“Tiffany”, “La China”, “Wendy” eran los nombres de una enigmática mujer que supuestamente nació en China. Pero en los últimos días, se transformó en un hilo conductor que llevó a un mismo lado. Autodenominada como especialista en el mercado de las criptomonedas, era la principal asesora de Peak Capital, la empresa que estafó a miles de concepcionenses. Pero ahora se confirmó que la misma empresa funcionaba en Santa Fe, San Juan, Córdoba y Chubut, pero podrían ser más provincias.
Esa mujer es una actriz indonesia que dice llamarse Kristin N, de 27 años. Es la famosa “La China Ali” que brindaba servicios en Rainbow Exchange, la empresa que también dejó un tendal de víctimas en la localidad bonaerense de San Pedro.
En Casilda, provincia de Santa Fe, un concejal emitió una alerta en enero. “Hace unos veinte días, vecinos de la ciudad nos anotician de que había un grupo que ofrecía en reuniones y en redes sociales hacer inversiones financieras a través de una aplicación, donde daban ganancias de alrededor del 5% semanal, en dólares. Además, había un sistema de referidos o sea que si una persona que estaba adentro traía a otro había algunas bonificaciones. Esto nos hizo pensar que podría haber detrás alguna estafa de tipo piramidal”, señaló el edil Mauricio Maeroevich. Nadie lo escuchó en un primer momento, pero ahora los inversionistas comenzaron a denunciar.
Justamente en esa rica localidad agropecuaria, según consigna el diario “La Nación”, hace tres semanas Peak Capital realizó hace dos semanas una reunión multitudinaria en el Círculo Deportivo de Casilda, donde, incluso, se regalaron televisores y electrodomésticos a los “inversores”, que en su mayoría para tentarlos en medio de una ola de rumores.
Entre el viernes y el sábado, “Wendy” envió un desesperado mensaje a los inversionistas de Concepción. Les anunció que la plataforma está en una “auditoría” dentro del “grupo de inversores” y que esto puede durar “unos días”. Los inversores se mostraron tranquilos, porque ya habían sucedido situaciones de estas características. Pero la posibilidad de que se haya tratado de una estafa comenzó a tomar forma con el correr de los días y la desaparición del procurador Daniel Altamirano.
Al ver que sus sueños se habían esfumado, las víctimas comenzaron a realizar denuncias ante la fiscala Mónica García del Centro Judicial Concepción. La representante, al confirmar que la empresa de Altamirano no tenía autorización para realizar actividades financieras, se declaró incompetente y giró la causa a la Justicia Federal.
Evaluando pasos
El fiscal federal Agustín Chit está evaluando los pasos a seguir. En las otras jurisdicciones, según pudo establecer LA GACETA, se inclinaron a tomar el caso como estafa y dividieron las investigaciones. La justicia ordinaria se dedica a ese delito y la federal, al posible ilícito de intervención financiera sin autorización y posible lavado de activos. “De esta manera se puede dar una mejor y más rápida respuestas a los damnficados”, explicó una fuente judicial.
Mientras se define esta situación, varias víctimas se comunicaron para informar que en el sur, tanto la Policía provincial y la Policía Federal dejaron de recibir denuncias en contra de Altamirano.
Golpe tras golpe
En las últimas horas salió a la luz que Peak Capital estaba operando en centros urbanos importantes pero no capitales de Chubut, San Juan, Córdoba y Santa Fe. En todas estas localidades, además de contar con el asesoramiento de “La China”, utilizaban una misma aplicación y la caída generalizada del sistema se registró después del caso de Concepción.
Los especialistas aseguran que se trata de una estafa piramidal a nivel nacional. El antecedente más cercano es el de Intensive Live, una de las maniobras más grandes que se registraron en los últimos tiempos.
Golpe para Cositorto: los fiscales rechazaron el acuerdo que ofreció el creador de Generación Zoe
Los fiscales de Goya, Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo rechazaron ayer el acuerdo económico planteado por Leonardo Cositorto para reparar los daños sufridos por las víctimas de la presunta estafa de Generación Zoe en esa provincia. La decisión fue tomada luego de que el acuerdo no pasara la revisión de Fiscalía General de Corrientes, a cargo de César Sotelo. “Estamos en presencia de un caso grave, que ha suscitado gran conmoción en la ciudad de Goya y ha afectado a un gran número de víctimas, y que si bien una de las calificaciones legales enrostradas a los imputados es un delito patrimonial no puede perderse de vista que también se le recrimina a los imputados la comisión del delito de asociación ilícita, en diferentes roles y, en este orden de ideas, se halla gravemente lesionado el orden público”, señaló Sotelo y recomendó a los fiscales que continuaran con el juicio. No trascendieron los detalles del arreglo económico al que arribaron los acusados con las víctimas. El debate fue suspendido por unos días.
