En medio de la cuarentena obligatoria, los municipios del Gran Buenos Aires reforzaron las inspecciones a comercios para controlar que se cumpla con los protocolos y denunciar aumentos en productos esenciales.
En el partido de San Fernando, por ejemplo, personal de las Secretarías de Gobierno y Economía colaboran con Control Urbano para verificar que se respete el horario de apertura y cierre durante el aislamiento.
En ese marco, el dueño de la rotisería “Lo del Pelado”, ubicada sobre la avenida Avellaneda 3166, fue multado por excederse del horario permitido, fijado a las 22 horas, y debió pagar $80 mil para seguir trabajando.
“El viernes pasado me quedé cerrando la caja hasta las 22.15. Sin previas advertencias, los inspectores me clausuraron el negocio por pasarme 15 minutos. Ayer tuve que pagar una multa de $80 mil para solucionarlo y poder seguir trabajando. ¡Una locura! Gasté todos mis ahorros del año. A un almacén y a un supermercado chino cercano les pasó lo mismo”, explicó Cristian, el dueño. Desde ayer, alargaron el horario hasta las 23.
En Tigre ya labraron 56 contravenciones (por suba de precios y tenencia de productos sin reglamentación) y clausuraron 16 locales. Sancionan a los infractores en el marco de la Ley 20.680 de Abastecimiento y con el Código Penal.
Además, al equipo de Control Urbano y personal de Bromatología, en los operativos se sumó la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). “Hasta que salga el DNU, estamos capacitando a la OMIC para que coordine. Queremos asegurar que se cumplan las cotizaciones máximas de los productos de la canasta básica familiar y normas sanitarias en los negocios”, agregaron.
Controles durante la cuarentena
En Pilar, inspectores y el área de Defensa del Consumidor realizaron 127 controles y, según detallaron desde la misma Municipalidad, sancionaron al 35 % porque se detectó suba de precios, “sobre todo en artículos como azucar, aceite, yerba y arroz”.
Además alrededor de 104 comercios de Malvinas Argentinas fueron supervisados por el personal del área de Legales, Inspecciones y Bromatología. Lo mismo en San Miguel, donde explican que inspectores visitaron a 128 locales, de los cuales 23 fueron infraccionados por no cumplir los precios máximos y a dos los clausuraron.
En Escobar, por su parte, ya realizaron más de 100 controles tras recibir 800 denuncias de vecinos. Son muchos los municipios del Conurbano que están tomando medidas similares para estar preparados al momento en que el presidente Alberto Fernández firme el decreto de necesidad y urgencia que los habilitará a aplicar la ley de defensa de la competencia y controlar la suba de precios en los locales de su comunidad.
