“No se está dimensionando la gravedad del caso. Estamos ante un caso gravísimo que no puede quedar impune. No estamos a favor de ningún acuerdo, vamos a trabajar para que se aplique la máxima pena”, aseguró el gobernador Osvaldo Jaldo al argumentar los motivos por los que decidió que la Provincia sea querellante en la causa por el robo de agua que dejó sin suministro a por lo menos 7.000 usuarios de Yerba Buena.
Según la acusación que realizó el auxiliar Rodrigo Bilbao, siguiendo las instrucciones de la fiscala María del Carmen Reuter, el citricultor Juan Zamora, por lo menos desde mayo de 2023, contratando personal especializado, rompió la cañería central de la toma que está en el río Las Piedras y que lleva el líquido a la cisterna de Lomas de Imbaud de la Sociedad Aguas del Tucumán. Hizo una conexión clandestina para abastecer una laguna artificial de su propiedad, entorpeciendo el normal funcionamiento del servicio público de provisión de agua potable en la vecina ciudad.
El martes se realizó la audiencia en contra del acusado, que actualmente se encuentra en Roma. Bilbao comentó que la investigación se inició el 24 de septiembre a raíz de una denuncia realizada por los profesionales de la SAT que descubrieron el ilícito mientras averiguaban cuál era la razón del faltante de agua. En una semana, no solo encontraron las evidencias para responsabilizar penalmente a Zamora, sino para sospechar que después de haberse descubierto el caso, el productor podría haber realizado maniobras para encubrir el caso.
La audiencia
En el debate, Bilbao solicitó que Zamora sea acusado de robo agravado y de usurpación de agua, pedido que fue compartido por los representantes legales de la SAT, Valeria Abdo y Walter Ojeda, y rechazado por los defensores Camilo Atim, Juan Pablo Di Lella y Pablo Campero Romano.
El juez Federico Moeykens resolvió que Zamora debe afrontar los cargos de robo simple que se agravó por haber perjudicado a miles de usuarios. El delito por el que fue acusado contempla una pena de un mes a seis años de prisión.
EL ACUSADO. El productor citrícola Juan Zamora.
Por la gravedad del caso, el magistrado ordenó tomar una serie de medidas en contra de Zamora para asegurar la investigación y evitar que el sospechoso evada el accionar de la Justicia. Entre otras, lo obligaron a presentarse ante las autoridades el 11 de octubre, interrumpiendo así una gira de negocios que está realizando en Europa; le prohibieron salir del país sin autorización; le aclararon que no podía realizar ninguna maniobra que pusiera en peligro la investigación; y lo obligaron a cubrir una caución de $100 millones para que siga el proceso en libertad. Si llegara a incumplir algunas de estas medidas, se denunciará el caso y podría terminar detenido.
Una luz
Para los defensores del acusado, la resolución que tomó Moeykens les dio la posibilidad de una salida alternativa, como lo establece el artículo 13 del código procesal penal. El plan A habría sido llegar a un acuerdo de una probation o suspensión de juicio a prueba, es decir, aceptar el pago de una millonaria reparación económica para evitar el proceso penal, que nada tiene que ver con haber cubierto la caución.
El Plan B, según confiaron fuentes judiciales, consistía en finalizar el expediente a través de un juicio abreviado que consistiría en aceptar la culpabilidad a cambio de recibir una condena leve (en este caso de cumplimiento condicional) y aceptar pagar una importante suma de dinero como reparación por el daño realizado.
Sin embargo, tanto el representante del Ministerio Público como la querella pretenden que Zamora sea condenado por el delito por el que fue acusado. “Nuestros abogados no recibieron ninguna instrucción para que lleguen a un acuerdo. Queremos ir hasta las últimas consecuencias. Este tipo de hechos no se pueden permitir más y deben ser sancionados”, explicó el titular de la SAT, Marcelo Caponio, en declaraciones. “Es importante aclarar que esto es sólo una denuncia penal; también vamos a reclamar una reparación económica”, añadió.
No se informó la postura de Reuter, pero fuentes judiciales informaron que la decisión del ministro Fiscal Edmundo Jiménez sería que Zamora reciba una condena ejemplificadora por el daño que le generó a unos 7.000 usuarios de distintos sectores de Yerba Buena.
Rotundo cambio
Pero todas las especulaciones que se tejieron durante la mañana, quedaron de lado al mediodía cuando se conoció que la Provincia asumiría el rol de querellante en la causa.
“El robo y el desvío de cursos de agua no solo constituyen un ataque directo a los bienes del Estado, sino que también atentan contra el derecho de la población a acceder a un recurso esencial para su vida y desarrollo. Estos actos ilegales perjudican la integridad de los ecosistemas locales, comprometen la calidad de vida de las comunidades y socavan la capacidad del Estado para cumplir con su función de garantizar un entorno saludable y sostenible”, se puede leer en el escrito presentado en la fiscalía de Reuter que lleva la firma de Leonardo Debono, director judicial de Fiscalía de Estado.
“Nuestra presentación obedece a la necesidad de buscar y sancionar a los responsables de estos graves delitos, sean particulares o funcionarios públicos de cualquier esfera, porque consideramos imprescindible llevar a fondo este tipo de investigaciones penales para la máxima protección del interés general en tanto la necesidad de fomentar un uso sostenible de los recursos hídricos en nuestra jurisdicción”, detalló en el escrito.
La decisión tomada por el titular del Poder Ejecutivo tomó por sorpresa al entorno del acusado y a sus defensores. Pese al hermetismo, LA GACETA pudo establecer que cambiarían la estrategia defensiva, puesto que ya saben que tomarán este caso como un ejemplo, por lo que la situación procesal de Zamora puede cambiar con el correr de las horas.
El proceso
Los profesionales del Estado ya pidieron a la fiscalía que investigue al productor por otros delitos. Además de desvío y robo de agua, pretenden que se lo investigue ilícitos contra la seguridad del servicio público, de estrago público, violación de la Ley General del Ambiente y responsabilidad por daño ambiental.
Si bien es cierto que la querella puede colaborar con el Ministerio Público, Reuter ya tomó otras medidas para profundizar la investigación.
La acusación en contra de Zamora es provisoria. Eso significa que las partes pueden solicitar que se agrave la imputación con el correr de los días y podría terminar con un pedido de detención en contra del citricultor.
Glosario: el significado de algunos términos que surgieron en este caso
Probation: también conocida como suspensión del juicio a prueba, es una forma de extinción de la acción penal respecto del imputado que cumplió determinadas reglas de conductas durante un período de prueba fijado por el tribunal que la concedió, siempre que se reúnan los recaudos legalmente establecidos.
Caución: depósito de dinero, efectos públicos o valores cotizables, otorgamiento de prendas o hipotecas, por la cantidad que el juez determine, para evitar continúe ligado al proceso penal del que está acusado.
Juicio abreviado: el juicio abreviado permite llegar a una condena de hasta 10 años de prisión mediante un acuerdo entre el acusado, su defensa, la fiscalía y la víctima querellante. Es una herramienta que aporta celeridad y economía al proceso penal, con una solución rápida y consensuada del conflicto.
Más controles: Caponio dijo que es imposible determinar cuánto es el daño generado
Estamos trabajando para colaborar con la investigación porque pretendemos llegar hasta las últimas consecuencias. Quedan varios puntos por aclarar”, comentó el titular de la Sociedad Aguas del Tucumán. “Por ahora es imposible hacer un cálculo del daño que causó con este ilícito. ¿Cuánto representa dejar sin agua a las escuelas, al hospital Ramón Carrillo y a unos 7.000 usuarios? Eso no se puede cuantificar en dinero, pero sí se puede decir que es un hecho muy grave y que merece ser castigado. Esto no significa que exigimos una sanción penal y una reparación económica importante”, añadió.
Caponio aclaró que ahora hay que avanzar con la investigación. “No nos podemos quedar con que (Juan) Zamora tenía una laguna, tenemos que indagar si había otras personas que la usaban y a dónde iban los productos que se cosechaban en sus campos”, aseguró el funcionario.
El titular de la SAT informó que ayer se reunió con las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán por la denuncia que realizaron sobre el robo a través de un WhatsApp. “No sólo acordamos cambiar ese sistema, sino que el lunes, guardaparques y personal de la empresa recorrerán de punta a punta el acueducto que alimenta la cisterna de Lomas de Imbaud. La idea es comprobar o descartar la existencia de otras conexiones clandestinas. Nos acompañarán escribanas que dejarán asentada la irregularidad e inmediatamente se hará la denuncia correspondiente. Sea quién sea deberá dar las explicaciones correspondientes”, finalizó.
