Después de seis años de denuncias, contradenuncias y todo tipo de planteos judiciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que serán tres los juzgados que entenderán sobre las presuntas irregularidades en la Obra Social de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (OSPIA). Así llegó a su fin un largo pleito sobre la competencia de los tribunales federales y provinciales para atender esta cuestión,
La denuncia fue presentada en diciembre de 2018 por los apoderados de Deolindo Alfredo Alderete, secretario de actas y revisor de cuentas de la entidad contra Sandro Taricco, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y José Antonio Leguizamón, administrador provisorio de OSPIA, entre otros.
Según la resolución del máximo tribunal del país, los denunciantes aseguraron que Taricco. habría designado ilegítimamente en ese cargo a Leguizamón, el que habría administrado la obra social en perjuicio de los intereses de los trabajadores, mediante el supuesto pago de sobreprecios a proveedores, el aumento irregular de su salario y la omisión de realizar reintegros por gastos de discapacidad.
Además, se denunciaron presuntas maniobras fraudulentas como la falsificación de firmas en formularios de afiliación y autorizaciones médicas, así como amenazas a trabajadores de la obra social.
La resolución
Luego de que los jueces federales y provinciales se declararan incompetentes, la Corte resolvió dividir la investigación:
– El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 deberá continuar la investigación sobre las circunstancias relacionadas con la designación del administrador provisorio de OSPIA.
– El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán deberá profundizar la pesquisa sobre el presunto delito de lavado de activos.
– El Juzgado de Instrucción Conclusional de nuestra provincia será competente para investigar la presunta administración fraudulenta de la obra social, el enriquecimiento ilícito, las amenazas y otras irregularidades que fueron denunciadas.
La Corte fundamentó su decisión al señalar que los hechos relacionados con la designación del administrador provisorio afectarían el normal funcionamiento de instituciones nacionales, mientras que el resto de los delitos denunciados no tendrían impacto directo sobre intereses federales.
En el juzgado federal de nuestra provincia ya comenzaron a tomar declaraciones a varios testigos.
