Fueron dos las sensaciones que generó el desalojo definitivo del llamado “Loteo Gaucho Castro”. Por un lado, en Casa de Gobierno se percibió cierto júbilo al analizar que más del 90% del territorio de la Reserva Natural La Angostura volvió a estar en manos de la Provincia y de particulares que lograron, después de varios años, la restitución de su titularidad. En El Mollar, los compradores de esas tierras insistían que estaban sufriendo un atropello por parte de las autoridades.
Más 100 efectivos, bajo las órdenes del jefe de la Unidad Regional Oeste, Marcos Goane, y dirigidos por el fiscal Miguel Varela, cumplieron con la orden judicial dictada el 31 de enero pasado, pero que quedó firme después de que se rechazaran todos los planteos impugnatorios presentados por varias de las más de 30 personas que pagaron entre U$S 15.000 y U$S 20.000 para adquirir los lotes.
Los uniformados se encargaron de custodiar que las máquinas de la Dirección Provincial de Vialidad quitaran los alambrados que marcaban los límites del emprendimiento inmobiliario y las parcelas que ya habían sido adquiridas. Por el momento no se tocaron las casas; las autoridades les dieron plazo otros cinco días para que retiraran todas sus pertenencias. Luego se definirá que sucederá con ellos.
Según la Justicia, un grupo de personas usurpó esas tierras que pertenecen al área protegida de La Angostura. A través de maniobras irregulares, pretendieron darle un manto de legalidad para engañar a las personas que adquirieron los terrenos y que insisten haber comprado en buena fe. Por este caso, el gobernador Osvaldo Jaldo eliminó la Subsecretaría de Dominio Territorial y Hábitat (cuatro de los siete sospechosos tenían vínculos con esa repartición) y creó una Unidad Ejecutora para que se encargara de recibir denuncias e investigar cada una de ellas.
Malestar
El operativo se desarrolló sin grandes incidentes. Sí hubo un momento de tensión cuando una de las compradoras ingresó a su casa con la intención de prenderse fuego para detener la medida. “Hubo una rápida reacción del personal que estaba preparado para actuar y logramos evitar que tomara esa drástica desición”, sostuvo Goane.
También hubo discusiones con dos compradores que, mal asesorados por su abogado, dijeron que la medida era ilegal porque no habían sido notificados de la orden de desalojo. Varela les explicó cómo era el procedimiento y terminaron calmándose.
EXPLICACIONES. Autoridades hablan con los compradores de las tierras.
“Lo único que tengo para decirle es que por culpa de LA GACETA sucedió esto. Nos arruinaron el sueño”, dijo una mujer que no quiso identificarse. “La gente está muy molesta porque sostiene que compraron tierras que pertenecen a un señor y no a la Provincia. Pero están enceguecidos porque fue el propio Estado el que permitió todo este engaño”, agregó Roxana Jiménez, hermana de uno de los damnificados.
Después de la medida llevada a cabo en el loteo, las autoridades se dirigieron a la confitería que está ubicada en la entrada del valle de Tafí. Allí confirmaron que los propietarios habían desalojado el local.
No intervinieron en el predio del club El Sauce, que fue restituido a la Asociación Obrera Textil de la República Argentina después de que fuera usurpado por la Comunidad Indígena Diaguita El Mollar. La cacique Margarita Mamani anunció que apelarán el fallo de primera instancia, pero hasta el momento no lo hicieron.
Reacción oficial
“Este es un caso emblemático. La Provincia descubrió que había construcciones y un gran proceso de edificación en zonas protegidas. Se logró primero detener ese avance en la reserva. Luego logramos que la Justicia ordenara la restitución de las tierras a la Provincia”, indicó la fiscal Gilda Pedicone en una entrevista con LG Play. “Hubo varios hechos concretos que prueban que hubo una decisión política gubernamental para empezar a poner fin a estas situaciones. Se desarticuló la oficina donde se cree que hubo irregularidades; se suspendió al comisionado rural por su posible participación en el caso y se hizo una denuncia penal”, destacó.
La fiscal indicó que es comprensible el malestar de los compradores. “Sin embargo, se debe entender que toda la documentación que presentaron es irregular y permitieron inferir que las adquisiciones eran ilegítimas”, explicó. “Pudieron hacer valer sus derechos, pero fueron rechazados por la Justicia”, añadió.
Pedicone aclaró que el caso de El Mollar es apenas el inicio de un plan de regularización dominial. “Continuaremos por todo el territorio provincial analizando cada una de las denuncias que se reciben. Lo más importante es que hay una decisión política de avanzar”, indicó.
Fuentes de la Casa de Gobierno explicaron que aún no está definido cuál será el futuro de las tierras recuperadas. En principio, lo primero es despejar la zona, por lo que no se descarta que en los próximos días se demuelan todas las construcciones y edificaciones, como ocurrió con el boliche Costa de Piedra.
“Por lo pronto, la custodia de esas tierras estará a cargo de la Dirección de Flora y Fauna. La Policía pondrá una custodia permenante”, explicó Pedicone. “Sin embargo, no se descarta que entre varias reparticiones y el Ente Tucumán Turismo se desarrollen políticas que combinen la preservación y la actividad turística para el beneficio de los habitantes y visitantes”, finalizó.
Podría haber más implicados en la venta
El fiscal Miguel Varela profundiza la investigación por la venta de los terrenos del “Loteo Gaucho Castro”. No sólo solicitará la opinión de expertos en diferentes áreas, sino que comenzará a indagar sobre si hay empleados o funcionarios de la Dirección General de Catastro involucrados en la maniobra.
El representante del Ministerio Público decidió postergar el pedido de la audiencia en contra de siete investigados ante la aparición de nuevos indicios que son mantenidos en reserva. Varela estuvo al frente del expediente durante la feria judicial y elaboró una teoría. A su entender, una organización había usurpado las tierras de la Reserva Natural La Angostura.
Luego, aprovechando que eran trabajadores del Estado, no sólo consiguieron información valiosa, sino que fraguaron documentos para tratar de darle una cobertura legal con el único propósito de venderlas.
Por esa razón, decidió investigar a Juan Pablo Castro (titular del emprendimiento), Fernando Rogel Chaler, Maximiliano Barreiro y Rafael Trujillo (ex titular y actuales empleados de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat), Jessica Mamaní (vinculada familiarmente al último agente estatal mencionado), Damián Romano (nieto político de Castro) y el comisionado rural Jorge Cruz, que fue suspendido en su cargo. En principio, Varela anunció que los investigaría por usurpación y estafas reiteradas.
En febrero la causa pasó a manos de la fiscala Mónica García. Pero ante la falta de avances y demoras que evitaron que se tomaran medidas claves, el ministro Fiscal dispuso que el expediente volviera a manos de Varela. En una audiencia reciente, el investigador adelantó que agravaría la acusación en contra de todos los señalados. Los imputaría además de haber integrado una asociación ilícita y de haber aprovechado su rol de funcionario público para concretar la maniobra.
El representante del Ministerio Público decidió tomarse más tiempo para solicitar la audiencia de formulación de cargos. Está esperando resultados de pericias, testimonios de personas que podrían involucrar a otros miembros del grupo, respuestas de informes y la opinión de expertos de distintas especialidades.
Las novedades de cinco meses
A mediados de octubre, quedó al descubierto que miembros de la Comunidad Indígena Diaguita El Mollar (Cidem) habían tomado tierras fiscales en Ojo de Agua para instalar una feria de artesanos. Fueron desalojados por la Policía al comprobar la usurpación.
Después de ese caso, empleados estatales descubrieron que la Reserva Natural La Angostura estaba siendo ocupada ilegalmente por varias personas. Se hizo un relevamiento para iniciar acciones contra los ocupantes del área protegida.
En los primeros días de noviembre, la Policía realizó operativos para destruir los alambrados colocados en los barrios Juana de Azurduy y El Lago. Según explicó la cacique Margarita Mamaní esos lotes estaban destinados a viviendas para los comuneros.
Las autoridades descubrieron que en una parte de la Reserva se construía un barrio privado conocido como “Loteo Gaucho Castro”. Después de haber sido notificados de la irregularidad, los compradores aclararon su situación en la comisaría de El Mollar.
La fiscal de Estado Gilda Pedicone, a mediados de noviembre, pidió en la Justicia que dicte una medida de no innovar para evitar las usurpaciones, venta y construcciones en la reserva. Una jueza aceptó el planteo de la funcionaria.
A fines de noviembre y durante gran parte de diciembre, al descubrir que no se cumplía con la medida, se volvió a notificar a los ocupantes de la resolución judicial. En esos días, una topadora destruyó los sanitarios del boliche conocido como Costa de Piedra.
En enero, al surgir nuevos y polémicos indicios, la Fiscal de Estado denunció penalmente a los responsables del “Loteo Gaucho Castro”. Un habitante de ese barrio terminó procesado al ser descubierto realizando tareas de construcción en el emprendimiento privado.
En una medida sin precedentes, la Justicia, por pedido de la querella y del fiscal Miguel Varela, restituyó las tierras del “Loteo Gaucho Castro” a la Provincia. El 31 de enero, fecha en la que se firmó la sentencia, una topadora destruyó el boliche Costa de Piedra.
Durante febrero, los planteos de los compradores de tierras fueron rechazados por la Justicia. Además, en diferentes fallos, se ordenó la restitución del emprendimiento “El Pelao” y el club el Sauce, tierras fiscales que habían sido usurpadas por la comunidad indígena.
Al tomar el dominio del bar y de un comercio en la entrada al valle de Tafí, a la Provincia sólo le queda esperar por los resultados de dos acciones: la recuperación del barrio Club Náutico y de las tierras que fueron devueltas por el Automóvil Club Argentino.
