Diego Luciani contó su experiencia tras acusar a Cristina Kirchner: “Padecimos intromisiones inconcebibles”

“La corrupción pública y privada es una de las más grandes calamidades que fustigan a nuestro país desde hace, por lo menos, 30 años. Digamos las cosas por su nombre: la corrupción es un grave atentado contra la democracia y, principalmente, contra los derechos humanos, ya que desapodera de recursos públicos a sectores vulnerables, para enriquecer a los corruptos y a los amigos del poder”, comenzó ayer su exposición el fiscal federal Diego Luciani en el inicio de la jornada sobre “El rol del Poder Judicial en la lucha contra la corrupción”. Compartió el panel con François Valérian, presidente de Transparencia Internacional; el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez; la jueza nacional en lo Criminal Alejandra Provítola; y la moderación de Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano.

“En un país como el nuestro, donde desde hace muchos años, tenemos cifras inaceptables de personas en situación de pobreza, el saqueo de bienes del Estado es un acto execrable. Frente a estas consecuencias tan graves, es imprescindible mantener una posición infranqueable de tolerancia cero a la corrupción”, continuó el titular de la Fiscalía Nº 1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal en el auditorio del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF). El representante del Ministerio Público Fiscal consideró fundamental, además, “visibilizar y exhibir los graves costos de la gran corrupción; eso puede contribuir a generar una reacción saludable por parte de la ciudadanía y a fomentar una cultura de integridad”.

Organizado por Poder Ciudadano, Transparencia Venezuela, Transparencia Internacional, la Due Process Law Foundation, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, y el propio Colegio, el encuentro incluyó ponencias de referentes en la lucha contra la corrupción de Perú, Guatemala, Ecuador, Honduras y Venezuela, que analizaron esta problemática en la región, su expansión transnacional y, en particular, el caso del régimen venezolano. Participaron también el juez federal Daniel Rafecas, el ex ministro de Justicia Germán Garavano y el secretario general del CPACF, Martín Casares.

La jueza nacional Alejandra Provítola, el fiscal Luciani y Francois Valérian, titular de TI, en el auditorio del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal (Crédito: CPACF)

“Juzgar al poder mientras se está en el poder es un trabajo titánico, de mucho esfuerzo, que pone a prueba nuestra fortaleza mental, nuestras convicciones y nuestras propias limitaciones. Nosotros padecimos, casi en soledad, situaciones impensadas en democracia”, sostuvo Luciani, quien tuvo a cargo -junto a su colega Sergio Mola– la acusación en el juicio de Vialidad en el que terminó condenada la ex presidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión. La ex mandataria fue acusada del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por el direccionamiento de obras viales en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez. La sentencia incluyó al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, y a otros ex funcionarios, además de a Báez. El fallo fue apelado y aguarda una definición de la Cámara Federal de Casación Penal.

En su intervención, Luciani mencionó los avatares que atravesaron junto al fiscal Mola y el equipo de trabajo durante el juicio de Vialidad, que se extendió por tres años, entre mayo de 2019 y diciembre de 2022, con una suspensión del proceso en el medio durante la pandemia. “No descansamos ni un solo día para tratar de que se reanudara de diferentes maneras. Había mucha resistencia para que eso suceda”, aseguró.

“Padecimos intromisiones inconcebibles por parte del (entonces) Presidente de la Nación, de sus ministros, de sus funcionarios, en especial durante los alegatos. Yo, mi familia, el doctor Mola, fuimos sometidos a operaciones mediáticas tendientes a desestabilizarnos y, justamente, amedrentarnos”, señaló. Y adjudicó este “hostigamiento” a “los medios de comunicación colonizados por la corrupción”.

Ante la mirada atenta de Valérian que estaba sentado a su lado, Luciani recordó que “el mismo presidente de la Nación (por Alberto Fernéndez), dos días después de terminado nuestro alegato, dijo ‘Nisman se suicidó. Yo espero que Luciani no se suicide’. Mis hijas estaban mirando la televisión en ese momento. La hipótesis investigativa es que a Alberto Nisman lo mataron”.

Posteriormente, en el coffee-break y fuera de micrófono, el fiscal daría más detalles a un interlocutor sobre el “costo personal muy alto” que tuvo para su familia llevar adelante los alegatos en la acusación contra Cristina Kirchner. Y comentó indignado lo que generó al interior de su grupo más cercano el posteo en la red Xde la ex mandataria vinculándolo al macrismo por un obituario del diario La Nación de mayo de 2021 donde el ex funcionario del gobierno de Cambiemos Fabián Pepín Rodríguez Simón enviaba sus condolencias por la muerte del cuñado de Luciani, Manuel de Abelleyra, hermano de su esposa, fallecido a los 50 años por coronavirus durante la pandemia.

El fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, actuó como fiscal ad-hoc en el juicio contra Cristina Kirchner

En ese contexto que definió como hostil, Luciani destacó especialmente durante su exposición la actitud de su colega Mola, presente en el auditorio del CPACF, quien siendo fiscal federal de Lomas de Zamora fue designado por el Procurador General, Eduardo Casal, como fiscal ad-hoc para colaborar con la acusación. “A pesar de todas estas presiones, impensadas en democracia, el Dr Mola – que tiene todo mi reconocimiento -, vino a dar una mano en esta causa. Nunca dudamos de lo que debíamos hacer. Nos mantuvimos firmes en nuestros principios, en nuestras convicciones y no pudieron doblegarnos”.

Luciani recordó que durante el juicio se produjo el recambio de gobierno, con la salida de Mauricio Macri y la llegada de Fernández, acompañado por Cristina Kirchner como su vicepresidenta. Esto – afirmó – tuvo un impacto en dos organismos claves, que eran querellantes en ese expediente hasta ese momento. “La Oficina Anticorrupción (OA) dejó de ser querellante en nuestra causa y en otras de corrupción, y sus abogados fueron cambiando. Se pudo ver la falta de independencia de la OA. Es el Presidente el que nombra a su titular, es decir, nombra a quién quiere que lo controle. La Unidad de Información Financiera (UIF), por su parte, se transformó prácticamente en una defensa más, cumplió un papel vergonzoso durante el juicio, y solicitó absoluciones absurdas”.

Vinculó este cambio de postura de la OA y la UIF con un peor desempeño en la evaluación a la que está siendo sometido el país por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). “Hoy estamos padeciendo estas consecuencias. Argentina corre un serio riesgo de ingresar en la Lista Gris del GAFI. Y esto también está relacionado con la falta de independencia de esos organismos de control”. El GAFI es una organización intergubernamental que fija los estándares y normativas internacionales para prevenir y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

En relación a las presiones que dijo haber sufrido durante el juicio, Luciani afirmó que “la aprobación de declaraciones constitucionales de independencia judicial no crea automáticamente un Ministerio Público Fiscal o un Poder Judicial independiente. La independencia debe ejercerse a diario, debe defenderse con templanza, en especial la presión del poder político. Y vaya si tanto Sergio (Mola) como yo podemos dar fe de esto. Cuando ocurren estos embates tan desestabilizantes, tendientes a neutralizarnos, es fundamental mantener la calma, aferrarse a los hechos, a las pruebas, a la ley y a la Constitución Nacional”.

Luciani y el presidente de Transparencia Internacional fueron parte del primer panel del evento sobre “El rol de la Justicia en la lucha contra la corrupción”

En exposición Luciani abordó, también, la dificultad para abordar casos complejos de corrupción en donde se debaten cuestiones técnicas específicas, que no están vinculadas a los tipos penales. “Las acciones tendientes a desapoderar los bienes del Estado no son visibles en la inmensa mayoría de los casos. La misma administración pública los intenta esconder, los camufla, los encubre con fórmulas de aparente legalidad. Y somos los fiscales los que tenemos que correr ese velo. Somos los fiscales los que tenemos que mostrar el desfalco, el desvío de fondos y exhibir a la red de corrupción”.

Y advirtió que “esto, obviamente, genera una reacción violenta de quienes contra quien los pone en evidencia, porque la corrupción quiere conservar sus propios privilegios”.

Luciani dijo que a esto, se agrega la escasez de recursos de la Justicia para afrontar esa tarea. “Para dejar al descubierto una maniobra compleja se necesitan muchísimas horas de esfuerzo, mucho estudio, mucho compromiso, mucha disciplina para cumplir con nuestro deber. Debemos especializarnos en saberes que son ajenos al derecho penal, y debemos abordar cuestiones económicas, presupuestarias, estadísticas, vinculadas a otra rama del derecho, como el civil, comercial y administrativo. Y lo tenemos que hacer con escasos recursos, por lo que tenemos que administrarlos con mucha eficiencia, ser muy inteligentes, y establecer prioridades”.

A continuación enumeró algunas cifras que dan cuenta de la dimensión de lo que fue la preparación de la acusación en el juicio. Precisó que las maniobras investigadas en la causa de Vialidad implicaron “un perjuicio estimado de manera objetiva y comprobable de casi 1.000 millones de dólares”. Luciani, Mola y un equipo conformado por seis personas abocado al expediente tuvieron que analizar y trabajar un enorme caudal de información que incluyó con 70 cuerpos de actuación, una causa principal y 51 procesos licitatorios. “Cada uno de estos cuerpos tenía entre 20 y 30 cuerpos más. Diferentes expedientes vinculados que tenían que ver con modificaciones de obras ilegales, ampliación de plazos infundados, anticipos de pago, prórrogas injustificadas, redeterminaciones ilegales de precios. En total, fueron más de 5.000 expedientes. Además, había causas satelitales por lavado, enriquecimiento y documentación que fuimos pidiendo a los distintos organismos, como la AFIP, la AGN, la IGJ, leyes de presupuesto, quiebras, testamentos”.

Luciani contó que tuvieron que “diseñar diferentes estrategias para mostrar la prueba, contestar 51 planteos preliminares, preparar los interrogatorios de las testimoniales que duraban entre cuatro o cinco, seis y 12 horas, y, en paralelo, responder planteos de las defensas, preparar el alegato y atender otras 200 causas en la Fiscalía”.

El fiscal Diego Luciani durante su alegato en el juicio por Vialidad

“Un solo caso de gran corrupción nos demandó tres años de debate, más de 130 audiencias, 600 horas de debate, más de 100 testigos y 70 horas de alegatos. Todo esto intentando hacerlo en un lenguaje claro para que lo entienda toda la ciudadanía. Y además utilizando la tecnología para mostrar todas las pruebas a las que nosotros hacíamos referencia”, rememoró sobre las audiencias en las que expuso, junto a Mola, la acusación y los cargos contra los 13 acusados. En un cálculo casero, en su Fiscalía estimaron que la acumulación de horas trabajadas fue de unas 74.000.

“Si no hubiese sido por la dedicación y el esfuerzo de Sergio Mola y el equipo de trabajo, hubiera sido imposible hacerlo, y poner al descubierto a una organización criminal conformada por altos funcionarios del Poder Ejecutivo que lo hicieron por más de diez años y se robaron fondos del Estado”, afirmó, generoso con su colega en el auditorio. “Hubo que probar que más de 50 licitaciones se trataban de una ficción, que en cada una de estas licitaciones no se respetaron ninguno de los principios de contratación pública, con convocatorias sin previsión presupuestaria, resoluciones para anular los controles, canales privilegiados de pago y sobreprecios y cómputos millonarios”, señaló.

“En el alegato, no solo le hablamos a los jueces y a las partes, sino también a la sociedad. Y para hablarle a la sociedad, hay que hacerlo de manera clara. ¿Si yo les digo a ustedes de que el empresario elegido por el poder se quedó a lo largo de diez años con 400.000 hectáreas, ustedes van a decir ‘qué son 400.000 hectáreas’. Pero si les digo que esas 400.000 hectáreas representan 20 ciudades de Buenos Aires, empezamos a tomar dimensión de la gravedad de la corrupción”, continuó.

“Le hablamos a una sociedad que está harta de la corrupción, que le exige a la Justicia valentía, celeridad, eficiencia, que quiere creer en ella. Por eso dijimos una frase cargada de sentido: Es corrupción o justicia”, aseveró vehemente, retomando una de las frase que marcaron su alegato en el juicio.

Sobre el final, se refirió a las dificultades de “enfrentar al poder” y concluyó: “Necesitamos más fiscales y jueces honestos, íntegros, libres de todas ataduras que ejerzan su independencia con valor”.