Se agrava la situación de Miguel Chaibén Terraf, una serie de escándalos y de irregularidades que vienen sucediéndose desde hace años en el Tribunal de Cuentas de Tucumán, el ente estatal encargado del control del gasto público en la provincia, motivaron a que el pasado lunes 5 de agosto ingresara en el Poder Legislativo provincial un pedido de juicio político para que el presidente del organismo, Miguel Chaibén Terraf, sea destituido de su cargo.
El planteo de remoción es promovido por el abogado Marcos Aníbal Rougés, quien ha documentado en un expediente de 60 páginas cinco situaciones que prueban que el funcionario público ha incurrido reiteradamente en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, una causal específica para que sea sometido a juicio político.
“Los cinco tipos de accionares expuestos, vistos en conjunto, muestran que el incumplimiento de los deberes de funcionario público en que se encuentra Terraf no responde a una situación única y aislada. Por el contrario: es un incumplimiento sistemático. Esto se debe a que él personalmente desplegó un plan sistémico como presidente del Tribunal de Cuentas: desnaturalizar la función institucional de ese organismo para que en lugar de ser el ente técnico de contralor se convirtiera en una repartición consagrada a apañar toda administración de recursos públicos viciada”, sostiene Rougés en su escrito ante la Legislatura.
La perversión institucional ha adquirido tal magnitud que el ente de control terminó siendo usado por Terraf para remunerar, con dineros públicos, a los jugadores del plantel superior de Rugby del Club Natación y Gimnasia, institución deportiva dentro de la cual tanto él como sus familiares se desempeñan, históricamente, como autoridades.
De hecho, sin ir más lejos, cabe señalar que Juan José Terraf es el presidente del anteriormente mencionado club de rugby conocido como Natación y Gimnasia y, a su vez, es subinterventor del IPACyM (Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual) de la provincia y, además, sería sobrino de Miguel Ángel Terraf, es decir, el presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán.
De los jugadores de ese equipo, once son empleados del Tribunal de Cuentas y han ingresado a esa repartición estatal durante el desempeño de Terraf como presidente. Un caso puede considerarse fortuito. Dos casos podrían tomarse como una coincidencia. Pero once casos configuran un escándalo.
De acuerdo a la denuncia de Rougés, del plantel de Natación y Gimnasia se desempeñan en el Tribunal de Cuentas los jugadores Mariano Agüero, Matías Bascary, Patricio Bonilla, Tomás Juárez, Damián Juárez Luna, Federico Luna, Alejo Majolli, Ignacio Martínez, Matías Orlande, Gonzalo Páez y Ramón Sánchez.
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En definitiva, queda claro que Miguel Ángel Terraf habría incurrido en un mal cumplimiento de deberes de funcionario público, por lo cual se justifica que esté acusado de implementar prácticas corruptas para beneficiar a sus allegados y familiares en el marco de la financiación del equipo de rugby de Natación y Gimnasia, club al cual Terraf y su familia están vinculados, utilizando fondos públicos, como se mencionó en párrafos anteriores.
No en vano, en la presentación hecha en la Legislatura, Rougés destacó la cantidad de causas que involucran a Miguel Terraf, desde los negocios familiares y cómo se usaba la estructura del Estado para que facturen empresas vinculadas a su familia, hasta adjudicaciones con sobreprecios en Lomas de Tafí y obras no realizadas en el área de emergentología”.
Sobre el equipo de rugby: Rougés indicó en el programa Mil Disculpas que se transmite por Tucma TV que “es la demostración más patente y patética en la que un organismo de control de imposición de fondos públicos surja la designacion de un equipo como si fuera un miembro más del Tribunal de Cuentas”. Además, enfatizó en que “el organismo renunció a su misión básica de control y empezó a favorecer a sus allegados” con estas irregularidades.