Como segundo punto del orden del día de la sesión legislativa de ayer figuraba un dictamen por el cual se autorizaba al Poder Ejecutivo (PE) a transferir en donación al Siprosa de un terreno para la construcción de una torre oficinas. En el recinto solamente se escuchó “vamos a pedir que el proyecto vuelva a comisión”, y la moción se aprobó sin ningún tipo de polémica. Sin embargo, la petición realizada por el propio oficialismo ocultaba reclamos, llamados a última hora y tensiones entre autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Municipal.
Ocurre que las tierras en cuestión tienen una dimensión de dos hectáreas y están ubicadas en el parque 9 de Julio, detrás de donde funciona el 107 (avenida Brígido Terán y José Ingenieros). Y el principal pulmón verde de la Capital se encuentra protegido por diversas leyes, entre ellas la que crea el Sistema de Protección del Patrimonio Cultural de la Provincia (7.500). Por lo tanto, en un proyecto del PE se solicitaba su desafectación y la transferencia para la construcción de un edificio para las oficinas de la Junta de Evaluación de Discapacidad.
Sin notificación
El tema en cuestión generó un fuerte malestar en la Municipalidad que conduce la intendenta Rossana Chahla, dado que nunca se notificó a la Municipalidad sobre el tema y porque hay normativa vigente que impide edificaciones nuevas. Trascendió que se enteraron en la noche previa a la sesión, ante una consulta de una parlamentaria. Esto derivó llamados de teléfono a última hora para solicitar explicaciones al Ejecutivo y requerir al Legislativo que retiren el tema del orden del día.
Cuando ingresó, el proyecto se giró a las comisiones de Legislación General y a Salud, pero no a la de Cultura. Se supo también que el comité de Patrimonio de la Provincia no fue consultado al respecto. Fuentes remarcaron que el dicha comisión viene actuando para que no se construya nada más en el parque, dado que el espacio verde por persona en Tucumán “está muy por debajo del admisible”.
