El expresidente Alberto Fernández se presenta este miércoles ante la Justicia para declarar en la causa que investiga irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos del Estado. La audiencia, que estaba programada inicialmente para el 20 de noviembre, fue reprogramada para hoy, a solicitud de la fiscalía a las 10.
En este caso, Fernández está imputado por presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de un esquema irregular de intermediación de seguros públicos, que habría favorecido a Nación Seguros S.A., una empresa estatal.
En su defensa, Fernández había solicitado la suspensión de la indagatoria y argumentó que la acusación era “confusa y generalizada”. Además, planteó la nulidad de la citación a declarar, alegando que la Corte Suprema aún no se había expedido sobre la recusación que su defensa había planteado contra el juez Julián Ercolini, que lleva adelante la investigación.
Según los abogados del expresidente, el cuestionamiento a la imparcialidad de Ercolini debía resolverse antes de continuar con la indagatoria. Sin embargo, la Justicia rechazó este pedido, en un fallo en el que señaló que la citación estaba correctamente fundamentada y que no podía ser suspendida ni dilatada.
El juez destacó que la indagatoria es un “acto fundamental” para que el imputado pueda ejercer su derecho de defensa, y que la falta de claridad en las acusaciones no afecta la validez del proceso. Además, afirmó que el llamado a declarar se realizó con suficiente antelación para que Fernández y su defensa pudieran preparar su estrategia.
En este contexto, la causa de los seguros no solo involucra a Alberto Fernández, sino que también involucra a otros funcionarios y empresarios. La imputación incluye a diversas personas que, según la investigación, habrían actuado de manera coordinada para dirigir irregularmente la contratación de seguros a través de intermediarios privados.
En este esquema, el expresidente Fernández está acusado de haber promovido la normativa que eliminó las licitaciones públicas para la contratación de pólizas, favoreciendo a Nación Seguros S.A., lo que, según la acusación, generó un perjuicio al Estado.
Desde el entorno de Fernández, aseguraron que el exmandatario estuvo ajeno a la introducción de intermediarios privados en el proceso, y que la medida adoptada ya había sido dispuesta antes de su firma. La abogada de Fernández, Marian Barbitta, argumentó que el expresidente ni siquiera conocía a la mayoría de las personas con las que comparte imputación en la causa.
Qué se investiga en la causa de los seguros
La investigación está centrada en el decreto 823/2021, firmado por Fernández en diciembre de ese año, que obligaba a los ministerios y otros organismos estatales a contratar pólizas de seguros exclusivamente con Nación Seguros, una medida que, según la acusación, habría sido diseñada para beneficiar a intermediarios privados sin licitación pública y sin fomentar la competencia o la transparencia en el proceso.
Según la acusación, los responsables de este esquema de intermediación habrían actuado entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, distribuyendo fondos públicos mediante el direccionamiento irregular de contratos de seguros en beneficio de particulares y empresas. Entre los involucrados en la causa, se encuentran el exdirector Alberto Pagliano, y otros exfuncionarios del organismo, quienes están imputados por su supuesta participación.
El juez Ercolini, que lleva adelante la causa, señaló que las imputaciones y las pruebas recolectadas hasta el momento son suficientes para avanzar en el proceso judicial. En particular, el decreto 823/2021, que obligaba a las entidades estatales a contratar pólizas a través de Nación Seguros, es considerado un punto clave en la acusación. Esto fue vetado posteriormente por el actual presidente, Javier Milei, mediante el decreto 747/2024.
Este miércoles, Fernández deberá comparecer en Comodoro Py, en la que podrá presentar su defensa formal. La causa continuará en los próximos días con las indagatorias de otros involucrados, entre ellos el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero, quien fuera secretaria personal de Fernández.
La investigación, que involucra a más de 40 personas, sigue avanzando mientras se espera que, en los próximos meses, se defina el futuro judicial de los imputados. Mientras tanto, las partes esperan que se resuelvan las distintas recusaciones y planteos que fueron surgiendo durante el curso del expediente, lo que podría retrasar aún más el desarrollo de la causa.
