La Justicia sospecha que el expresidente Alberto Fernández actuó en connivencia con aseguradoras, brokers e intermediarios, en forma “coordinada, mancomunada y funcional” durante cuatro años para hacerse de fondos públicos mediante el direccionamiento en la contratación de los seguros del Estado, a través de Nación Seguros y de empresas coaseguradoras.
Parte de los fondos obtenidos habrían sido inyectados en cooperativas como parte del mecanismo de recaudación ilícita. Esas cooperativas compraron autos de alta gama y viajes a Miami con los que se favoreció al menos un exfuncionario de Nación Seguros. También se compraron departamentos y plateas para la cancha de River Plate con esos fondos que tenían origen en el Estado.
Así se desprende de la citación a prestar declaración indagatoria firmada por el juez federal Julián Ercolini que alcanza a Alberto Fernández y a otras 38 personas, entre exfuncionarios, empresarios amigos del expresidente e integrantes de cooperativas de crédito.
La maniobra, dice el juez, se habría concretado entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, “en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento” de los contratos de seguros.
Para ejecutar la maniobra fue necesaria -de acuerdo con Ercolini- la intervención “intencional” de funcionarios de Nación Seguros (por eso está citado Alberto Pagliano, extitular del organismo) y de agentes de diversas áreas del Estado que contrataron las pólizas, ya sea porque se los impusieron o porque acordaron hacerlo, de manera directa o mediante “actos simulados”. De ese modo, se interesaron en beneficio propio o de terceros, que es lo que requiere el delito de negociaciones incompatibles con la función pública para su concreción, al designar a productores, organizadores y e, incluso, coaseguradoras “masters” privadas. Todos se llevaban su porcentaje.
Se contrató a productores, fueran necesarios o no, y se les pagaron comisiones millonarias, aunque “muchos de ellos no habrían cumplido función alguna”. Entre ellos, dijo el juez, están Héctor Horacio Martínez Sosa, Pedro Torres García, Oscar Castello, y las empresas Héctor Martínez Sosa y Compañía SA, Bachellier, Castello Mercuri SA, San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros y TG Broker SA.
“Como consecuencia del direccionamiento desde la Presidencia de la Nación (…) en el período abarcado por esta investigación se habría generado una cartelización en la que más del 87% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros se repartieron entre solo tres grupos empresarios principales, liderados por Martínez Sosa, Torres García y Castello”, dijo el juez.
Ercolini insistió en que “los intermediarios comprendidos en la maniobra” cobraron comisiones por más de 3364 millones de pesos, más del 87% del total de lo que cobraron todos los intermediarios por todas las pólizas emitidas a entes estatales entre el 10 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre de 2023, cuando terminó la gestión albertista.
El juez destacó el caso de Martínez Sosa, que recibía los contratos direccionados mediante su mujer, María Cantero, que era secretaria de Alberto Fernández.
Martínez Sosa y Fernández eran amigos. El bróker y su esposa le hacían regalos y préstamos al expresidente. Joyas, dinero y hasta el uso de una vivienda. Castello realizó aportes para la campaña presidencial de Alberto Fernández, provenientes de Castello Mercuri, y Torres García, Martínez Sosa y Castello habrían influido sobre Alberto Pagliano, de Nación Seguros, para recibir los negocios de la aseguradora.
Entre los acusados están los exdirectores de Nación Seguros Sebastián Díaz Bancalari y Gustavo García Argibay. Este último habría sido designado a instancias de Martínez Sosa. Pagliano y Díaz Bancalari, según el juez, habrían diseñado un mecanismo para direccionar los seguros, simulando notas de los organismo estatales para contratar, pero todo fomentado por Nación Seguros. El juez acusó a García Argibay de defender los intereses de los brókers Torres García y Castello Mércuri, y no los del Estado, al que representaba.
Un cambio clave en el decreto
En el proyecto de decreto que obligaba a contratar con Nación Seguros se incluían puntos luego eliminados, como por ejemplo el que reglamentaba la actuación de los productores de seguros, permitidos solo por la complejidad o volumen de los riesgos asegurados. Al quitar este punto, “el vacío resultante” permitió “que se designaran intermediarios en cualquier caso y por simple nota, sin acto administrativo previo”, dijo el juez. Ercolini advirtió que los pagos de comisiones se realizaban “con total discrecionalidad y con el consecuente beneficio a los efectos de la ejecución de la maniobra delictiva”.
Además, el mismo decreto permitía la intervención de coaseguradoras privadas que recibían de Nación Seguros “la asignación de porcentajes de los contratos”. Las aseguradoras privadas eran “seleccionadas de forma arbitraria desde la Subgerencia Técnica Comercial a cargo de Carlos Alberto Soria”, de Nación Seguros.
Como creció el caudal de negocios de Nación Seguros desde que Fernández firmó el decreto, se cambió la estructura y se creó la Gerencia de Área Sector Público Nacional. Al frente quedó Mauro Tanos, otro de los citados a indagatoria. Fue el nexo entre la aseguradora oficial y los organismos públicos y sus intermediarios. Y en el mismo rango funcionaba la subgerencia General Administrativa Financiera, a cargo de Fernando Arana, también citado.
Las designaciones de intermediarios, la fijación de sus comisiones y el otorgamiento discrecional de coaseguros era gestionado centralizadamente desde Nación Seguros por Pagliano, García Argibay, Díaz Bancalari, Soria, Arana y Tanos, escribió el juez Ercolini. Soria, Tanos y Arana llamaban a las reparticiones públicas y les indicaban a qué productores debían designar.
El rol de Fernández
Todo ello, siempre mediante la estructura que tuvo la aprobación primigenia de Alberto Fernández “para la conformación de la modalidad delictiva”. El entonces Presidente actuaba “aprovechándose de su investidura”, según el juez. Era “la última palabra en caso de controversias entre los demás miembros del grupo y se habría ocupado del direccionamiento en los casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas”.
“Los principales apuntados, además de concentrar bajo su órbita la gran mayoría de los contratos de seguros, también habrían actuado bajo el nombre de otras compañías que no contaban con el [suficiente] respaldo, trayectoria o solidez en el mercado de seguros”.
Por ejemplo, Bachelier podría haber sido usada como fachada por Martínez Sosa, dado que la entidad de la firma y su sede no se corresponderían con el volumen de sus negocios, advirtió el juez. Y San Ignacio podría haber sido usada como pantalla por Torres García. La sede de esa empresa ni siquiera pudo ser encontrada y su presidente, Brian Kelly, no sabía dónde quedaban las oficinas.
A partir de la incorporación de intermediarios, además de las comisiones liquidadas para los roles de productor y de organizador, visibles en el frente de póliza, se instauró la categoría de “masters”. Eso permitió sumar porcentajes a la liquidaciones, sin estar previstas ni visibles en el frente de las pólizas. Aparecen en este rol los mismos nombres: Martínez Sosa (que cobró comisiones como master en 405 pólizas, el 94%) y Castello Mercuri.
Para el juez, quedó claro que “gracias al decreto N° 823/2021, que canalizó la contratación pública de seguros Nación Seguros como aseguradora oficial por medio de convenios interadministrativos, se centralizó la designación discrecional de intermediarios y aseguradoras privadas que tomaron participación en el negocio de seguros (en el rol de productores, organizadores y masters, y de coaseguradores) sin seguir los procedimientos de selección previstos para los contratos que celebra la administración pública ni respetar la normativa que prohíbe expresamente la subcontratación del objeto del contrato”.
Las cooperativas en acción
El juez dio por probado también que parte de los fondos obtenidos habrían sido inyectados en cooperativas “como parte del mecanismo de recaudación de los fondos ilícitamente obtenidos”. Son 7 de Mayo Cooperativa de Trabajo, que supuestamente gestionaba una cervecería; Cooperativa de Trabajo Irigoin y Cooperativa de Trabajo Nuestro Lugar.
Alfredo del Corro -otro de los citados a indagatoria- aparece como tesorero de 7 de Mayo y asociado a Irigoin. Las cooperativas se facturaban entre sí o a otras personas del rubro de seguros como justificación del movimiento de dinero. Los fondos ingresados a las cooperativas habrían sido justificados por medio de facturación por contraprestaciones simuladas y genéricas, como “servicios de catering”, “servicio gastronómico integral”, “horas de servicios prestadas”, “servicios empresariales” y “servicios complementarios”.
Nación Seguros informó que no sabe cómo seleccionaron a la cooperativa 7 de Mayo ni tiene registros de esos supuestos eventos para las que se la contrato. La aprobación de las facturas fue realizada por Fernando Arana, de Nación Seguros.
La cooperativa tenía autos de alta gama (dos Amarok y dos Jeep) y los autorizados a conducirlos eran Tanos, a cargo de la gerencia de Área Sector Público Nacional de Nación Seguros, y su esposa, y el dinero percibido fue aplicado a la compra de dos departamentos en Capital Federal, un lote en un country en la costa, pasajes de avión a Miami y a Ushuaia para Tanos y su familia, y cuatro plateas anuales con estacionamiento en la cancha de River Plate.
