En medio de la guerra abierta que se desató en tribunales por el futuro del empresario Angelo Calcaterra y otros acusados en el marco de la causa Cuadernos, la Unidad de Información Financiera busca que la Justicia habilite el decomiso definitivo de unas parcelas en Islas Turcas y Caicos que pertenecían al ex secretario privado de Néstor Kirchner, ya fallecido, Daniel Muñoz. El ex funcionario kirchnerista lavó en el exterior unos 70 millones de dólares a través de un entramado de sociedades. Para el Gobierno es clave poder hacerse de esos bienes no solo para recuperar el dinero de la corrupción sino también para cumplir con los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La investigación por los bienes de Daniel Muñoz -fallecido en 2016, luego de que saltara su vínculo con el escándalo los Panamá Papers- ya existía. Sin embargo, se anexó al caso de los cuadernos y es donde más plata logró detectar por el aporte de los “arrepentidos”: el que tiene que ver con el capítulo internacional del lavado de dinero de Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario millonario. Gran parte de ese dinero terminó invertido en un terreno de las paradisíacas islas Turk and Caicos, en el Caribe.
“Esto es parte de una fortuna que no es mía”, confesó el secretario de Néstor Kirchner antes de morir, según relató Juan Manuel Campillo, el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, también al declarar como arrepentido en la causa de los cuadernos. “Si bien no lo dijimos puntualmente, se dio por sobreentendido y estaba ‘en el aire’ que eran de Néstor y Cristina”, apuntó el ex funcionario.
La historia de los terrenos de esas islas paradisíacas parece digna de una película de enredos, pero quedó plasmada en la investigación que llevó adelante el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli. Lo contó Carlos Gellert, el primo de Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, al declarar como arrepentido y dar uno de los aportes más trascendentes en este capítulo de la causa: el de la posibilidad de recuperar el dinero que salió, según los investigadores, de la banda de los cuadernos y que fue a parar a los bolsillos de Muñoz.
Ahí entra en esta causa Isaac Esparza, un curioso personaje que aparecía en redes sociales con pintorescos videos para promocionar apuestas, en donde cuenta billetes, anuncia resultados del fútbol americano y festeja sus triunfos ante sus seguidores. Isaac Esparza dijo que no sabía quién era Daniel Muñoz ni los personajes que estaba mencionando la prensa argentina. Fue antes de saber que se convertiría en un imputado en la causa.
Su único vínculo con el caso fue el primo de Carolina Pochetti, Carlos Gellert, a quien conocía desde hacía 20 años de jugar al póker en Monterrey, México. Hubo una deuda de juego a saldar y Esparza terminó firmando unos papeles sin preguntar demasiado. Eran los documentos que lo convertían en el supuesto dueño de un terreno en la isla paradisíaca de los Turks and Caicos, donde Muñoz, su esposa y sus socios pensaban construir un emporio hotelero que no llegó nunca a levantarse. “Hasta donde conozco no existiría ningún contradocumento relacionado con la titularidad de Esparza sobre las sociedades de Turks and Caicos. Él no sabe qué es lo que tiene a su nombre”, dijo Gellert a la Justicia argentina.
En marzo de 2019, la Suprema Corte de Turks and Caicos embargó e inmovilizó la propiedad de las tierras ubicadas frente al mar. Por tratarse de bienes en el extranjero del territorio argentino, el juzgado debe tramitar las medidas cautelares a través de la Red Egmont, la organización formada por 174 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de todo el mundo, que proporciona una plataforma de intercambio seguro e inmediato de conocimientos e inteligencia financiera para combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo).
Después de idas y vueltas, Isaac Esparza fue extraditado y enfrentó los cargos en la Argentina. El 31 de octubre de 2022, Ercolini escuchó en indagatoria a Isaac Eugenio Esparza Hidalgo: aseveró que se había limitado a suscribir una serie de documentos a pedido de su “por entonces amigo Carlos Gellert” y afirmó que desconocía “por completo sus contenidos e implicancias”. Es decir, a criterio de los acusadores confirmó su rol como testaferro.
En noviembre del 2022, el mexicano terminó procesado como coautor del delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su realización como parte de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza.
“En definitiva, los elementos señalados dejan poco margen de duda sobre la objetiva intervención de ESPARZA HIDALGO en la organización, al punto que la documentación societaria obtenida de las Islas Turcas y Caicos cuenta con un sinfín de rubricas del nombrado, como así también de su documentación personal y bancaria (…) Frente a semejante panorama, al tiempo que reconoció que las firmas y la documentación allí obrantes le pertenecen, el nombrado argumentó su ajenidad a la maniobra delictiva, con el argumento de que se habría limitado a efectuar esas rúbricas por pedido de su amigo Carlos Adolfo GELLERT, sin obtener ningún beneficio personal y desconociendo completamente el trasfondo de los negocios”, dijo el juez. “Sin embargo, amén de que esa explicación no se sostiene más que por sus propios dichos, contradice aspectos de las versiones de otros imputados, y presenta algunos extremos inverosímiles.”
Fue en ese marco que la UIF reclamó el decomiso definitivo de esos terrenos, pero el 24 de mayo pasado, el juez Julián Ercolini decidió “rechazar in limine” la solicitud de decomiso definitivo de las parcelas 60000/307/ 60000/310/ 60000/317 y 60000/327 de North West and North Central Provinciales de las Islas Turcas y Caicos, realizada por la Unidad de Información Financiera en su calidad de querellante. La UIF que encabeza Ignacio Yacobucci y el fiscal Carlos Stornelli apelaron. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Sala I de la Cámara Federal, deberán resolverlo.
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Carolina Pochetti, viuda de Muñoz y también imputada-colaboradora
Con la extradición y declaración del mexicano, Stornelli insistió en que se encuentra acreditada “ilicitud de los fondos/ la constatación de fallecimiento de Daniel Muñoz y el reconocimiento de la procedencia ilegítima de los fondos por parte de las personas directamente involúcrate” y aseguró que están dada las condiciones necesarias para la ejecución de los terrenos en el exterior.
A través de un escrito, al que se pudo acceder, el jefe de Litigios Penales Mariano Ezeyza de la UIF reclamó que disponga el decomiso definitivo de tres parcelas ubicadas en las Islas Británicas de Turks and Caicos. Subrayaron las vinculaciones entre Muñoz y las personas físicas y jurídicas y los terrenos embargados, cuya compra se ejecutó a través de sociedades armadas en maniobras de lavado de dinero. La tarea de inteligencia financiera realizada por la UIF contribuyó a desentrañar el esquema societario implementado para ocultar la fortuna obtenida de manera ilícita.
En su presentación, el Gobierno rechazó la interpretación del juez Ercolini sobre “una suerte de cosa juzgada” para no hacer lugar a la petición, pero se remarcó que, a criterio de esa parte, se dan los presupuestos del decomiso anticipado. “Transcurridos dos años de su primera presentación, la declaración del imputado reconociendo las firmas en la documental que se vincula con los terrenos en cuestión, acreditaría, con la certeza que requiere el 305 del código penal, la ilicitud de los bienes aludidos, se resaltó.
Y añadió que “la recuperación de los activos provenientes de actividades ilícitas es un desafío que enfrenta la comunidad internacional”, que “la República Argentina se ha comprometido en lograr la identificación de bienes y el recupero de activos de origen ilícito mediante la aprobación de diferentes instrumentos internacionales” y que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que integra Argentina, ha incluido el recupero de activos entre sus objetivos estratégicos del período 2023.
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El proyecto hotelero Turks and Caicos que tenía en mente Muñoz
Si se ordena el decomiso a favor de la Argentina, se procederá a la subasta que tendrá lugar en Turks and Caicos.
El recupero de bienes y otros activos involucrados en el delito de lavado de activos y financiación del terrorismo ataca el estímulo principal que persiguen las organizaciones criminales para cometer nuevos delitos ya que priva de medios económicos y financieros a las diferentes organizaciones delictivas.
Según se informó, en el contexto de la misma causa, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) anunció que comenzará con una subasta de tres propiedades que pertenecían a Muñoz y a Víctor Manzanares, contador de los Kirchner, decomisados por orden del ex juez federal Claudio Bonadío. Se trata de tres departamentos, oficinas y una cochera en Pedro Ignacio Rivera 5761, Villa Urquiza, donde funcionaban las oficinas de Daniel Muñoz; una mansión en Salvador María del Carril 3744, en Villa Devoto, que pertenece a la firma Madaco S. A., fundada por Manzanares pero luego comprada por Muñoz, y un departamento con cochera en Andonaegui 2966, en Villa Urquiza, del que eran dueños Muñoz y Manzanares. Estas tres propiedades se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En febrero del 2022, después de cinco subastas, el Gobierno logró vender uno de esos departamentos. Un ingeniero y una contadora que trabajaron en los ´90 para Yacimientos Carboníferos de Río Turbio se convirtieron en los ganadores de la subasta que organizó el Estado Nacional para vender una propiedad en el edificio Chateau, en Puerto Madero, que pertenecía a uno de los acusados de ser testaferro de Muñoz, Sergio Todisco, quien junto a su ex mujer Elizabeth Ortiz Municoy, fueprocesado y arrepentido en el marco de la causa. Solo hubo un oferente que levantó la mano virtual por lo que se le pedía de base: $70.600.000
