El secretario de Transporte, Franco Mogetta, había anticipado que, luego de la expulsión, el Gobierno avanzaría con causas judiciales contra los sindicalistas.
La advertencia de Mogetta se difundió en medio del conflicto por los dos paros convocados por Biró en las primeras semanas de septiembre. El secretario de Transporte había confirmado la expulsión del secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y afirmó: “Es una decisión tomada”.
Con esta decisión el Estado Nacional, principal accionista de Aerolíneas, determinó que Biró deje de ser el representante de los trabajadores en la empresa. Se prevé que la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que lidera Biró, responda con una presentación judicial para intentar revertir la decisión.
La asamblea se realizó en las oficinas de la aerolínea de bandera en el Aeroparque Metropolitano, con el siguiente orden del día: “Designación de dos accionistas para firmar el acta; remoción con causa del director Pablo Biró por violación de los deberes impuestos a los directores conforme el artículo 59, 274 y concordantes de la ley de Sociedades”.
Biró había sido denunciado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en la segunda semana de septiembre. Fue acusado de haber cometido un acto ilícito bajo la figura del delito de amenazas extorsivas, contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal, por sus declaraciones luego de que el Gobierno anunció que iba a declarar el transporte aéreo como esencial. En ese momento, Biró aseguró ante los medios: “Esto se va a poner mucho peor”.
El titular de APLA quedó en la mira del Gobierno en el conflicto del transporte aeronáutico y fue acusado de politizar su liderazgo sindical y causar un grave perjuicio económico a Aerolíneas Argentinas. Además del Ejecutivo, empresarios también denunciaron que Biró estaba usando su influencia para desestabilizar la compañía con los paros y asambleas informativas.
Por entonces, Aerolíneas informó a través de un comunicado que a raíz de los paros aeronáuticos denunciaría a los sindicatos y a sus autoridades a causa de “los perjuicios ocasionados, principalmente por el lucro cesante de la operación y por los reclamos de los pasajeros perjudicados”.
“Por sus manifestaciones públicas y su accionar directo en contra de los intereses de la empresa, Biró actuó en forma desleal en contra de la propia empresa y es responsable, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión, de acuerdo al artículo 59 de la Ley General de Sociedades”, se indicó oficialmente.
“Por esta razón, por pedido de la Secretaría de Transporte, accionista principal de la compañía, se tomarán las acciones necesarias para comenzar el proceso de expulsión de dicho órgano”, agregó el documento.
El Gobierno sigue buscando consensos en el Congreso para retomar el proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas y consiguió que el diputado por el PRO, Hernán Lombardi, presentara un proyecto que declara a la compañía “sujeta a privatización” y autoriza al Ejecutivo a “establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento para instrumentar el proceso” de venta.
Todo el macrismo apoyó esta iniciativa, pero falta sumar al radicalismo y los legisladores provinciales, el sector de la oposición dialoguista.
La Casa Rosada asegura que buscará modificar el convenio colectivo de los trabajadores del sector junto con los beneficios de los empleados de Aerolíneas Argentinas. Fuentes gubernamentales sostienen que si no se modifica ese marco, “es poco probable que se avance con la venta”.
Además, el Gobierno tiene en carpeta la derogación del decreto 778, que regula las horas máximas de vuelo y el descanso de los pilotos. Se trata de la reglamentación del título V del Código Aeronáutico (Ley 17.285).
