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Echaron al cura que organizó la reunión de diputados libertarios con represores en Ezeiza

El Obispado de Zárate-Campana informó que no le renovó el permiso para desarrollar actividades pastorales en su distrito debido a “numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes que se oponían al testimonio cristiano”. La decisión se tomó después que la Conferencia Episcopal tomara distancia de sus gestiones

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El sacerdote Javier Olivera Ravasi, que organizó una reunión de diputados libertarios con represores, entre ellos Alfredo Astiz, en la cárcel de Ezeiza, fue echado de la Diócesis de Zárate-Campana, con el argumento de las “numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes que se oponían al testimonio cristiano”. La sanción se tomó luego de que la propia Conferencia Episcopal emitió un comunicado tomando distancia de las gestiones que hizo el cura y de fuertes gestos del papa Francisco que recibió a víctimas de la última dictadura militar.

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“Dado que en reiteradas ocasiones se recibieron en este Obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder. Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis”, informó en un comunicado difundido hoy.

Renovamos compromiso

Olivera Ravasi es hijo del ex militar Jorge Antonio Olivera, también condenado por violaciones a los derechos humanos, entre ellos el secuestro y desaparición de la modela Marie-Anne Erize. Fue el organizador de la reunión de seis diputados de La Libertad Avanza con una decena de condenados por delitos de lesa humanidad, que reclaman salir de la prisión debido a que tienen más de 70 años, afrontar problemas graves de salud y no tener condena firme.

“El sacerdote, presbítero Javier Olivera Ravasi, está incardinado en la Diócesis de San Rafael, Provincia de Mendoza, y fuera de la misma desde hace varios años. Por razones familiares que aludió, solicitó residir en esta Diócesis de Zárate -Campana, lo que se le concedió por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año, quien posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno”, recordó el obispado que es encabezado por Pedro María Laxague.

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¿Qué significa la sanción? Olivera Ravasi estudió en el ultraconservador Instituto del Verbo Encarnado, en Mendoza. Es abogado, se doctoró en filosofía e historia, fundó la Orden de San Elías a la que define como “una sociedad de vida apostólica que tiene por fin la misión ad gentes y el apostolado de la contra-revolución cultural” y sus manifestaciones públicas -es muy activo en redes sociales- generaron fuerte malestar en la Iglesia.

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De su paso por el Verbo Encarnado, el cura está incardinado o forma parte de la Diócesis de San Rafael, pero tenía permiso para actuar y residir en Zárate-Campana. De hecho, había fundado una capilla en un barrio privado y desde allí daba misa y ofrecía servicios religiosos.

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Sin embargo, su principal actuación no tiene que ver con el suministro de los sacramentos, sino que desarrolla una actividad que excede por mucho la que se realiza dentro de los templos. Olivera Ravasi está embarcado en lo que él denomina la “contra revolución cultural”, que va desde el rechazo a las doctrinas de género, a la ley del aborto y la crítica a la cosmovisión progresista, incluso dentro de la propia Iglesia Católica.

Participa en redes sociales, tiene el sitio y el canal de Youtube Que No te la Cuenten, desde donde expone sus ideas de fuerte raíz tradicionalista y conservadora. En el Episcopado de la Argentina sus posiciones -algunas que confrontan con las del papa Francisco- eran observadas con atención antes de que ocurriera la reunión en la cárcel federal de Ezeiza con los detenidos por delitos de lesa humanidad.

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