Cristina Fernández de Kirchner movió una ficha en el Senado que, a simple vista, sería apenas un pedido de reaseguro institucional: solicitó a la Corte Suprema el aval para poder realizar sesiones virtuales en época de coronavirus. Pero en rigor, la jugada –que era esperada y fue concretada ayer– expuso mayor densidad política, con múltiples destinatarios. Apuntó en primer lugar a asegurar el camino para el proyecto de impuesto extraordinario a los grandes patrimonios, texto que busca cerrar en sus propias filas el oficialismo para avanzar en Diputados. El mensaje fue traducido sin demoras en Olivos, donde anoche Alberto Fernández recibió a Máximo Kirchner. Las reacciones opositoras ya expresaban malestar desde varias horas antes. CFK terminaba de colocar su sello a la iniciativa.
El texto de CFK al máximo tribunal, como presidenta del Senado, incluye una serie de explicaciones elementales sobre las normas en materia de impuestos: sólo pueden ser impuestas por ley, es decir, está invalidado el recurso de los Decretos de Necesidad y Urgencia en cuestiones tributarias. Agrega que, frente a las medidas de aislamiento social, es imposible convocar a sesiones habituales, presenciales. Y promueve entonces una acción declarativa de certeza para poner en claro la validez de sesiones virtuales, por videoconferencias con Zoom u otra aplicación.
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Hasta allí, un planteo lineal, aunque contradictorio, según advierten desde la oposición: no han sido atendidos sus reclamos para poner en funcionamiento el Congreso, también de manera virtual. El interés de CFK –lo expone el pedido a la Corte- está puesto en materia impositiva y –lo sugiere- en gravar a grandes patrimonios. Allí arrancan las señales que trascienden la formalidad, algunas incluso por escrito.
La presentación dedica varios párrafos y agrega reproducción de material periodístico, en este caso de Clarín, para sostener que es “impostergable” y “urgente” un pronunciamiento de la Corte. Traducido: en su visión, sería un reaseguro frente a posibles conspiraciones de medios y sectores empresariales ante medidas que “afecten intereses de grupos económicos”. El eco de sus mandatos es inconfundible. La presentación ante la Corte dice que tales jugadas podrían incluir “medidas cautelares” o planteos de “inconstitucionalidad”. En cuanto a esto último, es sabido que tales recursos judiciales son viables por razones de procedimiento o de fondo, es decir, el contenido de una ley.
La idea original del proyecto en cuestión fue atribuida a Máximo Kirchner y uno de sus ejes era un nuevo impuesto al blanqueo de hace casi tres años. Esa idea habría sido abandonada precisamente porque en el propio oficialismo hubo señalamientos sobre el posible camino de inconstitucionalidad. En paralelo, el Gobierno prefirió que el tema decantara primero en las filas del bloque oficialista. Esa propuesta se conocería antes del fin de semana, según dejaron trascender fuentes legislativas. Hay quienes tienen reparos prácticos: dudan de la efectividad en términos de recaudación real y advierten que podría tener un tono hasta de condena al sector empresarial, aunque esté limitada a una franja de “grandes fortunas”.
La letra de la presentación de CFK podría alimentar esas prevenciones. Sugiere otra vez conspiraciones, aunque las niegue formalmente, y vuelve a expresar la lógica de construcción del “enemigo”. Pero además, asoma como un mensaje directo para marcar agenda y colocar precisamente en los primeros renglones el proyecto referido.
En el anochecer de ayer, desde el Gobierno y el propio Presidente informaron sobre un encuentro en Olivos para analizar el tema. La cita habría sido acordada con cierto tiempo, aunque fue conocida en un día en que el tema había sido movido por el pedido de CFK a la Corte. Alberto Fernández recibió a Máximo Kirchner y al diputado Carlos Heller, y lo hizo junto al ministro Martín Guzmán. Hablaron sobre el proyecto reescrito.
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La oposición cuestionó todo el cuadro. Temprano, los legisladores del Interbloque federal que busca agrupar a expresiones provinciales y de origen PJ –hasta ahora, un cuarteto encabezado por Juan Carlos Romero- le reclamaron a CFK por el funcionamiento de la Cámara y sostuvieron que está promoviendo medidas que “acrecientan la grieta”.
Fue la expresión de una tensión más amplia, que ya anota reclamos de Juntos por el Cambio, que sectores del oficialismo minimizan porque consideran que eso está amortiguado por la relación práctica con los gobernadores de la oposición. Un molde repetido sobre los márgenes de los referentes legislativos y las necesidades de los jefes territoriales, con apuesta a fisuras.
Luis Naidenoff, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, cuestionó anoche la decisión de la ex presidente y reiteró el reclamo de funcionamiento del Congreso, relegado primero por la ley de múltiples emergencias, no sólo económica, y complicado por la cuarentena frente a la pandemia.
Una demanda que podría cerrar filas entre opositores más y menos duros apuntaría a reclamar que los jefes de bloque se reúnan en videoconferencia y dispongan la forma y aval reglamentario para funcionar. Sería una decisión de peso, una expresión de voluntad política. Desde ese lugar, podría discutirse el mejor foco jurídico.
