La Dirección de Comercio Interior sancionó durante la mañana de ayer martes a la empresa Gasnor, sucursal Concepción, debido a que no se encontraba garantizando la atención personalizada presencial en esa filial. La empresa deberá pagar una multa de más de 100 millones de pesos por violar el artículo 27 de la Ley 24.240.
“Hemos venido a notificar esta sanción de más de 100 millones de pesos a la encartada Gasnor por no cumplir la atención personalizada presencial, de lunes a viernes, en la ciudad de Concepción”, informó el titular de la DCI, Manuel Canto.
Explicó que “la Dirección de Comercio Interior entiende que esta atención presencial personalizada debe ser garantizada por las empresas prestadoras de servicios públicos, tal como lo menciona el artículo 27 de la Ley 24.240”.
Además, el organismo de control consideró que “no se está dando esta atención en la ciudad de Concepción, en donde estas oficinas aglutinan a las ciudades aledañas, donde los usuarios que vienen a hacer los trámites deben viajar haciendo erogaciones y se encuentran con la noticia de que este lugar se encuentra cerrado y eso la verdad es un trato indigno, máxime cuando entendemos que los más perjudicados son los abuelos, las personas adultas, que incluso son las personas más puntuales que tiene esta empresa a la hora de cumplir”.
En este sentido, señaló que “ellos (adultos mayores) no tienen los mecanismos electrónicos para hacer los trámites, que la empresa menciona que están personalizados a través de la virtualidad”. Teniendo en cuenta esta situación, la Dirección de Comercio Interior remarcó que “seguirá trabajando y será inflexible para erradicar este tipo de conductas, ya que los servicios públicos deben ser de calidad y deben proteger por supuesto la dignidad humana”, dijo el funcionario.
“Por eso hoy la Dirección de Comercio Interior a cargo de Juan Carlos Bernard y de quien le habla vamos a seguir trabajando y vamos a ser inflexibles como nos enseñó nuestro Gobernador Osvaldo Jaldo en el verano que ha pasado en donde hemos conocido por todos sanciones pecuniarias elevadas para erradicar conductas y que los servicios públicos deben ser de calidad y deben proteger por supuesto la dignidad humana”, concluyó Manuel Cantos.
