La causa es “DIAZ JOSÉ CÉSAR s/ SU DENUNCIA – DAMNIFICADO CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN”, Legajo: S-084797/2022, radicado en la UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA EN USURPACIONES, ESTAFAS Y CIBERCRIMINALIDAD N°2 a cargo del Sr. Fiscal CARLOS SALTOR.
“A través de reclamos de prestaciones dinerarias por fallecimientos por Covid-19 que no corresponden a siniestros laborales ni enfermedad profesional, se articulaban juicios de amparo cuyo único fin era percibir indemnizaciones contrarias a lo que estipula la ley, haciéndose de fondos públicos mediante operatorias fraudulentas”, agregó.
“Entre las inconsistencias se detectaron denuncias de empleadores indicando fechas falsas de último día de trabajo de los siniestrados; siniestrados eximidos de concurrir a sus lugares de trabajo por tener comorbilidades; empleadores falseando la causa de fallecimiento de los siniestrados”, sostuvo.
“En todos los casos las denuncias son efectuadas uno o dos años después de producidos los siniestros y no en oportunidad de tomar conocimiento de la enfermedad contraída por el empleado, lo que además impidió que POPULART le brinde las prestaciones contratadas”, agregó el letrado Bernal.
“Por pericias caligráficas realizadas por la Caja Popular de Ahorros se determinó que los formularios de denuncias y sus anexos fueron integrados por la misma mano caligráfica. El único punto en común que tienen los más de 70 siniestros observados es que todos son patrocinados por el estudio de abogados Campero – Sandoval – Pérez Lucena”, indicó el abogado.
“Luego de analizar información obtenida de los diferentes siniestros denunciados y de proceder a entrecruzar datos, recabar testimonios y otras tareas de investigación, la Caja Popular de Ahorros descubrió documentos falsos presentados por los implicados, como ser formularios de denuncias insertando firmas escaneadas y adulterando los mismos; estudios de detección de Covid19 que tenían resultado no detectable cambiando su resultado por detectable”, agregó.
“Se pudo llegar a esta conclusión a partir de que en sede administrativa fueron cotejados estos documentos falsos con los supuestos firmantes, donde negaron haber firmado los mismos y reconocieron que la documentación fue adulterada”, añadió el doctor Bernal.
“Llamativamente, las Comisiones Médicas en los casos en que interviene el estudio de abogados Campero – Sandoval – Pérez Lucena no valoraron la documentación aportada por la Caja Popular de Ahorros y no cursaron los antecedentes a intervención del sector de análisis de fraudes de la S.R.T., pese a los constantes pedidos por parte de POPULART y la existencia de múltiples pruebas que dan cuenta que los siniestros denunciados fueron montados por una red de fraudes”, manifestó.
“Actualmente, la causa se encuentra para decretar la apertura de la investigación. Los abogados a los que se hace referencia son Julio José Campero, Héctor Luis Sandoval y Mariana Pérez Lucena”, manifestó el abogado Bernal.
