Un escándalo se desató esta semana en el Sindicato de Camioneros de Tucumán luego de que la nueva administración decidiera llevar adelante una serie de despidos sin causa. Los telegramas fueron cursados y firmados por Rafael González y Diego Casella, secretario adjunto (a cargo de la secretaria general por corrimiento de cargo) y secretario administrativo, respectivamente.
Hasta ahora son 4 los empleados del gremio despedidos, con una antigüedad que en promedio superaba los 5 años. El mismo telegrama firmado por González y Casella revela que las desvinculaciones, lejos de contar con motivos laborales, responderían a fines meramente políticos: “Por medio de la presente le comunicamos que a partir del día de la fecha queda despedido sin causa”, reza la nota.
La decisión de la nueva conducción se da en el marco de una interna que mantenían con César Torres, secretario general elegido por los afiliados que hace unas semanas comunicó su decisión de tomar licencia por las profundas diferencias políticas e ideológicas que mantenía con los mencionados dirigentes y parte de la Comisión Directiva aún vigente.
“En el último tiempo, con los miembros de la Comisión Directiva hemos experimentado diferencias políticas e ideológicas”, escribió Torres, al tiempo que lamentó las desacreditaciones y descalificaciones sufridas en el transcurso del tire y afloje.
Llama la atención todavía más la decisión tomada por la nueva conducción debido al contexto económico y político actual, y más aún al decirse garantes de la imagen y mirada de los conductores de Camioneros a nivel nacional, Hugo y Pablo Moyano férreos defensores de la fuente laboral y el derecho de los trabajadores. En este sentido, resta conocer la reacción de la central camionera y, sobre todo, de los afiliados, que por más una década escogieron otra forma de administración, a primera vista diametralmente opuesta a la que heredó la gestión.
