“Esta no es una crisis financiera, es una crisis humana”, expresó el Secretario General de las Naciones Unidas al referirse a los efectos de COVID-19. La pandemia ha puesto a prueba a toda la comunidad internacional: cientos de miles de personas han enfermado por COVID-19, y su rápida expansión ha desbordado los sistemas de salud en muchas partes del mundo.
Las medidas de emergencias tomadas por los Estados, como el aislamiento obligatorio, generan desafíos adicionales a los preexistentes en relación al derecho a la salud, a los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la información, la desigualdad y la violencia basada en el género, o el estigma y discriminación.
Aplacar el impacto de estas decisiones en los derechos humanos requiere de un firme apego a las normas internacionales por parte de los Estados, adoptando medidas ponderadas y proporcionales al riesgo en que se incurre, tal como lo ha señalado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
El Secretario General evidenció que esta crisis humana requiere una acción coordinada, decisiva, incluyente e innovadora, demanda un enorme apoyo financiero y técnico a los países y poblaciones más pobres y vulnerables del mundo, destacando que aún no hay una estrategia coordinada entre los países por lo que necesitamos una acción articulada. Esta acción coordinada de los estados tiene que poner claro énfasis en las poblaciones que pueden experimentar especial afectación de sus derechos durante la emergencia del COVID-19.
Pensemos en medidas como las que tomamos a diario en Argentina, como quedarse en casa.
Esta forma de aislamiento social preconcibe que las personas tienen acceso a una vivienda. O lavarse las manos con frecuencia, que requiere de acceso al agua. Si una persona tiene alimentos en su heladera o si puede ir al supermercado, es porque tiene el dinero para comprarlos. O si eventualmente presenta síntomas compatibles con COVID-19, puede acceder a un hospital para su atención.
Sin embargo, muchas poblaciones vulnerables simplemente no tienen estas posibilidades. En lo cotidiano, muchas de estas personas y grupos enfrentan violencia, discriminación y falta de acceso a servicios básicos. Y estos problemas tienden a intensificarse en contextos de emergencia como el actual.
Las mujeres corren un riesgo desproporcionado ante la pandemia, porque ellas suelen ser las cuidadoras de los familiares enfermos y porque pueden ser víctimas de violencia en el aislamiento. También preocupa el impacto en el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, sobre todo cuando se encuentran en situación de pobreza, así como en los derechos de poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes, refugiadas, personas trans, personas con discapacidad y personas en situación de calle, incluso queda en riesgo el derecho a la alimentación de estas poblaciones que suelen trabajar en la informalidad o en el trabajo doméstico.
Y además de lo que representa el propio virus, las personas privadas de libertad -que viven frecuentemente en condiciones de hacinamiento- y otras personas bajo custodia del Estado se ven particularmente expuestas en este escenario.
Por todo ello es fundamental abordar las necesidades especificas de estas poblaciones en la respuesta a la emergencia del COVID-19, mediante decisiones socialmente sensibles y políticas de mitigación acertadas.
Argentina ha hecho esfuerzos y tomado medidas para frenar los contagios masivos, y ha lanzado programas para atender las necesidades de personas en situación de la pobreza. Ahora corresponde reforzar estas medidas y garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales, así como un abordaje especifico en relación con los grupos más vulnerables para que -en línea con las normas de derechos humanos y la Agenda de Desarrollo Sostenible- no dejemos a nadie atrás.
