La muerte de un condenado en una dependencia policial dejó al descubierto una dura realidad. Habría más de 200 personas que siguen privadas de su libertad en comisarías, pese a que están en condiciones de recuperarla o de comenzar a gozar de los permisos de libertad asistida.
Abel Delgado (27 años) fue detenido el 2 de agosto por una causa de violencia de género. Pese a ser paciente HIV, fue alojado en una celda común sin ningún tipo de cuidado. Fue condenado a ocho meses de prisión efectiva el 6 de septiembre. Sus compañeros de encierro viralizaron un video donde aparecía su grave estado de salud. Lo hicieron para pedir la intervención de los organismos de Derechos Humanos. Por una presentación realizada por Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, la Justicia autorizó a que fuera trasladado a un centro asistencial. El jueves 19 fue llevado al Hospital Avellaneda, donde falleció horas después.
El comisionado Fernando Korstanje informó que la Policía le informó que en las comisarías de la provincia hay unos 250 condenados que cumplieron la mitad o los dos tercios de la condena, por lo que les corresponde recuperar la libertad, acceder a salidas transitorias o a la libertad condicional, pero siguen alojados en las dependencias policiales.
“Cuando solicitamos una reunión con los jueces nos dijeron que no pueden hacer nada porque como hay un sistema adversarial, ellos son imparciales y tienen que resolver el pedido de las partes”, explicó Korstanje.
Otro aspecto que señaló el comisionado y que agrava la problemática carcelaria es la poca participación del Ministerio Pupilar de la Defensa en los procesos de ejecución. Ante su ausencia, contó que junto a la Policía comenzaron a trabajar en conjunto para sacar de las comisarías a los presos que ya cumplieron su condena completa o parte de esta.
“Nos avisa en qué comisarías hay presos que ya cumplieron los dos tercios, nosotros verificamos su situación y le hacemos firmar al preso un pedido por derecho propio. Les estamos enseñando a defenderse por su cuenta ante la ineficiencia y la irresponsabilidad de sus defensores”, sostuvo Korstanje.
Formulario estándar
El pedido que presentan los detenidos es un formulario estándar en el que le informan sus datos personales, el estado de su condena y en dónde están alojados y le solicitan al juez la libertad condicional. Lo firman y lo envían sin necesidad de que intervenga un abogado.
“Estamos una comisión de la prevención de la tortura sin presupuesto trabajando junto a la Policía para garantizar los derechos de los presos, que no son garantizados ni por los jueces ni por los defensores”, manifestó el representante provincial.
Semanas atrás, los referentes del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) solicitaron investigar a los jueces y juezas de Ejecución de Tucumán por los vejámenes a presos en las comisarías de la provincia.
Comunicado oficial: la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal respondió a la denuncia penal
El 17 de septiembre el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) realizó una denuncia penal para que el Ministerio Público Fiscal investigue si los jueces de Ejecución de Tucumán omiten evitar las torturas, vejámenes u otras conductas a los detenidos en las comisarías. La noticia causó un gran revuelo, por lo que la Aajep emitió un comunicado considerando injusta tal acusación.
En el documento manifestaron que la responsabilidad sobre el alojamiento de las personas privadas de libertad recae sobre los tres poderes del Estado y no solamente el Judicial. “Los jueces y juezas de Ejecución Penal trabajan con el compromiso de garantizar el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos, dentro de los márgenes establecidos por el sistema judicial y el contexto carcelario en el que operan. Culpar a los magistrados y magistradas por la falta de infraestructura adecuada es desviar la atención de las causas reales del problema, cuya solución requiere la intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo”. A su vez recordaron que los establecimientos de alojamiento carcelario se encuentran bajo la órbita de los Gobiernos Provincial y Nacional, y son estos quienes deben garantizar condiciones de detención dignas y acordes con los estándares constitucionales e internacionales.
“Denunciar a juezas y jueces, no sólo distorsiona la realidad, sino que también obstaculiza los esfuerzos para encontrar soluciones profundas a un problema que afecta a toda la sociedad”, finalizó la asociación.
