Bernarda Navarro, propietaria de un local comercial de indumentaria ubicado en el centro de Concepción, sufrió hace dos semanas la visita de ladrones que, durante la noche rompieron la vidriera y se llevaron casi todo lo que tenían a mano.
Expuso como corresponde el suceso ante la comisaría local, pero pasaron los días y aún con la incorporación de la Brigada de Investigaciones, no se registraban avances en la pesquisa, por lo que decidió ella misma a investigar el caso.
Hizo un llamado vía redes sociales pidiendo colaboración para dar con sus bienes y se llevó una sorpresa: otros 18 comerciantes y vecinos de la zona le contaron que en apenas diez días también habían sido víctimas de robos sin esclarecer.
Bernarda se convirtió sin haberlo planeado en la líder de una movida que apunta a exponer la escalada de inseguridad que afecta al municipio sureño, y requerir mayor presencia de policías y móviles y una respuesta más eficiente de la justicia.
Los comerciantes damnificados, respaldados por el Centro de Defensa Comercial del Sur (CDCS), comenzó por el intendente, Alejandro Molinuevo, quien convocó a una reunión interinstitucional, que contra con representantes de la Justicia, las fuerzas de seguridad y de entidades intermedias, para debatir la problemática y aunar esfuerzos que la frenen.
El encuentro, además del jefe comunal contó con la presencia de la jueza Elena Grellet; el juez penal Edgardo Sánchez; el presidente del Centro de Defensa Comercial, Gerardo Orlando, y jefes de la Regional Sur de la Policía provincial y de la Federal, entre otros.
Las autoridades escucharon a los comerciantes que, entre otras quejas, condenaron que una ciudad de más de 80.000 habitantes, disponga en la comisaría local de una guardia de tan solo cuatro efectivos y nada más que un móvil.
Tras el debate se decidió conformar un Consejo de Seguridad Institucional, integrado por representantes de la justicia, la policía y los comerciantes, que tendrá la función de hacer un seguimiento de la inseguridad y consensuar acciones conjuntas que contribuyan a mejorar las respuestas que demandan la comunidad.
El intendente Molinuevo dijo que “si bien la seguridad no es competencia primaria de este Gobierno local, trabaja articulando acciones concretas en la ciudad. Nuestra Guardia Urbana actúa en la prevención de delitos junto al Centro de Monitoreo y el Ministerio fiscal”.
El burgomaestre sureño remarcó la necesidad de que el municipio cuente con más más efectivos y móviles policiales que puedan llegar patrullando a mas sectores de la ciudad.
“Los distintos referentes del medio se comprometieron a realizar operaciones coordinadas y solicitar a la ciudadanía que se involucre denunciando, con garantías de protección, los delitos que ocurran y que puedan contribuir a identificar a los autores de los delitos”, recalcó.
El titular del municipio anticipó que la Intendencia hará su aporte colaborando con distintas obras como la recuperación del inmueble de la Brigada Femenina de la policía y la instalación de una oficina de denuncia directa del Ministerio Público Fiscal.
Barros, jefe de la Regional Sur, aseguró que todo el personal de su dependencia está permanentemente disponible con el fin de responder a las demandas de la población, al tiempo que aclaró que todos los días se detienen a personas involucradas en delitos, a tal límite que la comisaría ya no dispone de espacio para albergarlas.
“Registramos hoy 230 detenidos desplegados en distintas dependencias del sur tucumano. Los de concepción, frente a la falta de espacio, son derivados a otras comisarías”, detalló el uniformado.
“La realidad es que la población de este municipio creció bastante y demanda al menos de otras dos seccionales. Nosotros trabajamos sin descanso y eso lo revelan las estadísticas crecientes de procedimientos y detenciones. Trabajamos sobre las consecuencias y hay otras cuestiones que también hay que abordar con mayor énfasis”, concluyó el jefe policial.
