Durante el 2023, Tucumán padeció una ola de amenazas de bomba contra diferentes instituciones educativas que por semanas causaron tensión, alboroto y suspensión de clases ante los reinterados mensajes amenazantes.
En las últimas horas, se conoció que la pena que una adolescente de 17 años, autora de una de estas decenas de amenazas, recibió suspensión de juicio a prueba a favor de la joven, luego de analizar un acuerdo de restauración presentado por la Defensoría de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida (DNAyCR).
L., fue imputada el 17 de abril de 2023 por la Fiscalía de Cibercriminalidad que conduce Carlos Saltor como autora del delito de intimidación pública. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, la adolescente amedrentó el 17 y 30 de agosto de 2023 al colegio Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús enviando correos electrónicos a la cuenta de e-mail del establecimiento educativo, advirtiendo que había elementos explosivos en las instalaciones. Al recibir cargos en su contra se convirtió en una de las pocas adolescentes que se responsabilizó y reparó los daños que causaron las reiteradas amenazas de bombas que amedrentaron a las instituciones educativas durante el segundo semestre del 2023.
En junio, la Defensoría de Niñez propuso un proyecto de acuerdo restaurativo y requirió el sobreseimiento de la joven. En la creación de dicho acuerdo participaron la joven, su familia, su representante legal, las autoridades del colegio, una psicóloga y un trabajador social del Ministerio Público de la Defensa. Consistía en realizar tareas solidarias en el Hogar San José hasta que finalizara el ciclo lectivo y ella egresara del colegio. Durante ese lapso, la joven iría un día a la semana durante dos horas al Hogar a preparar las donaciones de ropa que recibe la institución para que sean ofrecidas para su venta, señaló La Gaceta.
El juez Federico Moeykens resolvió no hacer lugar al sobreseimiento, suspendió los plazos procesales y exhortó a las partes, incluido el MPF, a robustecer el trabajo involucrando a los actores damnificados e incorporando a más actores de la sociedad y víctimas del delito, con el objetivo de que el acuerdo restaurativo realmente lograra pacificar el conflicto.
Fue así que la adolescente de 17 años realizó trabajo comunitario en el Hogar San José desde el 5 de junio hasta diciembre de 2024. Entre el listado de actividades L., se encargó de evaluar bolsas de ropa, separar lo útil de lo que no, catalogar por estación, señalizar la ropa y acomodar la ropa para su venta.
También participó de capacitaciones entre octubre y diciembre en la Dirección de Defensa Civil. “L., pudo conocer la función y misión de Defensa Civil en el cuidado y resguardo de la población, valorar el trabajo silencioso y esencial de los operadores del centro de atención telefónica 103 y comprender la importancia de actuar con responsabilidad al utilizar líneas de emergencia entendiendo que una llamada puede salvar vidas”, manifestó en su informe final el Director de Defensa Civil de la Provincia, Fernando Jorge Torres.
En paralelo, la joven visitó la Dirección General de Bomberos junto a su madre para informarse sobre su trabajo y los protocolos para casos de amenazas de bomba, y comenzó un tratamiento psicológico de la mano de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. “L., cumplió con responsabilidad los acuerdos que estableció, pudo integrarse satisfactoriamente a su grupo de pares tanto en la escuela como en el hogar donde realizó su voluntariado. La joven manifiesta proyectos realistas y concretos respecto de su futuro como estudiante universitaria y aumenta sus esfuerzos hasta el fin”, afirmó el licenciado Diego Abella.
En una audiencia realizada el pasado 11 de marzo, los auxiliares defensores Andrés Avellaneda y Bernardo Lemme expusieron ante el juez Moeykens los avances logrados y solicitaron una suspensión de juicio a prueba por un plazo de seis meses. La misma consiste en dar por suplidas la realización de las tareas comunitarias, que L., cumpla con una serie de reglas de conductas y que acredite la continuidad de su tratamiento psicológico y de sus estudios universitarios. Por último la joven ofreció una reparación económica de $150.000 que será destinada a la oficina de Políticas Reparatorias del MPF.
“Esta defensoría comprende que las salidas judicializadoras no necesariamente son las que mayor beneficio pueden traer a las personas. Entendemos que L., es el claro ejemplo de que una salida distinta y especializada puede ser la que mejor contribuya a su desarrollo como persona y que la transforme en una mujer con una posición constructiva en la sociedad”, dijo Avellaneda.
