“El único camino que nos queda por recorrer es pedirle a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) que intervenga en el pleito para recuperar ese lugar”, resumió el fiscal municipal de Tafí Viejo, Víctor Schedan, que busca poner fin a la usurpación de tierras que se está registrando en la zona conocida como “El sendero de los 1.000 pasos”.
En 1948, el entonces presidente Juan Domingo Perón expropió 18.000 hectáreas para donarlas a la UNT. Esas tierras, según los argumentos dados a conocer en ese tiempo, servirían para crear la Ciudad Universitaria, y en esa extensión hoy está la reserva natural del Parque Sierra San Javier.
Sin embargo, la casa de Terán desafectó unas 16 hectáreas, que son las que actualmente generan este litigio. El detalle más importante es que no quedó devuelta oficialmente a sus dueños originarios y tampoco quedó registro en el Registro Inmobiliario. Legalmente, esas tierras son de su propiedad.
Según se pudo establecer, en plena pandemia de 2020, un abogado vendió esas tierras a dos hermanos. Los compradores primero alambraron el lugar; cortaron todos los árboles autóctonos de una zona en la que están protegidos; ingresaron maquinarias pesadas para abrir caminos en un sitio donde no se puede levantar una piedra; y vendieron parcelas de 15 por 30 m o de 20 por 40 m, cuando el código de planeamiento urbano de Tafí Viejo establece que en esos sectores, el lote más pequeño debe ser de 5.000 m².
Trámites
“Es una zona de vital importancia para los taficeños, los tucumanos y los visitantes. Está a metros de la hostería municipal y sus visitantes normalmente hacen recorridos por ‘El sendero de los 1.000 pasos’, pasan por ‘La Toma’ y terminan en ‘La Cruz’. Nos interesa mucho preservarla. Actuamos por esa razón y porque también estaban violando normas municipales”, explicó Schedan en una entrevista.
Las autoridades municipales decidieron denunciar el caso en la Justicia Federal, ya que sabían que esas tierras pertenecían a la UNT. El fiscal Carlos Brito solicitó informes a las autoridades universitarias. Estos informaron que según el relevamiento que ellos realizaron, el loteo irregular no habría afectado su patrimonio. Por esa razón, el funcionario se declaró incompetente y envió el expediente a la justicia ordinaria. La jueza Judith Solórzano entendió que era una causa que debía resolverse en los tribunales locales.
Schedan realizó una nueva denuncia. Pero en este caso sumó la presentación efectuada por Silvia Velárdez, pariente de Nina Velárdez, que es la persona que la UNT debería haberle devuelto el remanente de la expropiación ordenada por Perón hace más de 76 años.
Una inspección
El jueves, el fiscal Carlos Saltor realizó una inspección ocular en la zona. Según confiaron fuentes judiciales, ordenó realizar un acta donde quede asentado el daño que se estaba registrando en la flora autóctona; la remoción de suelos y la construcción de casas en la zona protegida. También pidió que se incluyera las denuncias que realizaron varias personas en contra de los usurpadores por actos de violencia.
El problema pasa por lo legal. El fiscal les explicó que por aparecer como titular de esas tierras, la UNT es la que debe presentarse como querellante para resolver el pleito de manera más veloz. Si el municipio y la familia Velárdez realizan la denuncia, se tratará en un conflicto entre privados que llevará mucho más tiempo resolver. “Un juez teniendo probado quién es el titular del inmueble, otorga su restitución inmediata. Ese trámite, como mucho, dura 10 días, que es el tiempo que demora conseguir la documentación”, sostuvo una fuente judicial.
Este conflicto también puede resolverse a través de una solución alternativa. La UNT, en su carácter de titular legal, podría ceder esas hectáreas a la familia Velárdez o al municipio mismo para que ellos se encarguen de su cuidado. Según los especialistas, hasta podrían determinar cuáles serán su finalidad en el futuro. Por ejemplo, prohibir su venta.
“Es uno de los caminos que debemos recorrer. La intendenta, Alejandra Martínez, nos dio instrucciones para recuperar la zona”, explicó. “Ya estamos tratando de pactar una reunión con las autoridades universitarias para salvar nuestras yungas que es lo que realmente estamos buscando”, finalizó.
Acción del Gobierno: comienza una semana clave para otras usurpaciones
Un cuerpo de abogados de la Fiscalía de Estado se presentará hoy en la Justicia para avanzar con el proceso que inició por la ocupación de tierras en la Reserva Provincial de La Angostura. Según confirmaron fuentes de la Casa de Gobierno, comenzarán con la etapa de notificar a los ocupantes de la medida cautelar que dictó la jueza y que prohíbe la cesión de tierras y la construcción de viviendas, entre otras cosas. Luego llegará el momento de analizar la documentación de los denunciados para definir los casos a seguir. También trascendió que el Gobierno avanzaría con al menos dos situaciones irregulares detectadas en El Cadillal.
