La venta de tierras de la Reserva La Angostura es apenas un punto de partida de una investigación que nadie sabe hasta dónde llegará y cuáles serán sus consecuencias. Un caso que dejó al descubierto los manejos y desmanejos de los terrenos fiscales en las principales villas turísticas de la provincia. El Mollar es todo un ejemplo. Pero solo uno.
Miguel Varela fue el primer fiscal que intervino en la causa. Su teoría del caso es que un grupo de personas usurparon tierras del Estado para comercializarlas y luego, a través de maniobras irregulares, conseguían documentación con el que trataban de darle un marco de legalidad para poder convencer a posibles compradores. Tiene indicios suficientes para sospechar que en el Estado funcionaba una especie de “inmobiliaria” que se dedicaba a la venta de inmuebles que pertenecían a todos los tucumanos.
A través de un decreto, el gobernador Osvaldo Jaldo eliminó hace una semana la Subsecretaría de Regularización Dominial y de Hábitat. Habría tomado esa decisión cuando la fiscal de Estado Gilda Pedicone le informó que en esas oficinas podrían haberse iniciado todas las irregularidades detectadas en El Mollar y en El Cadillal.
Esa repartición fue creada por ley en 2008 y promulgada por el ex gobernador José Alperovich en 2009. Su principal misión era regularizar dominialmente las propiedades que pertenecían a la Provincia y que estaban siendo habitadas. Las personas que demostraban que ocupaban esos lotes de manera pública, pacífica y sostenida durante más de tres años iban a poder iniciar los trámites para concretar la escrituración a su nombre el inmueble. Ahora, con el caso del “Loteo Gaucho Castro”, Varela descubrió que empleados de Regularización Dominial podrían haber conseguido información clave para emprender proyectos inmobiliarios.
Un ejemplo
Juan Pablo Castro nació hace 85 años. Toda su vida trabajó en El Mollar. Desde niño prestó servicios en la Compañía Azucarera Justiniano Frías Silva. En 1985, según la documentación que tiene en su poder, recibió como indemnización una parte de tierras ubicada en las proximidades del lago La Angostura. Esas tierras, según los registros oficiales, ya habían sido otorgadas por la misma empresa a la Provincia en 1975 como forma de pago de una millonaria deuda impositiva. El Gobierno las utilizó para construir el espejo y al excedente, por un decreto del ex gobernador Juan Antonio Bussi, lo declaró reserva natural.
AVISO. El auxiliar fiscal Bernardo Sassi le notifica a Cruz sobre la investigación.
Sus defensores, Silvia Furque y Cergio Morfil, señalaron que desde que recibió las tierras se dedicó a cultivarlas. Lo habría hecho durante más de tres décadas, hasta que su cuerpo le dijo basta. Entre 2015 y 2020, empleados de Regularización Dominial se presentaron en El Mollar tratando de poner orden territorial. “Nos decían que ellos nos harían todos los papeles para que tuviéramos las escrituras de las tierras. Aquí nadie tiene ese papel, sí documentos amarillos que demuestran cómo lo recibimos. Si uno quería vender las tierras, ellos te solucionaban todo a cambio que les des una o dos parcelas”, dijo María Castro, que nada tiene que ver con el emprendedor del proyecto. Varios habitantes de El Mollar contaron que en los últimos 10 años, el Gobierno entregó miles de escrituras, pero la mayoría de ellas para los veraneantes.
El de Castro, según la investigación, es un caso testigo. El hombre decidió vender esas tierras. El empleado de Regularización Dominial Rafael Trujillo se ofreció a ser el desarrollador del proyecto. “Eso quedó demostrado en un acta notarial en el que mi asistido le cede el 20% de esas tierras para que se dedique a cumplir con esa tarea”, indicó Furque en una entrevista con LA GACETA. Ahí comenzó todo.
La maniobra
Según la investigación, el ingeniero Maximiliano Barreiro, también empleado de Regularización Dominial, presentó en 2020 un anteproyecto en la Dirección General de Catastro para que se aprobara el emprendimiento “Loteo Gaucho Castro”. Al parecer, no continuó el trámite, sí surgió que consiguieron un “aprobado” de la dirección de Comunas y Municipios. A partir de ese momento comenzaron con la comercialización de los terrenos. Después de que vendieran más de 20 lotes, comenzaron a buscar la documentación para cubrir con un manto de legalidad el proyecto. Todos estos trámites fueron irregulares. Aquí comienzan a surgir los nombres de dos funcionarios.
El primero de ellos es el de Fernando Rogel Chaler, ex titular de Regularización Dominial. Supuestamente, firmó una constancia en la que aseguraba que Castro estaba tramitando la escrituración de las tierras para presentar en EDET. El ex funcionario indicó que la firma que aparece en ese papel no era suya y que no podía determinar si los sellos que aparecen en el documento eran los oficiales. En un allanamiento que se realizó en su casa de un country de San Pablo, los investigadores encontraron varios sellos que serían de la repartición.
Pero el que más complicado aparece es el comisionado Jorge Cruz. El funcionario, por escrito, le dijo al fiscal Varela que en la comuna no existía ningún expediente a nombre del “Loteo Gaucho Castro”. Pero las pruebas que figuran en el expediente dicen todo lo contrario. Ahora se sumó una más: en enero de 2021 inició un trámite en el Ministerio del Interior para realizar mejoras en el alumbrado público de una zona cercana al Lago La Angostura, que sería la del loteo.
En esos meses, con personal y maquinaria de la comuna, habría realizado los caminos internos del loteo. Según testimonios, habría recibido a cambio dos lotes que luego podría haberlos vendido. En agosto de 2023 firmó una declaración jurada en el que garantizaba la factibilidad del uso del servicio de agua potable. En el interín, los empleados comunales avalaban el emprendimiento y cobraban los servicios correspondientes a los comprobantes.
La venta
Según la información a la que se tuvo acceso, en agosto de 2020, Castro entregó varios lotes a Trujillo por un convenio de prestación de servicios. La escribana Sara Delgado no sólo convalidó la operación, sino que además dejó asentada en el acta que el titular del proyecto ejercía la posesión desde el año 1960 interrumpida y pacíficamente, “habiendo efectuado ese plazo tareas de mantenimiento, cultivos, ganadería y demás mejoras”. La cesión que él recibió data de 1985.
En algún momento, Trujillo habría cedido la posesión de los terrenos a su nuera, Yanina Mamaní. Los damnificados no compraron los lotes, sino que accedían a ellos a través de una cesión de posesión que les otorgó. Algunos de estos trámites se realizaron en las oficinas de la escribanía de María Luisa Miguel, actual notaria del Gobierno. Los compradores explicaron que recibirían otros títulos cuando Castro terminara de realizar los trámites de escrituración.
