La Justicia allanó este miércoles a 24 sedes de organizaciones sociales en el marco de la investigación que se lleva a cabo por extorsión y coacción a beneficiarios de planes por parte de integrantes de agrupaciones.
Según confirmaron fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad a LA NACION, las organizaciones allanadas fueron la Cooperativa Martin Fierro; el Movimiento y la Cooperativa Teresa Rodríguez Limitada; la Agrupación Barrios de Pie; la Agrupación la Dignidad Confluencia; el Polo Obrero; la Agrupación Frente de Organización en Lucha; la Agrupación Movimiento de Trabajadores Desocupados; el Movimiento Corriente Clasista y Combativa; el Movimiento La Resistencia San Jorge; la Federación Nacional; el Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad M.I.M.; la Agrupación C.T.P.-Trabajo y Producción; la Agrupación Conciencia Popular; la Agrupación Libres del Sur; el Frente de Desocupados Eva Perón y el Frente de Desocupados Unidos.
Esto sucede en el marco de la causa en donde se investiga extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales por parte de integrantes de agrupaciones militantes, a partir de las denuncias presentadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Por lo tanto, el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Antonio Armella ordenó a la Prefectura Naval efectuar 24 allanamientos simultáneos en sedes de movimientos sociales con asientos en la zona sur del conurbano bonaerense.
En los procedimientos realizados en las localidades de Florencio Varela, Dock Sud, Gerli, Berazategui, Villa Domínico, Quilmes, Ezpeleta y San Francisco Solano, los prefectos secuestraron computadoras y celulares, dosis de marihuana, un revólver calibre 22, una réplica de 9 mm, dinero en efectivo, anotaciones y planillas de asistencia, libros contables y carpetas con material probatorio.
Además, se detectó que en varios centros había alimentos almacenados -entre ellos algunos vencidos-, por lo que se ordenó la notificación a Bromatología bonaerense. Con respecto a aquellos en buen estado, se notificó al Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.
Según la cartera al mando de Patricia Bullrich, estos allanamientos “tienen sustento en las denuncias recibidas en el número 134”, que se utiliza para denunciar extorsiones.
La causa que complica a las organizaciones sociales
La justicia federal investiga a dirigentes que gestionaron dinero público destinado a planes sociales y comedores comunitarios y están acusados de haber extorsionado a quienes cobraban los planes y asistían a los comedores que ellos manejaban.
La sospecha de los investigadores -que el Gobierno da por hecho- es que era una práctica generalizada y sistemática, aunque hasta ahora, en concreto, están imputados tres grupos de personas (28 acusados en total) que administraban cinco comedores, todos en la ciudad de Buenos Aires: tres del Polo Obrero, uno de Barrios de Pie y uno del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
Se giraron además decenas de denuncias a otros 44 departamentos judiciales de distintos puntos del país. El origen de la investigación, que instruyen el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, son llamadas anónimas recibidas en la línea 134, que el Ministerio de Seguridad habilitó en diciembre pasado para recibir denuncias de quienes hubieran sido amenazados para marchar contra el Gobierno.
