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Vencido el plazo de 30 días que Parques Nacionales le otorgó a la Lof Paillako para que se retire de la seccional de guardaparques El Maitenal, en el Parque Nacional Los Alerces, el organismo que depende del Gobierno solicitó a la Justicia Federal que ejecute el desalojo, aunque la feria judicial retrasó el proceso para recuperar la vivienda.
A principios de junio, el titular de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, rubricó el emplazamiento a la comunidad para que en un lapso de 30 días libere el edificio público usurpado en 2020.
El trámite fue ignorado por los mapuches, quienes decidieron permanecer en el lugar y “resistir” cualquier intento de desalojo. Sin embargo el organismo nacional decidió darle continuidad al proceso y ahora acudió a la Justicia Federal para que ejecute la medida e implemente el operativo para recuperar el edificio a manos del estado.
La petición al juzgado que conduce Guido Otranto fue firmada el 11 de julio pasado aunque debido a la feria judicial aún no tuvo tratamiento en esa repartición.
En junio, cuando Parques emplazó a la comunidad, fuentes del Juzgado Federal confirmaron que estaban al tanto del trámite administrativo que había iniciado el organismo y confirmaron que había que aguardar que se agoten los plazos para tomar medidas al respecto.
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El vencimiento del plazo que estableció Parques inicialmente dio lugar a la segunda etapa, con el planteo elevado al juzgado que conduce Otranto. Pero en cuanto los mapuches tomaron conocimiento del emplazamiento, respondieron de manera desafiante. La seccional fue tomada en 2020 por un grupo de encapuchados, encabezado por Cruz Cárdenas, un ex combatiente de la misma repartición estatal que hoy busca recuperar el espacio.
Tras cumplir funciones en la lucha contra incendios forestales, Cárdenas abandonó la institución eligió un perfil combativo, escudado en una supuesta reivindicación territorial, para apropiarse de tierras públicas. En el emplazamiento, Larsen anticipó que la negativa a acatar dicha solicitud, daría intervención a la Justicia Federal para ejecutar el desalojo forzoso del espacio público.
De esa forma también tomó conocimiento del caso el magistrado quien sabía que si los intrusos no se retiraban por voluntad propia, el caso llegaría a su escritorio y lo obligaría a tomar una decisión sobre el futuro de las instalaciones.
Apenas iniciado el conflicto, en el inicio de 2020, la gestión anterior convocó a una resolución alternativa del conflicto, dando intervención a las partes, al Ministerio de Justicia de la Nación y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El convite fracasó.
Cárdenas y María Belén Salinas, también integrante de la Lof Paillako, fueron procesados por el delito de usurpación, aunque la causa tampoco prosperó.
Los usurpadores no sólo se apropiaron de la estructura oficial de Parques Nacionales, sino que además construyeron viviendas y galpones dentro del mismo predio.
Las tomas por parte de poblaciones se declaran mapuches terminan judicializadas
El avance mapuche alcanzó también otro espacio conocido como la ex Población Salinas, perteneciente a la misma administración nacional, que forma parte del espacio que los mapuches deben abandonar en menos de un mes.
El escrito elaborado por Parques Nacionales lleva la rúbrica de Danilo Hernández Otaño, quien se desempeña como Intendente del Parque Nacional. Ordena la restitución “a esta administración de Parques Nacionales el área perteneciente al dominio público del Estado Nacional”, situado dentro de la reserva y parque nacional Los Alerces.
Cuando entregó el documento, Otaño visitó el espacio ocupado, el cual exhibe el ataque vandálico que protagonizó – y se adjudicó – la Lof Paillako.
Cuando se produjo el primer trámite administrativo, Larsen confió a Infobae que “estamos dando un paso firme para recuperar lo que pertenece a todos los Argentinos. Sabemos que las soluciones alternativas sólo garantizaron la permanencia de los intrusos en el territorio público, por eso vamos a fondo con la recuperación del lugar”. Anticipó que, en caso de que los usurpadores ignoren el planteo, acudirá al Juzgado Federal para dar continuidad al proceso de recuperación del lugar.