Tras la videoconferencia de ayer, hoy por la tarde el Gobierno definió una serie de medidas para atenuar el pago de las cuotas de los colegios privados en medio de la cuarentena obligatoria. Las recomendaciones dan autonomía a las escuelas para que sean ellas las que, de acuerdo a su realidad, tomen las decisiones que crean necesarias.
Como habían consignado ayer las cámaras de colegios privados y las autoridades del Ministerio de Educación nacional, no se impulsan rebajas porcentuales de las cuotas. En cambio, sí se anulan los gastos de los servicios accesorios como el comedor y el transporte escolar mientras las clases estén suspendidas.
A su vez, se insta a que cada escuela, conociendo la situación económica de sus familias, considere postergar el pago de los aranceles o quite los intereses de las deudas contraídas.
En la reunión virtual del miércoles, habían participado el ministro de Educación Nacional, Nicolás Trotta, y representantes de las cámaras que nuclean colegios privados: COORDIEP, CONSUDEC y CAIEP. También participaron representantes del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) y de la Asociación de Colegios Privados de la provincia de Buenos Aires.
Al respecto, Trotta expresó: “Frente a la incertidumbre que atraviesan las familias convocamos a las asociaciones que nuclean a los colegios privados y consensuamos: congelar aranceles, no cobrar servicios directos interrumpidos, diferir el pago de un porcentaje del total del arancel para aquellas familias que no puedan afrontarlos y flexibilizar o extender las fechas de pago. Estas recomendaciones deberían ser un horizonte que lleve tranquilidad a las familias e induzcan a la responsabilidad institucional en todas las escuelas de gestión privada”.
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El ministro destacó la buena voluntad de diálogo de las cámaras y agregó que “las instituciones se mostraron comprometidas para atender las situaciones familiares especiales en el marco de la pandemia, con la posibilidad de otorgar becas o aplicar descuentos en las cuotas”.
El diálogo surgió a partir de la inquietud de muchas familias que reclaman una rebaja en las cuotas en un momento de parate de la economía y de suspensión de las clases presenciales. Por su parte, las cámaras plantearon que el dictado de clases seguía su curso por la vía virtual y que, sin el cobro de aranceles, no podían sostener el pago de sueldos a docentes y no docentes.
“Se consensuó que el mejor modo de resolver el problema era a través de la alianza familia-escuela, con una lógica de responsabilidad y solidaridad. Se les pide a los colegios que atiendan las situaciones particulares. Que maneje alternativas como diferir o mejores los planes de pago, dar ayudas transitorias o mejorar los planes de becas. Pero para que eso sea posible, es necesario garantizar que una mayoría pague a tiempo”, explicó a Infobae Rodolfo De Vicenzo, representante de CAIEP.
En total en el país, hay 17 mil colegios privados. En algunas provincias del NEA y NOA, por caso, la matrícula apenas representa el 10% del total. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires, más de la mitad de los alumnos asiste a sus establecimientos. A eso se le suma la diferencia en cuanto al subsidio estatal: la mayoría de las escuelas privadas pagan al menos una parte de los salarios con los aportes del Estado. Otras, en cambio, solo se sostienen con las cuotas que pagan los padres.
“Es una realidad muy variopinta. Por eso, una medida de tendencia central no iba a ayudar en nada. La fuerte dispersión no lo permite. Ni los ministros ni las organizaciones conocemos al detalle la situación de cada familia. Solo la escuela lo conoce”, consideró De Vicenzo.
El paquete de medidas
1. Preservar las fuentes de trabajo de los docentes, no docentes, auxiliares y personal directivo de las escuelas de gestión privada, asegurar el pago de los salarios, garantizar el derecho a la educación y adecuar las condiciones de trabajo remoto, en caso de que fuera necesario, para preservar la salud de trabajadores/as y estudiantes.
2. Congelar el valor de los aranceles hasta que concluyan las medidas de aislamiento social y preventivo obligatorio; y retrotraer los aumentos que se hubieren producido con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto N° 260/2020.
3. Suspender la facturación o aplicar descuentos en los accesorios al arancel que respondan a servicios directos interrumpidos (ej. comedor) u otros servicios extraescolares.
4. Diferir a solicitud de las familias el pago de un porcentaje del total del arancel facturado para meses subsiguientes en favor de quienes no puedan afrontarlo, tomando como máxima referencia las necesidades para garantizar el pago de sueldos, cargas sociales y gastos ineludibles para el sostenimiento del Plan de Continuidad Pedagógica.
5. Flexibilizar, reprogramar o extender las fechas de los vencimientos de pago de cuotas o aranceles, restringir los recargos financieros por mora en el pago (intereses), y suprimir las multas y otras penalidades o accesorias durante un plazo no menor al del aislamiento social y preventivo obligatorio.
6. Abstenerse de aplicar medida restrictiva alguna al acceso a las herramientas de aprendizaje por cuestiones vinculadas al pago de los aranceles.
7. Atender situaciones familiares especiales, con la posibilidad de otorgar becas y ayudas transitorias conforme a la realidad de las familias y de cada institución.
8. Analizar la estructura de costos y los ahorros posibles sosteniendo las erogaciones esenciales, a fin de disponer, cuando ello sea posible, un descuento en los aranceles; manteniendo la remisión de información conforme a la normativa aplicable.
9. Implementar estas medidas durante el aislamiento social preventivo y obligatorio y, una vez concluido, por un plazo idéntico al transcurrido en tal situación. Es decir, el doble de lo que se extienda la cuarentena.
