El Gobierno acelera para asegurarse una votación exitosa en el Senado y convertir al juez federal Ariel Lijo en nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia. La estrategia comenzará esta semana con una serie de encuentros del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, con senadores del kirchnerismo, los únicos que aún no fueron visitados oficialmente para conseguir su apoyo a uno de los candidatos que propuso el presidente Javier Milei.
“Uno por uno, poroteo por poroteo”, es la consigna con la que Amerio recorre los pasillos del Senado, con la convicción de que es posible conseguir la mayoría agravada de dos tercios de los senadores presentes para darle acuerdo al pliego de Lijo como nuevo juez de la Corte.
La idea que tienen en el Gobierno es que el pliego de Lijo “va a pasar” el examen del Senado, según los sondeos que ya se hicieron entre los senadores de Unión por la Patria, Pro, UCR y La Libertad Avanza. También dan por descontado el respaldo de los gobernadores, con influencia sobre las decisiones de los senadores. El Gobierno confía en reunir los avales a pesar de las resistencias que ya expresaron la vicepresidenta Victoria Villarruel, el senador libertario Francisco Paoltroni, el jefe del bloque de senadores de Pro, Luis Juez (Córdoba) y su compañera de bancada, Carmen Álvarez Rivero, que también anunció que rechazará la postulación.
No tiene el Gobierno la misma convicción plena con el pliego del académico Manuel García-Mansilla. “Hay diferentes votos para los diferentes candidatos. Con Manuel estamos más justos”, se sinceró ante LA NACION una fuente del Gobierno que repasa los votos uno a uno.
La semana pasada y a pesar del receso invernal, hubo consultas de enviados del Gobierno, incluido el propio viceministro Amerio, para conversar con senadores del peronismo que aún no se habían pronunciado sobre las postulaciones. “Hemos avanzado bastante con algunos senadores que no habían expresado una definición”, se ilusionó una fuente del Poder Ejecutivo.
Las resistencias a Lijo surgieron de sus antecedentes. También se cuestiona que el Gobierno haya enviado a dos candidatos hombres para la Corte y que no haya incluido a ninguna mujer. Sobre todo, porque la vacante que apuntaría a cubrir con Lijo es la que dejó la jueza Elena Highton con su jubilación. En tanto, la vacante que aspira a ocupar con García Mansilla no se produjo aún. Es la que dejará el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda el 31 de diciembre próximo, cuando cumpla 75 años.
El Gobierno reglamentó el viernes último en el Boletín Oficial cómo debe hacer un juez de la Corte si quiere permanecer en su cargo más allá de los 75 años (Resolución 226/2024 del Ministerio de Justicia). Puede solicitarlo al ministerio de Justicia un año antes, acompañar sus antecedentes, su declaración jurada de bienes, un certificado del Consejo de la Magistratura sobre su conducta o pedidos de jury. Luego el ministerio de Justicia pulicará esa solicitud por cinco días para que se presenten objeciones o adhesiones. Si el Presidente lo aprueba, elevará la postulación al Senado para que se le de un nuevo acuerdo. Si no logra ese acuerdo al cunplir 75 años, se hará el concurso para cubrir su vacante. No es lo que pasó en el caso de Maqueda, cuya vacante se busca cubrir de manera anticipada.
Ante las objeciones que descuenta el Gobierno que surgirán por la cuestión de género, se analiza la posibilidad de ampliar la cantidad de jueces de la Corte y, de ese modo, que haya otros candidatos en juego, que pueden ser mujeres. Pero esto sería una segunda etapa, después de que se traten los pliegos de Lijo y García Mansilla en el Senado.
La etapa de las impugnaciones y adhesiones en el Senado concluirá mañana. Lijo cosechó fuertísimos rechazos por cuestiones éticas. García Mansilla también, pero no solo por la cuestión de género, sino por sus posturas más conservadores, su oposición a la interrupción legal del embarazo y al divorcio. Ahora se los notificará de esas objeciones y los candidatos pueden hacer un descargo.
Las audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos del Senado de los dos candidatos propuestos por el Gobierno serán el próximo 21 y el 28 de agosto próximos. Ambos deberán presentarse en la Cámara alta, Lijo el 21, y García-Mansilla, el 28.
La presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), elevó una nota a la Secretaría Parlamentaria del Senado, que depende de la vicepresidenta Victoria Villarruel, notificándole las fechas en las que recibirá a los postulantes para que defiendan sus nominaciones.
Hasta ahora la colecta de votos estuvo a cargo del propio Lijo, que recibió y visitó a senadores y gobernadores de todo el arco político. Estuvo activo en esas gestiones, el que fue el impulsor de la candidatura de Lijo ante Milei, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti.
Lijo no habría hablado aún con el kirchnerismo. Cerca de Cristina Kirchner genera desconfianza desde que metió preso a Amado Boudou y realizó la investigación y elevación a juicio del caso Ciccone, que terminó con la condena del exvicepresidente.
Hasta ahora, el Gobierno no venía activando las conversaciones en el Congreso, pero entre los candidatos hay ahora una expectativa de que se dinamicen esas gestiones. Esta semana será clave para una definición y tener una idea de los votos mínimos con los que cuentan cada uno.
Más vacantes
Hay una carta más, en caso de que todo fracase. El Gobierno tiene en sus manos los pliegos de más de 130 jueces nacionales y federales, fiscales y defensores. Son vacantes que debe cubrir y los candidatos para hacerlo ya pasaron por los concursos del Consejo de la Magistratura, que elevó todas las ternas.
Ahora el presidente Milei debe elegir un candidato de la terna y elevarlo al Senado para que le de acuerdo. La mayoría de los cargos de jueces ya fueron consensuados con los senadores, de modo de asegurarse que los que le interesan al Gobierno cuenten con votos suficientes, a cambio de que los gobernadores y senadores puedan colocar a sus favoritos en esa lista.
Pero una de las alternativas que se baraja en el Gobierno, en caso de que los números para los pliegos de Lijo y de García Mansilla estén muy ajustados, es ampliar la negocaciación con los nombres de los 130 jueces cuyos pliegos deben ser enviados aún al Senado. Son la mitad de las vacantes de la justicia federal y nacional.
“Vamos por partes. Primero están los pliegos de Lijo y de García Mansilla y luego de las 130 vacantes. Están en la negociación, se pude hablar, pero no ahora para no someternos de antemano a un sistema que puede convertirse en extorsivo. Por eso, no es parte de lo que se conversa en este momento. Será en otro momento”, dijo una fuente del Gobierno.
En el caso de los gobernadores, siempre interesan las vacantes de jueces federales de su jurisdicción y también otros cargos que requieren mayorías calificadas y que se encuentran vacantes, como la Procuración General de la Nación y el Defensor del Pueblo.
En el caso del aumento de miembros del máximo tribunal hay un proyecto en Diputados, que cuenta con la aprobación del Senado, que eleva a 15 el número de jueces. Sin embargo, el Gobierno pretendería una Corte de nueve magistrados, cifra que impuso Carlos Menem y que fue reducida a los cinco actuales en los albores del kirchnerismo.
