Roberto Toledo, representante de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en el directorio de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), admitió que “la UNT por medio de su Rector (Juan Alberto Cerisola), firmó un acta dando por concluida la Ciudad Universitaria cuando no estaba concluida”. Es la primera autoridad universitaria en reconocer que el acuerdo rubricado el 2 de enero de 2008 permitió el manejo discrecional de los fondos provenientes de la minería.
“La ley decía que una vez que se concluya la Ciudad los fondos de la Universidad dejaban de ser del 40% de las utilidades netas de la empresa y bajaban al 20%. Desde esa fecha hemos bajado del 40% al 20%. ¿Por qué se hizo eso? Tendrá que saberse en el juicio. Se presume que fue porque eso era de libre disponibilidad y en consecuencia no estaba sujeto al destino específico de la inversión en obras”, sentenció Toledo en diálogo con Omar Nóblega en Los Primeros.
La Justicia Federal investiga la supuesta administración fraudulenta de 85 millones de dólares provenientes de la minería entre 2006 y 2009 en la llamada Fiebre del Oro en la UNT. Por esta causa fueron procesados el exRector Cerisola; el exdirector de Contrataciones Universitarias, Osvaldo Venturino, y la exdirectora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani. En julio pasado, el juez federal Fernando Poviña procesó a 20 empresarios de 20 firmas constructoras tucumanas y dictó embargos por sobreprecios en 17 obras en la UNT.
Además, en el marco del procesamiento, Cerisola fue embargado por $20 millones; Cudmani por la misma cifra y Venturino por $47 millones. El exRector dejó su cargo en 2014 y los exfuncionarios ya se jubilaron, siendo Cudmani la última en hacerlo en 2019. El plazo de la indagatoria es hasta el año 2025.
En 2017, en el marco de la investigación de los Paradise Papers, el fiscal general Antonio Gustavo Gómez solicitó la detención de Cerisola, Cudmani, Venturino, y Luis Fernando Sacca, subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión, ante la sospecha de manejo indebido de fondos. Además, requirió la citación a indagatoria de dos actuales funcionarios universitarios: el secretario general José Hugo Saab y el secretario de Asuntos Jurídicos, Ramiro González Navarro.
El acta acuerdo que blanqueó Toledo aduce una supuesta conclusión de una “Ciudad Universitaria” que jamás se construyó como tal, y que fue anulada por el Consejo Superior en 2014, debido a que en la misma se dispuso de bienes de la UNT sin autorización del propio Consejo, tal como ordena el Estatuto de la UNT. Sin embargo, la misma no ha sido anulada legalmente, sino que hay un planteo judicial al respecto. Mientras tanto, para YMAD sigue siendo válida y la Ciudad Universitaria está construida y culminada.
Para llegar a declarar concluida la “Ciudad Universitaria”, Cerisola se valió de una “redefinición y resignificación” del “concepto” Ciudad Universitaria, cosa que logró en junio del 2006, valiéndose de los aportes teóricos de la Tesis doctoral del Dr. Arq. Franco Marigliano, hijo del exRector Mario Marigliano; y se diseñó el Plan de Obras (Expediente Nº 713-2006).
No es posible que el por entonces Rector Cerisola ni los representantes de la UNT en el directorio de YMAD, Rodolfo Campero y Mario Marigliano (este último ya fallecido), hayan podido ignorar tamañas violaciones al Estatuto de la UNT, ya que el acta rubricada por el exRector no pasó por el Consejo Superior, órgano que debe autorizar la disposición de bienes universitarios y causó un perjuicio a la Casa de Altos Estudios.
Lo llamativo del acta del 2 de enero que firmaron Cerisola e YMAD es que el 13 de septiembre de 2007, menos de cuatro meses antes del acta que daba por culminadas las obras de la Ciudad Universitaria, los vocales directores de YMAD, Mario Alberto Marigliano y Rodolfo Martín Campero requerían a Cerisola “la documentación necesaria que permita ponderar la marcha de los trabajos y/o actos conducentes a obras para la construcción de la Ciudad Universitaria” ya que “a la fecha no se encuentra concluida la Ciudad Universitaria, por lo cual la recepción de los fondos se hace en el marco del precitado inciso”.
El informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) constituye un examen exhaustivo y una evaluación del sistema de control interno de la Dirección General de Construcciones Universitarias (DGCU), mientras que la nota Sigen 2623 / 2013, firmada por el Síndico Gral de la Nación Dr Daniel Reposo, mantiene las observaciones de la auditoría realizada al proceso de ejecución de obras públicas llevado adelante por la UNT en el año 2011.
Según el informe de la SIGEN, la DGCU ha incumplido reiteradas veces y en distintas obras (realizadas con dinero proveniente de YMAD) las normas del régimen de licitación pública previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas, violando el principio de igualdad y transparencia de las licitaciones. La DGCU hizo anticipos de dinero y reconocimiento de mayores costos no contemplados en los pliegos. Todo ello con conocimiento y responsabilidad del ex Rector Juan Cerisola, lo cual fue advertido por el HCS en el año 2010 mediante la Resolución HCS 1118/2010.
Catorce años después de aquella acta del 2 de enero de 2008, Toledo sostuvo en Los Primeros que “si hiciéramos una nube de ideas como hacen los consultores, las palabras relevantes serían megaminería, daño en el medio ambiente, corrupción, desmanejo burocrático. Y yo les diría tienen razón, porque YMAD se conoció en Tucumán en los últimos años por la escandalosa administración de fondos de la anterior gestión universitaria de esa época”.
“¿En qué momento de la historia y por qué razones tantos gestos patrióticos, tanta entrega, tanta generosidad, tanta visión de aquellos grandes estadistas se ha visto envuelta y ensuciada por este desmanejo de hace más de una década que ha manchado a Tucumán y a la Universidad en su aspecto prevalente de tener la ejemplaridad no solamente en la inteligencia, sino en la conducta y decencia? Ahí quiero poner especial hincapié: todo lo que se hizo mal debe ser castigado y para eso está la Justicia. Lo que está mal hay que castigarlo”, sentenció.
Toledo propuso que “restituyamos esta vigencia de YMAD y la pongamos en producción y terminemos de una vez la Ciudad Universitaria”, a pesar de que el Rector Sergio Pagani dijo a La Gaceta que la misma era “impracticable” y anunció: “No vamos a pensar ya una Ciudad Universitaria en San Javier. Tenemos que reformularla y ahí orientar los esfuerzos edilicios y ahí algún dinero que venga de la minería”.
Mientras tanto, YMAD anuncia nuevas exploraciones mineras cuyas regalías derramen en las arcas de la UNT, pero el Gobierno de Catamarca planea dejar a la Casa de Altos Estudios fuera del negocio YMAD.
La causa paralizada en la Justicia desde el procesamiento de 20 empresarios tucumanos. Todavía se desconoce la actuación de la querella en defensa de la UNT dispuesta por el Consejo Superior en 2014. Dicha querella está encabezada como abogado particular por el doctor Rodolfo Tercero Burgos, a propuesta de la Rectora Alicia Bardón y del director de Asuntos Jurídicos, Ramiro González Navarro, sindicado como partícipe necesario de la falsificación y del andamiaje jurídico para el saqueo de las arcas de la UNT.
El convenio firmado por Cerisola y el secretario del Directorio de YMAD, Diego Salmuni, el 2 de enero de 2008 acuerda:
“La Universidad Nacional de Tucumán, por intermedio de su Rector, recibe como parte integrante de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizables correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2007”.
“La Universidad Nacional de Tucumán deja sentado expresamente por intermedio de su Rector: a) Que con los fondos que su mandante recibe en esta ocasión se da por satisfecha la obligación de distribuir a favor de dicha universidad el porcentaje del cuarenta por ciento (40%) contemplado en el artículo 18, incido b), de la Ley 14.771; b) Que, como consecuencia de o indicado en a) toda suma que en el futuro pudiere percibir la Universidad “a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizables” o en concepto de “utilidades líquidas y realizadas”, será calculada aplicando el porcentaje del veinte por ciento (20%) que surge de lo previsto en el artículo 18, inciso c) de la Ley 14.771″.
“En base a lo convenido en el punto primero, se crea a favor de YMAD un crédito por el importe entregado a la Universidad Nacional de Tucumán, esto es, por PESOS TREINTE Y SEIS MILLONES el que se extinguirá en la oportunidad en que se haga la distribución final de utilidades líquidas y realizadas, las que se determinarán en oportunidad de la aprobación de los estados contables correspondiente al balance cerrado el 31 de diciembre de 2007”.
