lo que otras jurisdicciones vienen abonando por servicios similares”. Por lo tanto, el TC se expidió sin formular oposición.
