Con un extenso escrito, el expresidente negó los cargos que se le imputan, pidió su sobreseimiento y apuntó contra el juez, el fiscal y su expareja; no contestó preguntas de ninguna de las partes y solicitó la declaración de exfuncionarios de su riñón
En el marco de la causa por los presuntos hechos de violencia de género contra su expareja Fabiola Yañez, Alberto Fernández se presentó esta mañana para declarar en indagatoria en los tribunales de Comodoro Py. El expresidente, acusado de los delitos de lesiones y amenazas, dejó un extenso escrito en el que niega los cargos que se le imputan, pide por su sobreseimiento y adelanta una nueva contraofensiva contra el juez Julián Ercolini, el fiscal Ramiro González, y su expareja Yañez, para quien pidió un peritaje psicológico.
El trámite fue tenso y se extendió por casi una hora, en la que Fernández no contestó preguntas de ninguna de las partes. Pasadas las 13:30, el expresidente rompió el silencio en su cuenta de X con una publicación en la que adjuntó su descargo completo.
“Jamás ejercí violencia física sobre Fabiola Yañez”, dice un fragmento del escrito que Fernández presentó en la Justicia. “Ninguno de los testigos que han pasado por esta causa han visto o han conocido de algún modo que yo haya tenido semejante conducta”, se defendió, y sumó: “Solicito que, una vez producida la prueba ofrecida, se me desvincule de este expediente, dictando mi sobreseimiento”.
En el texto, de más de 200 páginas, el expresidente adelantó que denunciará a Yañez por falso testimonio, del mismo modo que lo hizo con su esteticista, Florencia Aguirre y, su madre, Miriam Verdugo.
Como parte de su estrategia de defensa, solicitó que se cite a prestar declaración testimonial a una serie de exfuncionarios de su riñón para que den cuenta de su relación con Yañez: la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; su exjefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la exministra de Género, Ayelén Mazzina, y el exsecretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi. Con el mismo fin, solicitó que declare su hijo Estanislao, y Karina Daniela González y Amalia Teresa Moreno, las dos extrabajadores de Olivos cuyas testimoniales ante escribano no fueron incorporadas a la causa.
Además, sostuvo que se reserva el “derecho de denunciar al fiscal” para que las autoridades del Ministerio Público “evalúen su destitución”. “El inusual vínculo que forjó con la querella en esta causa, lo coloca en el delito de prevaricato”, describió.
Entre otras cuestiones, lo acusa de haber “manipulado” las fechas del golpe contra Yañez por el que se lo acusa y de haber filtrado información a la prensa con la intención de afectar su imagen ante la opinión pública. “No le reconozco ninguna solvencia moral para imputarme”, dijo Fernández.
Ahora, con la etapa de instrucción y la indagatoria concluidas, el juez cuenta con 10 días hábiles para dictar el procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento. El plazo, sin embargo, se puede dilatar.
La audiencia se desarrolló en un clima “tenso”, según le dijeron a LA NACION fuentes presentes en el trámite. Fueron 40 minutos en los que casi no hubo intercambios. A Fernández, que tampoco contestó preguntas de su defensa, apenas se lo escuchaba por el ruido que hacía el exigido motor de un ventilador.
“Mi decisión de no responder preguntas que no provengan de mi abogada defensora, no tiene el objeto de no someterme a la verdad. Ocurre simplemente que, como ya he dicho, creo que el juez y el fiscal que aquí actúan carecen de condiciones éticas para juzgarme o acusarme”, afirmó el expresidente, que volvió a cargar contra el juez Ercolini, con quien guarda una relación larga y tirante.
“De esa vergüenza no se vuelve”, dijo, en alusión al viaje a Lago Escondido que el magistrado realizó junto a directivos del grupo Clarín y otros funcionarios judiciales. Por ese periplo, siendo presidente, Fernández pidió realizar una investigación. “Nuestra enemistad, es irreparable. Desde mi denuncia se profundizó, pero Ud. la niega con el sólo propósito de tomar venganza por las cosas que con toda razón públicamente le atribuí”, agregó. Sobre esa causa, sumó: “debió tramitarse en Río Negro, se procuró y murió en Comodoro Py bajo el argumento de que la investigación se había iniciado con pruebas obtenidas ilegalmente (chats robados)”.
“En este tribunal me siento como en la embajada de una potencia extranjera: aquí no se aplica la ley argentina”, graficó, luego de sostener que tanto el juez como el fiscal vulneraron su derecho a la defensa. “Ello se prueba con el allanamiento indebido de mi morada, la prohibición sin causa de dejarme salir del país, el inútil secuestro de mi teléfono celular, el rechazo de pruebas testimoniales trascendentales para la dilucidación de este caso y la maliciosa omisión y evaluación de las pruebas hasta aquí colectadas”, enumeró.
El expresidente dedica buena parte del documento a describir los vaivenes en su relación con Yañez. También hace un repaso de los relatos que ofreció cada uno de los testigos para deslegitimar la acusación en su contra. Señala que el intendente de la quinta de Olivos de aquel momento, Daniel Rodriguez, nunca presenció violencia física, según declaró, y que los profesionales que atendieron a Yañez, los médicos Leandro Federico Alem y Federico Saavedra, “jamás recibieron un pedido de auxilio de su parte frente a las golpizas que en apariencia yo le propinaba”.
La ex primera dama también fue blanco de ataques. “Si a mí por el documental me van a pagar tres millones de dólares, quiero saber qué voy a ganar por no hacer la denuncia”, le habría dicho Yañez, según dejó plasmado en el escrito de hoy el expresidente. “¿Es posible que pensemos que Fabiola Yañez, atrapada en sus trastornos psicológicos y adictivos haya tramado una historia con el único fin de extorsionarme?”, se pregunta Fernández.
Como parte de su estrategia defensiva, el expresidente solicitó que la fiscalía someta a Yañez a una pericia psicológica y psiquiátrica, con el fin de evaluar la coherencia de su relato y detectar posibles contradicciones, distorsiones, o fabulaciones. También pidió que se incorpore como medida de prueba el historial clínico de la ex primera dama y se declare nula su testimonial.
Recordó que Yañez se negó a entregar su celular para que sea peritado. “La instrucción debiera preguntarse si el temor de Fabiola radica en que se descubran aspectos ocultos de su vida o quienes fueron los verdaderos organizadores de esta maniobra en mi contra”, remarcó Fernández.
Además, el expresidente le quitó peso a las fotos que forman parte de la prueba, en la que se observa a Yañez con un moretón en el ojo. “Son capturas de pantallas, y que por no contar con el metadato (fecha, horario y equipo que las tomó) carecen de toda validez probatoria”, relativizó.
En otro tramo del texto, el expresidente dedica varios renglones a explicar la gravitación que tiene los medios de comunicación en la causas por violencia de género. “En estos casos ‘lo mediático’ asume un rol central. Todo sirve para presionar y arrinconar al presunto victimario. La ‘cancelación social’, y en mi caso también la ‘marginación política’, son efectos inmediatos que caen sobre el acusado”, di.
“Tan ‘efectiva’ es la condena social que cae sobre los acusados de violencia de género, que ya observamos los primeros casos en los que alegando esa violencia, se busca resolver problemas parentales o de pareja colocando a una de las partes en una clara situación de desventaja. Este es uno de ellos”, agregó el exmandatario.
Hoy presenté mi descargo en una causa que es una estafa procesal sin precedentes.
Después de muchos meses de silencio quiero que conozcan lo que tengo para decir.
Acompaño mi descargo:https://t.co/YXPbTZhleb pic.twitter.com/jQBad9QaSl
— Alberto Fernández (@alferdez) February 4, 2025
El expresidente negó haber cometido infidelidades y ofreció una explicación del video en el que se lo ve en la quinta de Olivos con la periodista Tamara Petinatto. “Cuando fue grabado, jocosa e infructuosamente intenté que Tamara Pettinato ‘declarara su amor hacia mí’, se debía a que, en la mañana de ese día, un periodista con quien ella trabajaba y trabaja (Ernesto Tenenbaum) me había criticado severamente”, dijo.
En este expediente, a Fernández se lo acusa de lesiones y amenazas, agravadas por un contexto de violencia de género y asimetría de poder. En su dictamen, el fiscal González describió distintos hechos que daban cuenta de un cuadro de violencia generalizado. “
El trámite, que el expresidente logró postergar en dos oportunidades, se adelantó una hora. El expresidente llegó acompañado de su abogada Silvina Carreira pasadas las 10 de la mañana a los tribunales, en medio de un despliegue policial especialmente diseñado para su indagatoria. Mientras declaraba, en el cuarto piso del edificio, entre custodias y personal policial, había más de una docena de efectivos.
Como ya estaba al tanto de los cargos que se le imputan, a Fernández se le leyó solo parcialmente la acusación.
Antesala
Ercolini, a quien Fernández intentó apartar del expediente, ordenó su indagatoria a solicitud del fiscal González, quien, tras recolectar pruebas y escuchar a más de una docena de testigos –familiares, médicos, y allegados de ambos– formuló una acusación que expone al expresidente a 18 años de prisión.
Fernández intentó hasta último momento volver a suspender la declaración, pero el juez Ercolini rechazó el nuevo planteo ayer el mediodía. “En cuanto al pedido de postergación y reprogramación […] no haré lugar a lo solicitado”, sostuvo el juez.
Asimismo, el expresidente se presentó ayer en una audiencia en la Cámara Federal para insistir con su intento de correr a Ercolini en una causa que corre en paralelo a la de violencia de género. Fernández aduce que la imparcialidad del magistrado está comprometida y que, por su pasado en común, atravesado por acusaciones y desencuentros, guarda una “enemistad manifiesta” contra él.
En la causa seguros también intentó correr al magistrado. Se trata de un caso de supuesto fraude donde Fernández está acusado de beneficiar a amigos con las contrataciones de seguros con el Estado. En ese expediente, que instruye el fiscal Carlos Rívolo, el expresidente ya fue indagado y el juez Ercolini debe resolver si lo procesa o no cuando termine de indagar al resto de los acusados, que son más de 30.
La de violencia de género, por la que Fernández está siendo indagado, es un desprendimiento de este expediente, donde se conocieron los mensajes que intercambió Yañez con María Cantero, histórica secretaria de Alberto, en los cuales la ex primera dama le confiaba que Fernández la agredía.
En el caso contra Fabiola Yañez la investigación que realizó el fiscal González está prácticamente agotada.
18 años
Fernández está acusado de delitos tan graves que lo exponen a ser condenado a una pena máxima de 18 años de prisión. Los episodios de violencia, según la acusación, se dieron de modo continuo, habitual, y que la modalidad usual eran golpes con la mano abierta.
“En un contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yañez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024 (fecha en la cual la víctima instó la acción penal en el presente expediente y se impuso la consecuente prohibición de contacto al nombrado), el imputado se habría aprovechado de la especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada, y [habría] ejercido con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”, escribió Ercolini al citar al expresidente a declarar.
Ercolini agregó: “El vínculo también habría estado marcado por episodios de violencia en el cuerpo de la víctima, en las oportunidades en que aquella pretendía abandonar la convivencia del departamento que compartían sito en la calle Juana Manso nro. 740 de esta ciudad”.
Cuando pidió la indagatoria, el fiscal González le imputó a Alberto Fernández dos lesiones leves doblemente agravadas por haber sido cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y coacciones para que Yañez no denunciara los hechos de violencia ante Ercolini.