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El pago de una multa, la manera de resolver estas causas

El Ministerio Público Fiscal utilizará el criterio de oportunidad para evitar que los expedientes abiertos hagan colapsar el sistema judicial de Tucumán.

CONTROL. El fiscal Carlos Picón dialoga con los aprehendidos.
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“De ninguna manera la cantidad de expedientes que se abrieron van a colapsar el sistema. El Ministerio Público Fiscal ya está analizando diferentes alternativas para que estás causas sean resueltas con sistemas alternativos”, explicó el fiscal Carlos Picón, que junto a su colega Mariana Rivadeneira llevan adelante los casos de violación del aislamiento preventivo obligatorio.

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Hay un grupo de personas que ya fueron imputadas por haber violado la cuarentena. Se trata, según explicaron fuentes judiciales, de acusados de haber salido de sus casas luego de retornar del exterior. En estos casos la solución más rápida es recurrir a una probation, es decir, el acusado reconoce ser culpable del delito del que fue imputado y para evitar ser condenado, realiza una donación o se compromete a desarrollar un trabajo comunitario. En este sistema, el fiscal llega a un acuerdo con el procesado y un juez define si lo acepta o no.

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“Para las personas que fueron aprehendidas se está contemplando otra posibilidad que es aplicar el principio de oportunidad, figura que aparece en el actual Código y que tiene un gran protagonismo en el que se está por aplicar en el ámbito de la capital”, indicó el fiscal en una entrevista para LA GACETA.

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Se trata de un instituto conciliatorio del derecho penal que permite a los sujetos activos y pasivos de determinados delitos arribar a un acuerdo sobre la reparación civil a efectos que el fiscal se abstenga del ejercicio de la acción penal.

“El personal del MPF ya se está comunicando con las personas que fueron aprehendidas. Se les ofrece recurrir a esta alternativa y, si no la acepta, se continúa con el proceso penal en su contra”, agregó Picón.

El fiscal adelantó que, para llegar al acuerdo, el aprehendido deberá pagar una multa para que no continúe la acción penal en su contra. “Los fondos irán a las arcas del Ministerio de Salud para que ellos resuelvan qué destino se les dará. No existe un monto mínimo y uno máximo, sino que se define según las posibilidades de cada uno de las personas que violaron la norma”, concluyó.

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