En particular, el robo de vehículos, que había mostrado una tendencia a la baja hace aproximadamente dos décadas, ha visto un repunte alarmante en los últimos años, especialmente después de la pandemia.
Según informes recientes, se ha registrado un incremento del 15% en la sustracción de automóviles y motocicletas hasta agosto de 2023, con proyecciones que sugieren que esta cifra podría superar el aumento del 25% observado el año anterior.
Este problema ha sido objeto de constante atención por parte de las autoridades, incluyendo a la ministra de Seguridad de la Nación, quien ha enfatizado la necesidad de abordar esta problemática en conjunto con los gobiernos provinciales.
Las causas que alimentan este aumento en el robo de vehículos son multifacéticas.
En primer lugar, se ha identificado la presencia de organizaciones delictivas bien estructuradas, que operan con un esquema que abarca desde el acto del robo en sí mismo hasta la utilización de tecnología para eludir medidas de seguridad.
Estas organizaciones cuentan con talleres que modifican la apariencia de los vehículos robados y falsifican documentos, lo que complica la identificación de los mismos y el rastreo por parte de las autoridades.
En una reciente audiencia judicial, el fiscal Diego López Ávila logró que se dictara la prisión preventiva de un cuarto integrante de una banda dedicada a estos ilícitos.
En su intervención, López Ávila subrayó la importancia de considerar tanto los daños sufridos por las víctimas directas, que a menudo son despojadas de sus vehículos mediante el uso de la violencia, como aquellos causados a las personas que adquieren vehículos robados sin conocer su origen ilícito.
La acusación formulada por el Ministerio Público detalla que, entre junio de 2023 y septiembre de 2024, varios individuos en la provincia de Tucumán se asociaron con el objetivo de obtener beneficios económicos mediante la adquisición de vehículos robados, en pleno conocimiento de su naturaleza delictiva.
Las acciones de esta banda incluían el robo de motocicletas, tanto cuando las víctimas las conducían como cuando estaban estacionadas.
Posteriormente, los miembros de la organización se encargaban de falsificar la documentación necesaria para su venta, engañando a compradores ajenos a la situación.
A pesar de que en esta instancia solo se ha procesado a un individuo relacionado con el robo de motocicletas, se ha informado que la banda también está implicada en el robo de automóviles y camionetas.
Un hecho notable es la inclusión de un oficial de policía en la organización, quien enfrenta cargos no solo en la justicia ordinaria, sino también por falsificación de documentos ante el fiscal federal Agustín Chit.
Desde la implementación del Operativo Lapacho, se han confiscado una considerable cantidad de vehículos robados, incluyendo 66 motocicletas, 57 automóviles y 26 camiones, entre otros.
Expertos en seguridad sugieren que estos vehículos son generalmente destinados a ser vendidos con documentación falsa en otras provincias o incluso en el exterior, como Bolivia, a cambio de drogas.
Además, se ha observado el envío de partes de motocicletas de alta gama mediante encomiendas.
El modus operandi de estas bandas es bastante claro. Roban vehículos de forma violenta o sustraen aquellos que están estacionados en la vía pública. Buscan coches similares para realizar cambios de dominio, haciéndose pasar por propietarios legítimos ante los controles policiales.
En estos casos, presentan documentación que aparenta estar en regla, aunque pueden existir discrepancias en los números de chasis o dominio.
El comisario Fabio Ferreyra, a cargo del Operativo Lapacho, ha destacado la importancia de la capacitación continua de las fuerzas de seguridad sobre las nuevas modalidades delictivas.
Sin embargo, la investigación de estos delitos presenta complicaciones adicionales, ya que las personas sorprendidas transportando vehículos robados solo pueden ser acusadas de encubrimiento, debido a la falta de elementos probatorios suficientes para acusar por sustracción, especialmente si el delito se cometió en otra jurisdicción.
La unificación de causas para facilitar la intervención de la justicia federal es un camino que se está considerando, aunque existen limitaciones que dificultan la ejecución de investigaciones de esta naturaleza.
